Esta semana, en cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete con más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional en materia de Seguridad Pública, uno de los temas pilares de la campaña que lo llevó a La Moneda.
Solo 24 horas después de que el Congreso Nacional otorgara un triunfo al Ejecutivo con la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional, también conocido como Megarreforma, La Moneda empezó una segunda fase enfocada en la seguridad, donde las principales medidas se encuentran englobadas en ACOT.
El Presidente Kast fijó una fecha límite para la aprobación de esta agenda, antes del 25 de diciembre. "Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos cuatro meses, espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitan recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes", dijo el Mandatario, quien envió un mensaje a los legisladores.
"Los invito a pensar, en estas semanas, en los niños que hoy juegan en nuestras plazas, y que en 20 años más van a tener que decidir si se quedan en su Patria o si se van a otro país a buscar lo que aquí no encontraron. Queremos un Chile donde caminar de noche no sea un acto de valentía, y donde el esfuerzo, otra vez, tenga su recompensa", dijo.
Con esta meta, el Ejecutivo corre a contrarreloj: Solo restan 80 sesiones en ambas salas del poder legislativo desde este fin de semana hasta Navidad. Son poco menos de 140 días para aprobar 18 proyectos que han sido catalogados como prioritarios por el Gobierno de Kast.
Según consigna El Mercurio este sábado, de las 80 sesiones de sala, 32 tendrán lugar en el Senado y 48 en la Cámara Baja, añadiendo a eso el trabajo en comisiones, donde la realización de varias sesiones podría dilatar el debate legislativo.
El ingreso de ACOT se enmarca en una cargada agenda parlamentaria con temas relevantes como la reforma laboral, cuya iniciativa fue ingresada en junio pasado por el Ejecutivo con el fin de modificar el cálculo de la jornada laboral de las 40 horas; o la dilatada discusión del proyecto que contempla sala cuna universal.
A lo anterior se agrega las discusiones de la Ley de Presupuesto 2026 y el reajuste al sector público, debates que se toman gran parte de la actividad parlamentaria en los últimos meses del año.
Ante esta situación, los presidente de ambas corporación, la senadora Paulina Núñez (RN) y el diputado Jorge Alessandri (UDI) afirman que realizarán las sesiones "que sean necesarias" para agilizar el trámite de la agenda de seguridad. Esto contempla más sesiones en horarios distintos y la suspensión de las semanas distritales que se requieran.
Como líderes del Poder Legislativo, ambos pueden proponer a los comités parlamentarios posponer las semanas regionales y, en caso de unanimidad, transformarlas en jornadas de labor legislativa.
"Hay que sesionar extra", subrayó Jorge Alessandri. "Hay que tener más sesiones hasta más tarde, suspender la semana distrital o regional, lo vamos a hacer y se lo hemos propuesta a la presidenta del Senado; esto es una prioridad nacional", sostuvo.
Lo anterior fue respaldado paralelamente por la senadora Núñez: "Con la convicción también de que en estos temas tenemos que actuar con unidad es importante que esta agenda se tramite con celeridad, como ha sido mi compromiso como presidente del Senado".
"Si hay que legislar más días, que así sea", sentenció.
Proyectos incluidos en ACOT
Entre las iniciativas se incorpora la modificación de la Ley Antibarricadas mediante la eliminación del requisito de violencia, la reforma de Zona Primaria de Seguridad Fronteriza para las operaciones de Carabineros y PDI sin requerir autorización de Aduanas, la destrucción de todo bien irregular ingresado por paso no habilitado, y el cierre y destrucción de máquinas de destreza y azar ilegales.
También se incluye la habilitación a las policías para la toma de muestras biológicas (ADN) y de huella, sin acreditación separada ante el Servicio Médico Legal (SML); la destrucción de drogas en colaboración policial con entidades de salud; una Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería para incorporarla a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; la creación de una Agencia de Decomiso, Enajenación y Destrucción de Bienes Ilícitos; y la modernización de la PDI mediante mejoras salariales.
También contempla incorporar una nómina de organizaciones involucradas en el crimen organizado y el terrorismo; regímenes penitenciarios diferenciados respecto de delitos vinculados al crimen organizado y terrorismo; facilitar la incautación y liquidación de bienes derivados del crimen organizado, narcotráfico y organizaciones terroristas, y un Estado de Excepción Constitucional por grave alteración de la seguridad pública.
