Este miércoles, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionó para escuchar a los interesados en los requerimientos contra la Ley de Reconstrucción Nacional.
Se trata de un total de 56 representantes de organizaciones de la sociedad civil. En la audiencia, cada representante tiene un máximo de 5 minutos para exponer, donde el tribunal no formula preguntas y no se permiten réplicas entre expositores.
Entre las organizaciones expositoras están presente ONG FIMA, AIDA, Terram y Greenpeace, quienes advirtieron que las modificaciones podrían debilitar la prevención del daño ambiental, restringir el acceso a la justicia y significar un retroceso en los estándares de protección ambiental vigentes.
Gran parte de las exposiciones han estado centradas tanto en impugnaciones como en algunas defensas a la invariabilidad tributaria, además de artículos de la megarreforma relativas a la agilización de permisos y modificaciones normativas en el ámbito administrativo y ambiental.
Esta audiencia pública no corresponde a los alegatos de las partes ni implica un pronunciamiento anticipado del tribunal. Este jueves 13 de agosto, el TC escuchará a quienes presentaron los requerimientos y a los demás intervinientes del proceso, antes de iniciar el análisis de fondo de las disposiciones impugnadas.
Argumentos de los expositores
Por la Fundación Libertad y Desarrollo, expuso Carlos Oyarzún, quien cuestionó las críticas al régimen de invariabilidad tributaria y el presunto "atado de manos que el legislador tendría según los requirientes. Hay una confusión de instrumentos; está la ley y el contrato. Y se concreta a través de un contrato porque precisamente la ley puede cambiar".
"Nos parece que existe una confusión de instrumentos que nos lleva a este equívoco de sostener inconstitucionalidad, pero además, existen antecedentes legales suficientes para sostener que la invariabilidad tributaria ha sido una herramienta válida, dispuesta y ejercida plenamente en democracia", sostuvo.
Por la ONG Fima, expuso Ezio Simone Costa, quien abordó los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Reconstrucción, que modifican la Ley 19.300 en dos aspectos: "crean un seguro público para las resoluciones de calificación ambiental (RCA) y establece una condición para la reclamación de tercero independientes en procedimientos ambientales, y es que aspectos que se están reclamandos no hayan sido evaluados en el procedimiento ambiental".
El abogado sostuvo que ambos aspectos "atentan contra la esencia del derecho a vivir un ambiente libre de contaminación", pero que la normativa también atenta contra "el derecho de acceso a la justicia en materia medioambiental", por ser contraria "a lo que el Acuerdo de Escazú considera como esencial a vivir en un ambiente sano".
Por Greenpeace Pacífico Sur expuso Roxana Núñez, quien se centró en el artículo 5 de la ley de Reconstrucción, relativas a la creación de las denominadas "micro-relocalizaciones y su exclusión del sistema de impacto ambiental". En el caso de la ley en cuestión, "se permite excluir de manera arbitraria la evaluación ambiental en desplazamientos (de concesiones) de hasta 350 metros. Este umbral careció de una fundamentación técnico-ambiental suficientes".
"Se busca acceder a sectopres prístinos de la Patagonia, pero al mismo tiempo, tener menos control del Estado", cuestionó. Asimismo, sostuvo que el 50% de las relocalizaciones en trámite podrían ser consideradas como micro-relocalización, "y de ellas, el 66%, es decir, 2 de cada 3, tendría como destino un área protegida", planteó.
Por el Museo Botánico Quinta Rosa de Chiguayante expuso el ingeniero forestal Roberto Francesconi, quien cuestionó el apartado medioambiental de la megarreforma. "Esta dice que el crecimiento y empleo se ve afectado por la falta de permisos ambientales, resumido en 7 hojas, sin base", esgrimió. "Gracias a Dios existe un cuerpo (de magistrados) como ustedes que entiende que no se pueden hacer modificaciones ambientales con 6 hojas", sostuvo.
La abogada Manuela Royo expuso por la ONG Ecofeminista Sur Territoria, quien subrayó "la insconstitucionalidad de este proyecto de ley, en particular del inciso 1° del artículo 12 y del inciso 8° del artículo 13, toda vez que señalan que la anulación de una RCA constituirá un error por parte del Estado, y además en aquella parte del artículo 13 que establece un procedimiento especial para el proponente cuya resolución fue anulada, estableciendo que no será necesario acreditar una falta de servicio en la Administración del Estado".
"Consideramos que ambas normas son inconstitucionales por vulnerar los artículos 19 n° 2 y 19 n°3 de la Constitución, y asimimismo el artículo 8° del Acuerdo de Escazú", subrayó.
Desde el sector de la Salud expuso José Rocha, por la Confederación de Profesionales del Servicio de Salud. En su intervención, Rocha sostuvo que "estamos acá para solicitar que se declare inconstitucional las disposiciones sobre regulación ambiental e invariabilidad tributaria. Nos motiva una certeza institucional que durante 30 años hemos defendido con fuerza: el medio ambiente no es un adorno de la economía, es el determinante de la salud más crítica del siglo XXI".
Cordero en defensa de salmonera
Por la Asociación de la industria del Salmón de Chile A.G. expuso el exministro y abogado Luis Cordero, quien abordó los artículos 5 y 6 del proyecto, centrándose en un informe de Patricio Zapata, abogado con trayectoria en derecho constitucional y público, y quien asumió la defensa del exministro Nicolás Grau en la reciente acusación constitucional.
"Imaginemos por un momento una jaula de cultivo de salmones en un fiordo del sur, instalada hace treinta años aproximadamente, con la tecnología de entonces. Hoy sabemos que moverla a 300 metros sin producir un kilo más, que es la discusión de la regla que está establecida en este proyecto, mejoraría las corrientes, oxigenaría el fondo marino y reduciría el impacto, eso es una microlocalización. Y de eso trata este requerimiento en esta parte, sus señorías, si mover la jaula es para proteger el mal y en consecuencia si esa medida sería inconstitucional", dijo Cordero al incio de su exposición.
Agregó que el asunto que se busca impugnar no corresponde que sea revisado por el TC. "Lo que se presenta en rigor no es un problema de constitucionalidad, lo que en rigor existe es un desacuerdo de mérito, que es legítimo, por cierto, pero los desacuerdos de mérito en la legislación se resuelven en el sistema democrático y no ante vuestras señorías", acotó.
"La congruencia en la discusión constitucional no es una simple formalidad como su señoría conoce, es lo que permite que la política se corrija a sí misma antes de llegar a vuestras señorías a resolver", planteó.
