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Mesa directiva del Senado expresa su desacuerdo con proyecto que busca suspender por cinco años Ley Karin

Es el "camino equivocado", remarcó.

07 de Agosto de 2026 | 20:38 | Por Javiera Riquelme, Emol.
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El Mercurio
La mesa directiva del Senado compuesta por la presidenta Paulina Núñez (RN) y el vicepresidente Iván Moreira (UDI), expresó su desacuerdo con el proyecto que busca suspender la Ley Karin por cinco años.

"Frente a la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputadas y Diputados que busca suspender por cinco años la Ley Karin, como mesa directiva del Senado manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta, por cuanto constituye un camino equivocado para abordar los desafíos de su implementación", dice la declaración.

Añade, que "la Ley Karin fue aprobada con un respaldo transversal y mayoritario en el Congreso Nacional, reflejando un consenso político e institucional sobre la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo".

Los senadores aseguraron que como toda legislación reciente, su implementación puede requerir ajustes y perfeccionamientos. Sin embargo, ello "no justifica suspender una norma que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas".

Ante eso, estimaron que el esfuerzo debe orientarse a modificar y perfeccionar el reglamento, robusteciendo los requisitos de admisibilidad de las denuncias y definiendo estándares más exigentes para su presentación, de manera que estas cuenten con antecedentes suficientes para dar inicio a una investigación formal.

Cabe mencionar que la iniciativa fue presentada por el diputado Erich Grohs junto a las firmas de Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré (Partido Nacional Libertario), Diego Vergara (Partido Republicano) y Daniel Valenzuela (independiente de la bancada de RN). Además, cuenta con el respaldo del diputado Patricio Briones (PDG), aunque su firma no pudo incorporarse por un problema digital.

En tanto, el argumento utilizado fue que su diseño ha provocado un colapso en el sistema de denuncias laborales y ha dificultado la protección efectiva de las víctimas.
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