Con un acto en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast, encabezó la firma del proyecto de reforma constitucional, que es parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Con él, el gobierno busca consagrar en la Carta Magna la seguridad pública como un deber del Estado, así como la creación de un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y más facilidad para incautar bienes de estas organizaciones.
En su alocución, el Mandatario encomendó que el trámite de la reforma "sea rápido, porque tenemos que avanzar en esta agenda".
Aseveró que "cuando asumimos el gobierno, quien habla junto a este gran equipo de ministros, lo hicimos enfrentando una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile. Una crisis que excede, por largo, un solo gobierno".
"Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Este fenómeno del crimen organizado transnacional, el tema del terrorismo, viene de larga data. Esto no es atribuible a la gestión o no gestión de un solo gobierno", reparó.
Y afirmó que "nosotros decimos, 'cambió la mano', y eso se ve reflejado en baja en temas de homicidio, en baja en temas de secuestro, en aumento del decomiso de drogas, en el control fronterizo (...) pero nosotros tenemos que seguir avanzando, siempre en un mismo norte, recuperar la seguridad para nuestros compatriotas".
En el detalle sobre la reforma, explicó que "en el artículo 1º, está consagrada la seguridad nacional, y la seguridad pública está consagrada en otros artículos, pero para que esté en las bases de la institucionalidad, es fundamental que esté en el artículo 1º".
Continuó apuntando que la creación de este registro nacional de organizaciones criminales y terroristas, es "fundamental para que aquellos que ingresen a la organización criminal tengan claro que cambió la mano y que las sanciones serán distintas". Mientras que por los regímenes carcelarios diferenciados, aclaró que "no es solamente la telecomunicación, es mucho más que eso. Y que tenga claro que el que sea sancionado por esto tiene un antes y un después".
Continuó exponiendo que "creamos un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública para actuar con toda la fuerza del Estado de forma focalizada, allí donde el crimen organizado desafía abiertamente el control del territorio con las policías al mando y la colaboración, como lo hemos visto en algunas ocasiones, eventual de las Fuerzas Armadas".
Del mismo modo, por la incautación de los bienes del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, advirtió que "no existe combate al crimen organizado que funcione si al criminal se le quita la libertad, pero se le deja intacto el dinero".
Con todo, el Mandatario invitó al Congreso a "discutir con altura de miras y poner a los chilenos por delante, poner la seguridad por delante, porque es una urgencia total de nuestra nación".
"Invitar a todas las corrientes políticas a pensar en Chile, a pensar en la familia chilena, a pensar en las personas que hoy día se ven afectadas por el crimen organizado y por el terrorismo", cerró.
