El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó la confirmación del hallazgo de Bernarda Vera en Argentina, en circunstancias que figuraba como víctima de desaparición forzada en el Informe Rettig.
El caso llevó a la subsecretaría de Derechos Humanos instruir la realización de una investigación sumaria al interior de la partición y oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se adopten las acciones correspondientes.
En Radio Infinita, el secretario de Estado aseveró que "este caso demuestra que la Subsecretaría de Derechos Humanos está en lo correcto cuando ha instruido una revisión de las situaciones que se encuentran hoy día en esas nóminas, para evitar que existan otros casos en los cuales puedan existir errores".
"Esta es una situación que se conoció en la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Plan nacional de Búsqueda en marzo del año 2024 y recién en el mes de junio del año 2025 se pone en conocimiento el ministro en visita extraordinario, Álvaro Mesa", expuso.
Por tanto, apuntó que "hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente, y reaccionar prontamente en una materia tan delicada como esta, es ponerla en conocimiento de la autoridad, lo que no se hizo, y eso nos parece grave".
Rabat agregó que "otra medida que vamos a adoptar también, es fortalecer las personas que trabajan en el Plan Nacional de Búsqueda para poder revisar, precisamente, las situaciones de los procesos judiciales que actualmente se siguen, a objeto de no encontrarnos con otro caso como este".
Consultado sobre por qué no se informó el caso de Vera oportunamente, el ministro apuntó que "hay que preguntarle a quiénes tuvieron la información y no la entregaron, y eso me parece grave".
"Nosotros removimos a las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda cuando llegamos en marzo del año 2026, fundado en la causal de falta de confianza, y la nueva jefa, entre el primero de abril del año 2026 y fines de julio del año 2026, logra que, precisamente, se materialicen estos exámenes de ADN y pueden llegar a esta realidad. Es decir, en tres meses se hizo lo que no se obtuvo en casi dos años", arguyó.
De tal modo, indicó que "el ministerio, la conclusión que debe sacar, conforme a la normativa vigente, es iniciar un sumario administrativo para que ahí se establezcan las responsabilidades que correspondan".
En lo que compete a la restitución de recursos, Rabat apuntó al oficio del gobierno al CDE para que adopte las decisiones en orden de defender los intereses patrimoniales del fisco. "El Estado de Chile, el fisco de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado, está en la situación de requerir todo pago quien no tenga una causa que lo justifique. Con independencia, de si quién lo recibió está de buena o mala fe. Es una cuestión de orden objetivo", sostuvo.
Sobre si el caso de Vera abre dudas respecto a la confiabilidad del informe Rettig, Rabat comentó que "evidentemente, cualquier listado con muchas personas de cualquier naturaleza va a tener falencia. El problema es que no es uno. Al menos, hay nueve que se determinaron con anterioridad, y, si le agregamos casos de duplicidad, llevamos 12".
"Frente a una duda razonable, ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Investigar", señaló, argumentando que "por eso es que el Plan Nacional de Búsqueda va a fortalecerse en el sentido de que más personas estén analizando estos listados, objeto de que no existan dudas".
Estos asuntos, expuso el ministro, "para nosotros no son sesgos". No obstante, reparó que "el respeto a la memoria histórica también supone que el Plan de Búsqueda cumpla con la integridad de sus objetivos que están establecidos en este decreto supremo número 98, y determinar por qué no se le entregó al ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa, la información después de 15 meses desde que se tuvo".
