Referencial/Fernando Rabat, ministro de Justicia.
Aton
Un importante anuncio en materia de seguridad hizo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, al adelantar este domingo iniciativas que se vienen a partir de agosto desde su cartera.
Se trata de una agencia para liquidar los bienes incautados de los delincuentes, iniciativa que fue definida por el ministro como "darle un golpe al mentón" al crimen organizado. Dicha agencia tendrá por finalidad administrar y liquidar los bienes provenientes de no solo el crimen organizado, sino de la comisión de cualquier delito.
Rabat explicó que será un órgano independiente integrado por los ministerios de Justicia y Seguridad y con directores elegidos por Alta Dirección Pública, y que los fondos obtenidos por la enajenación de bienes no serán "para mejorar remuneraciones", sino que "lo que va a buscar es dotar a las policías, a Gendarmería, de tecnología y de nuevos elementos precisamente para combatir el crimen. Y además, con estos dineros se crea un fondo de reparación a las víctimas".
El anuncio, en general, tuvo una buena recepción parlamentaria en las comisiones relacionadas a seguridad, siendo catalogado como una "señal correcta". Aunque, el hecho de crear una nueva institucionalidad, su efectividad y qué alcances tendrá sí generó matices en la oposición.
El diputado republicano Cristián Araya, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, sostuvo que "es una buena y muy necesaria medida" y espera "que se organice a partir de reasignación de funcionarios para que esta importante función no implique agrandar el tamaño del Estado".
Desde la misma bancada, la diputada Chiara Barchiesi estimó que es "una señal correcta golpear a las organizaciones criminales donde más les duele, que es el patrimonio, y transformar esos bienes en más seguridad para los chilenos".
"Para los delincuentes, delinquir es un negocio rentable. Porque pierden la libertad, pero ¿qué pasa con esos bienes? Si se obtiene patrimonio a costa del narcotráfico, la violencia o la delincuencia debe saber que no solo arriesga perder su libertad, sino también cada uno de los bienes que consiguió de manera ilícita", sostuvo.
Desde la UDI, el diputado Jaime Coloma adelantó otro proyecto en la materia, el cual será presentado este lunes en la Cámara. Este "busca que especies incautadas, retenidas o decomisadas puedan tener una rápida venta o bien una rápida destrucción. Esto va en la misma línea que el anuncio del Gobierno con su Ministro de Justicia, Fernando Rabat, de poder darle un golpe al crimen organizado y a la venta de sus distintos activos", apuntó.
En ese sentido, añadió que "vamos por muy buen camino" y que "se podrán fusionar estos dos proyectos con el fin de tener el mejor proyecto de ley".
"No basta con crear una institución nueva"
Fuera del oficialismo, si bien el fondo de la medida es respaldado, la efectividad de la agencia abrió ciertas discrepancias para más de un parlamentario.
Uno de ellos es Juan Marcelo Valenzuela (PDG), a quien le parece "bien que el Estado le quite los bienes al crimen organizado y los transforme rápidamente a recursos para la víctima y para fortalecer la seguridad. El problema no es el objetivo, sino en cómo vamos a diseñar esa herramienta (...) no basta con crear una institución nueva, hay que asegurarse que funcione bien, con los plazos acotados y con una capacidad real para liquidar los bienes que vamos a incautar".
"Por eso, la clave es que exista una liquidación rápida, transparente y con reglas claras, para que esos recursos lleguen oportunamente a reparar a las víctimas, combatir el crimen organizado y dotar de mejor tecnología a nuestra policía", agregó.
Desde la Democracia Cristiana, el diputado Patricio Pinilla es un tanto más crítico: "Este anuncio nos parece que va en un sentido correcto, pero nos parece muy insuficiente. Hasta ahora, el Gobierno ha tenido cierto sesgo por evitar apuntar con fuerza a la persecución del dinero y saber dónde se encuentra, cómo se administra y liquidarlo, cuando esto está en manos de personeros que se esconden en oficinas o en directorios de empresa".
El parlamentario añadió que "está muy bien buscar una agencia que liquide y administre los bienes que son incautados del crimen organizado. Pero también sería importante ir derechamente por el levantamiento administrativo del secreto bancario, para que la unidad de análisis financiero y el Ministerio de Hacienda tenga esa herramienta cuando existan movimientos sospechosos".
"O darle urgencia al registro de vándalos de cuello y corbata, que es un registro de personas que han sido condenadas por delitos económicos, de tal manera que todos sepamos quiénes son estas personas, y además tengan penas adicionales, justamente referidas a la administración de su patrimonio", mantuvo.
Quien va en la misma línea es el senador socialista Juan Luis Castro, argumentando que "si se trata de llegar al patrimonio del crimen organizado hay que buscar todas las medidas que hagan eficaz el desbaratamiento completo del financiamiento que tienen, incluyendo el alzamiento del secreto bancario, donde justamente el Gobierno debe tener una postura clara, ya que se verá muy pronto en Comisión Mixta en el Senado".
Por el mismo partido, el diputado Raúl Leiva (PS) compartió "plenamente la necesidad de contar con una forma más ágil y eficiente de ejecutar los bienes incautados al crimen organizado y el narcotráfico (...) la creación de una agencia que tenga esas herramientas y permita con agilidad ejecutar y administrar debidamente los bienes incautados al crimen organizado es muy necesaria".
La diputada Tatiana Urrutia, del Frente Amplio, también comparte que "perseguir los bienes y las ganancias del crimen organizado significa atacar el corazón de los mercados criminales y cortar una de sus principales fuentes de poder".
Sin embargo, añade que "este avance también debe ir acompañado del cumplimiento de los compromisos ya adquiridos por el Estado. La implementación del Servicio de Reinserción Social para adultos está mandatada por ley y requiere los recursos necesarios para ponerlo en marcha. Que ambas cosas avancen en paralelo sería la señal correcta y eficaz para enfrentar la delincuencia".
Por último, el diputado Bernardo Salinas (IND-PC) también cuestionó que "antes de crear una nueva institucionalidad es importante conocer con precisión cuál será su alcance, qué bienes podrá administrar y qué herramientas nuevas incorpora respecto de las facultades que hoy ya existen. Se trata de una materia compleja, que requiere un diseño serio y procedimientos eficaces para que el Estado golpee con fuerza a las organizaciones criminales, pero evitando que, por una aplicación deficiente de la ley, se terminen generando situaciones que profundicen la marginalidad de familias o empujen a niños y adolescentes hacia entornos de delincuencia."
Más no, señaló que comparte "plenamente el objetivo de afectar el patrimonio de quienes se enriquecen cometiendo delitos, porque seguir la ruta del dinero es una de las formas más efectivas de combatir al crimen organizado".
