La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó esta jornada, en la audiencia de formalización del Caso Sartor, prisión preventiva para Michael Clark y otros cuatro excontroladores de la administradora general de fondos por una serie de delitos económicos.
"Se me informó que el Ministerio Público pediría prisión preventiva respecto de Pedro Pablo Larraín, Carlos Emilio Larraín Mery, Michael Clark Varela, Rodrigo Eduardo Bustamante y Sergio Manuel Yáñez", indicó la magistrada Paulina Moya.
Respecto al resto de los imputados, se pidieron cautelares de menor intensidad.:
Para Óscar Ebel Sepúlveda y Alfredo Harz Castro pidieron arresto total y arraigo nacional. En el caso del primero, el tribunal decretó su arresto, mientras que para el segundo la medida se discutirá el lunes, jornada que se debatirán las cautelares.
En el caso del imputado Mauro Valdés Racyznski el tribunal dictó arresto parcial, arraigo nacional y firma; para Miguel León Núñez arresto parcial, arraigo nacional y firma; y Hugo Baranda Peralta, arresto total y arraigo nacional.
Durante la jornada, el Ministerio Público terminó de exponer los hechos acusatorios contra los imputados. Cabe recordar que son formalizados por Administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
En términos generales, se les acusa de usar los dineros invertidos en Sartor para priorizar el beneficios de sus empresas o personas por sobre el deber fiduciario de proteger los dineros de sus aportantes. Se estima que el perjuicio generado asciende a más de 190 millones de dólares.
"El caso Sartor es un caso de defraudación financiera en el cual quienes estaban a cargo de la administración de patrimonios principalmente patrimonios de fondos públicos, no de dinero fiscal sino que fondos públicos porque se ofrece a aportantes públicos a través de una jefe utilizan esos fondos para realizar operaciones con relacionados, esto es operaciones que les permiten a ellos desarrollar ciertos negocios a través de triangulaciones con sus propias empresas y con fondos privados que ellos administran que no están regulados por la CMF, logran desviar estos recursos para hacer distintos negocios que van en beneficio de ellos y sus sociedades y no de los aportantes", explicó el fiscal Juan Pablo Araya.
Estos negocios produjeron grandes pérdidas que "finalmente las asumen no los socios ni los directores que se beneficiarios, sino los aportantes", subrayó el fiscal.
"Respecto de Michael Clark a él se le imputó dentro del esquema global Sartor, la administración desleal con la penalidad más alta por los montos defraudados, además de la negociación incompatible en la cual tiene algunas operaciones específicas bien descritas como fue el caso de la compra del bono Nexus, que fue a través de su sociedad y que es una operación que incluso de acuerdo a los antecedentes que tenemos al menos de varios directores ocultó los fines por los cuales pidió un financiamiento de la propia sociedad en la cual él era director", ahondó el fiscal.
