Un debate que ha tomado fuerza en las últimas semanas es en torno a la gobernanza del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La discusión lo abrieron ex autoridades de organismo, junto a abogados y académicos, a lo que se han plegado voces oficialistas y del Ejecutivo.
A inicios de julio, Sebastián Donoso; Carlos Frontaura; Branislav Marelic; Sergio Micco; Manuel Núñez; y Eduardo Saffirio enviaron una carta a El Mercurio donde piden una reforma para fortalecer la autonomía, pluralismo, gobernabilidad y eficacia del INDH.
A ello se plegaron los diputados de la bancada UDI, Sergio Bobadilla, Hotuiti Teao y Eduardo Cretton, pidieron al Gobierno presentar "a la brevedad posible", una reforma destinada a modificar la actual gobernanza del INDH.
El fondo de la petición apuntaba a tener una "estructura técnica imparcial", recordando el proyecto de resolución aprobado en la Cámara que además apunta a que "la labor de sus consejeros se oriente al respeto y la protección universal de los DD.HH, sin sesgos en el ejercicio de sus funciones".
Gobierno entra al debate
Este fin de semana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, fue más explícito en torno a eventuales cambios al INDH, cuestionando "el tinte de izquierda" entre sus consejeros.
En conversación con Estado Nacional de TVN, Rabat sostuvo que la idea es modificar el INDH en su organización y eliminar determinadas facultades.
"Creemos que hoy la sociedad civil está mal representada en el INDH, tiene absolutamente un tinte de izquierda y eso hay que corregirlo; y queremos analizar las facultades que tiene hoy día el INDH, y eliminar ciertas facultades, como por ejemplo, deducir querellas criminales. El INDH debe volver al rol consultivo que debe tener", enfatizó.
Este lunes, el biministro de Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que "lo que ha dicho el ministro de Justicia es de que en esa institución se requieren algunas modificaciones de carácter legal para fortalecer su rol de carácter consultivo. A juicio del ministro de justicia, las facultades de querellarse están establecidas en órganos independientes, como es el Ministerio Público. Es un debate que se trasladará al Congreso, y ahí se definirá una norma que cuente con el consenso parlamentario".
Consultado si comparte los dichos de Rabat respecto a si tiene "tintes de izquierda", Alvarado sostuvo que "yo lo que comparto es que el INDH tiene que ser una institución que dé garantía a todos los sectores políticos".
Rabat hizo lo propio este lunes, al responder a los cuestionamientos de la oposición. "Si por sesgo ideológico entendemos que vamos a romper el clivaje que hoy día tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de entender los Derechos Humanos únicamente como los atentados graves de agentes de Estado contra la ciudadanía, sí hay sesgo ideológico", defendió.
Integrantes
El INDH está compuesto por 11 miembros nombrados por un periodo de 6 años. Los integrantes del Consejo eligen entre ellos y por mayoría absoluta a un director, quien tiene dedicación exclusiva y se encarga de la dirección ejecutiva, gestión, administración y representación legal de la institución.
En cuanto a las designaciones de sus integrantes, se eligen de la siguiente forma: dos consejeros son designados por el Presidente de la República, quienes deben ser de distintas regiones del país; dos consejeros son designados por el Senado; y dos consejeros son designados por la Cámara de Diputados.
Además, un consejero es designado por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades integrantes del Consejo de Rectores y de universidades autónomas.
Y cuatro consejeros son designados en la forma que establezcan los estatutos, por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que gocen de personalidad jurídica vigente, inscritas en el registro respectivo que llevará el instituto.
Instituto de derechos humanos en otros países
La forma en que se eligen a los miembros del INDH en Chile resulta tener ciertas particularidades al contratarla con otros organismos similares en otros países. Esto, porque en la mayoría, no hay una gran participación desde la sociedad civil bajo un modelo pluralista.
El caso que más se acerca a Chile es el de Alemania. El Instituto Alemán de Derechos Humanos sigue un modelo pluralista establecido por ley, aunque también hay diferencias. Este cuenta con un consejo de 27 miembros, de los cuales 18 tienen derecho a voto: tres representantes del foro de derechos humanos; dos miembros del Comité de Drechos Humanos y Ayuda Humanitaria del Parlamento Federal Alemán; tres miembros de instituciones académicas en materia de derechos humanos, así como tres miembros de la sociedad civil; un representante delegado por el Consejo Alemán de Discapacidad; y seis representantes de la Asamblea General.
También hay un escenario parecido en Dinamarca, donde opera el Instituto Danés de Derechos Humanos, creado por ley en 1987. Su junta está compuesta por 14 miembros, uno de los cuales es elegido por empleados del instituto.
De los otros 13, seis son nombrados por universidades danesas, seis se proponen tras una consulta pública asegurando minorías étnicas, derechos de la mujer, de la infancia y discapacidad, y un miembro es representante directo del territorio autónomo de Groenlandia.
En otros países de Europa, como España, Portugal, Polonia, Croacia o Eslovenia, la elección es determinada por el Presidente de la República, el Congreso o las Cortes Generales, es decir los órganos de elección democrática.
En Latinoamérica, destaca el caso de México, que cuenta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que cuenta con un consejo consultivo integrado por 10 consejeros. El proceso de elección de los miembros está regulado en la Constitución, y todos son designados por el Senado.
En tanto, países como Perú, Colombia y Argentina, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua no cuentan con un consejo plural, pero el defensor o consejero a cargo del área es elegido por el Congreso o el Presidente de la República.
