El nuevo examen presentado por el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, que arrojó un resultado negativo para consumo de drogas, generó inmediatas reacciones en el Congreso.
Mientras desde el oficialismo algunos parlamentarios llamaron a resguardar su honra y plantearon la necesidad de revisar los protocolos aplicados por los laboratorios, desde la oposición insistieron en que el procedimiento oficial aún no concluye y exigieron respetar la contramuestra establecida por la normativa.
La controversia surgió luego de que Rodríguez informara, a través de una entrevista en 24 Horas y de un video publicado en sus redes sociales, que un examen capilar realizado por el laboratorio del Hospital Clínico de la Universidad Católica descartó el consumo de sustancias ilícitas.
El resultado se conoce un día después de que el laboratorio Corthon Health informara que el análisis de la muestra original había arrojado un segundo resultado positivo, lo que abrió un nuevo flanco en torno al caso que terminó con la salida de la exautoridad del Gobierno.
Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado José Carlos Meza (Republicanos), quien manifestó su confianza en Rodríguez y dijo esperar que el caso permita limpiar su imagen.
"Conozco a Juan Pablo Rodríguez desde hace casi 20 años (...) jamás nunca podría decir yo que lo he visto en alguna actitud irresponsable o en algún tipo de actitud reprochable. Todo lo contrario, siempre he considerado que es un gran profesional", sostuvo.
El parlamentario agregó que "confío en que en los próximos días esta situación se irá aclarando" y expresó su deseo de que "prontamente pueda ver a Juan Pablo Rodríguez en respuesta a su honra, que lamentablemente se ha visto tan afectada en estos últimos días".
En la misma línea, la diputada Marcela Santelices (Republicanos) afirmó que "el caso de Juan Pablo Rodríguez evidencia la urgencia de establecer estándares técnicos y protocolos de calidad obligatorios para todos los laboratorios que realizan este tipo de análisis. Cuando un examen puede derivar en sanciones graves, el Estado debe asegurar procedimientos confiables y homogéneos".
Asimismo, advirtió que "los daños a la honra, la vida familiar y la reputación de una persona pueden ser irreparables. Esto no puede volver a ocurrir".
Desde la oposición, en tanto, la senadora Daniella Cicardini (PS), autora de la indicación que incorporó los test de drogas para autoridades, llamó a distinguir entre el nuevo examen presentado por Rodríguez y el procedimiento contemplado en la ley.
"Seamos rigurosos y no confundamos a la gente. Como autora de la indicación que estableció estos exámenes, quiero ser clara. La contramuestra debe provenir de la misma muestra tomada originalmente, mantenerse bajo cadena de custodia y analizarse conforme al procedimiento oficial", sostuvo.
En esa línea, enfatizó que "un examen nuevo, realizado semanas después, sobre una muestra distinta y en un laboratorio escogido por el propio examinado, no es una contramuestra y no invalida el resultado oficial, que dio positivo dos veces".
Por ello, la parlamentaria pidió que "se procese la muestra B conforme al protocolo, donde corresponde, y que se conozca su resultado. La ley no puede aplicarse a conveniencia".
Por su parte, el diputado Héctor Barria (DC) señaló que "nosotros, en esta oportunidad, y solo en esta oportunidad, actuamos en la misma línea del gobierno. Ante un test positivo, el gobierno pide la renuncia del ex subsecretario. ¿Qué nos queda a nosotros como oposición? Cuando se nos consulta, dar nuestro análisis respecto a las circunstancias y a la fotografía del momento".
"Un test positivo y un gobierno que lo destituye. Ahora es tema del gobierno qué hará con el ex subsecretario. Ellos tienen el timón de este asunto", zanjó.
