El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió este martes a los presuntos casos de mal uso del Acuerdo de Unión Civil, luego que un reportaje revelara supuestos "asesoramientos" que recibían extranjeros para firmar este documento con el fin de solicitar la residencia temporal en Chile.
En conversación con T13 Radio, Arrau sostuvo: "Lo conversamos con el ministro de Justicia y efectivamente parece que hay un mal uso de este acuerdo de unión civil que lo permiten".
"Esto no tiene mayores restricciones, las personas pueden casarse, separarse, divorciarse, no sé cuál será el término preciso,
pero precisamente el ministro de Justicia está con el encargo de ver cómo efectivamente evitar esta perforación aparente al sistema", ahondó.
En esa línea, sostuvo: "Se estaría utilizando, hoy día no hay un delito, pero claramente habría un mal uso y por eso requeriría alguna modificación legal para evitar esa perforación al sistema".
Fue una investigación de Teletrece que relevó estos supuestos asesoramientos a extranjeros. En un audio obtenido durante el reportaje, una asesora de una agencia para migrantes entrega instrucciones sobre los antecedentes que ambas personas debían memorizar para aparentar una relación sentimental ante las autoridades.
Entre esos temas está los nombres de la madre y padre de la pareja, dónde se conocieron, la comida favorita y la cantidad de tatuajes que tiene.
Los acuerdos de Unión Civil registraron un explosivo aumento en solicitudes por parte de extranjeros en situación irregular, las cuales pasaron de 1.946 en 2024 a más de 4.200 en 2025.
A la fecha, este 2026, ya van 2.268 peticiones.
Proyecto busca tipificar matrimonios y AUC falsos como delitos
A propósito de esta revelación, el diputado Tomás Kast (Evópoli) presentó un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para tipificar y sancionar penalmente la celebración de matrimonios o Acuerdos de Unión Civil (AUC) simulados con fines migratorios.
"No podemos permitir que nuestras leyes y la buena fe de las instituciones chilenas sean utilizadas como un atajo para burlar el control migratorio. Estamos frente a un negocio organizado por agencias inescrupulosas que se aprovechan de la necesidad y vulneran la soberanía de nuestro país. Este proyecto busca frenar en seco las mafias que facilitan la residencia a través de un vínculo afectivo falso", dijo el legislador.
Entre las sanciones que considera la iniciativa están los cinco años de cárcel y multas millonarias para quienes concreten este falso acuerdo. "Pero el golpe más duro va dirigido a las organizaciones intermediarias, cuyas penas llegarán a los 10 años de prisión, sumado al cierre definitivo de sus actividades. Además, cualquier beneficio migratorio obtenido mediante este engaño será revocado de manera automática", agregó Kast.
