La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) aún no ingresa formalmente al Congreso, pero el Ejecutivo ya enfrenta uno de sus principales desafíos políticos: Reunir los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional que integra el paquete de seguridad anunciado por el Presidente José Antonio Kast.
A diferencia de la recientemente aprobada Ley de Reconstrucción, donde el Gobierno logró construir mayorías simples para sacar adelante los artículos más controvertidos, la modificación a la Carta Fundamental exigirá un quórum de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, por lo que el oficialismo necesitará necesariamente respaldos provenientes de otras bancadas.
Es decir, se necesitarán 89 votos a favor en la Cámara Baja y 29 en el Senado para poder aprobar la reforma. Actualmente el oficialismo tiene 67 votos en la Cámara sin contar al partido Nacional Libertario, quienes tienen 8 diputados y la diputada Joanna Pérez (Demócratas).
En el caso del Senado, el oficialismo cuenta con 23 votos. Si el Ejecutivo vuelve a contar con el respaldo de los senadores Matias Walker (Demócratas), Miguel Ángel Calisto (IND) y Vanessa Kaiser (PNL) como ocurrió en Reconstrucción, alcanzarían los 26 votos.
Las primeras señales, sin embargo, muestran que La Moneda podría encontrar esos apoyos principalmente en el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, sectores que durante los últimos meses ya han acompañado varias de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en materia de seguridad.
El precedente de Reconstrucción
Durante la tramitación de la Ley de Reconstrucción, el Gobierno desplegó intensas gestiones para asegurar los votos que le faltaban en ambas cámaras.
En la Cámara de Diputados, el Ejecutivo consiguió el respaldo de la bancada del Partido de la Gente (PDG), la cual actualmente cuenta con 13 diputados, para aprobar distintos aspectos de la denominada megarreforma.
Posteriormente, cuando el proyecto llegó al Senado, se valió del apoyo de Kaiser, Walker y Calisto, además de Pedro Araya (PPD) en el último artículo sobre la compensación de los municipios por la eliminación de las contribuciones a adultos mayores.
Sin embargo, la fórmula utilizada en esa oportunidad, por lo menos en el Senado, no sería suficiente para la ACOT.
El foco en el Socialismo Democrático
Las primeras reacciones al anuncio de la agenda de seguridad muestran que el Ejecutivo podría encontrar mayor receptividad en el PS, el PPD e incluso en sectores de la Democracia Cristiana.
Desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad, valoró que el Gobierno pusiera la seguridad como prioridad y manifestó disposición a tramitar los proyectos, aunque pidió conocer primero el detalle de las iniciativas y fortalecer las herramientas de persecución criminal.
En la misma línea, el presidente del PPD, Raúl Soto, afirmó que existe una "predisposición positiva" para revisar la agenda, aunque planteó que el gran ausente es el levantamiento del secreto bancario para perseguir la ruta del dinero del crimen organizado.
Se trata de una postura distinta a la expresada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, cuyos parlamentarios cuestionaron el contenido del paquete y acusaron la ausencia de una estrategia integral, diferencias que vuelven a reproducir la división que ya se observó durante la tramitación de proyectos como Escuelas Protegidas, la Ley Naín-Retamal 2.0 y la ampliación de facultades de las Fuerzas Armadas en estados de excepción.
¿Y el PDG?
Otro de los actores que el Gobierno podría intentar sumar es nuevamente al Partido de la Gente, aunque en el Senado no tienene presencia, mientras que las primeras señales muestran un escenario menos claro que durante la discusión de la Ley de Reconstrucción.
La bancada cuestionó el contenido de la ACOT y calificó como insuficientes las medidas anunciadas por el Presidente Kast.
El diputado Javier Olivares sostuvo que "es como si nos hubieran cambiado al candidato Kast y hoy tuviéramos de Presidente a otra persona", agregando que "lo anunciado anoche es tibio, temeroso y muy parecido a lo que hemos visto durante los últimos años".
En tanto, el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, criticó que la agenda no incorpore medidas más robustas para enfrentar el crimen organizado, como un mayor fortalecimiento de las fronteras, la persecución del dinero ilícito y el combate al terrorismo urbano.
No obstante, la bancada evitó cerrar la puerta a la discusión. La diputada Tamara Ramírez afirmó que el PDG respaldará "todas las iniciativas que realmente mejoren la vida de las personas", aunque advirtió que fiscalizarán el cumplimiento de cada uno de los anuncios realizados por el Ejecutivo.
Con ese escenario, en La Moneda saben que la tramitación de la ACOT dependerá menos de convencer al oficialismo y más de reeditar la política de acuerdos que permitió sacar adelante la Ley de Reconstrucción. La diferencia es que, esta vez, el Gobierno no solo necesitará destrabar un par de votos clave, sino construir una mayoría mucho más amplia para alcanzar el quórum constitucional que exige la reforma.
