Por más de cinco horas se extendió la jornada de audiencias en el Tribunal Constitucional (TC), en el marco del análisis de los
tres requerimientos de la oposición por la Ley de Reconstrucción nacional o "megarreforma" del Gobierno, que fueron admitidos a trámite y declarados admisibles por dicho tribunal.
Las impugnaciones apuntan principalmente a normas relacionadas con la invariabilidad tributaria y modificaciones en materia ambiental, incluyendo la compensación económica que realizaría el Estado frente a una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) anulada.
La instancia se inició a las 09.00 horas y terminó cerca de las 14.30 horas, donde terceros interesados en el debate pudieron exponer sus diversas posturas.
En total, participaron 56 entidades, entre ellas, agrupaciones ambientalistas, organizaciones sindicales, grupos de defensa del medio ambiente, y centros de pensamiento.
Debido a la gran cantidad de participantes -quienes tuvieron cinco minutos para exponer-, el tribunal dividió las exposiciones en tres grupos con receso de 10 minutos cada uno.
Mañana jueves, en tanto, el Tribunal resolverá sobre el fondo de los requerimientos, escuchando los alegatos de ambas partes en la audiencia fijada para esa jornada. Según ha trascendido, la defensa del Gobierno estaría integrada por los abogados constitucionalistas Arturo Fermandois y José Manuel Díaz de Valdés.
Argumentos de los expositores
En la audiencia se escucharon argumentos a favor de la invariabilidad tributaria, que estuvo en voz de Carlos Oyarzún, por la Fundación Libertad y Desarrollo.
Por su parte, el exministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó los artículos 5 y 6 del proyecto, en su rol como representante de la Asociación de la industria del Salmón de Chile A.G.
Cordero planteó que el asunto que se busca impugnar no corresponde que sea revisado por el TC. "Lo que se presenta en rigor no es un problema de constitucionalidad, lo que en rigor existe es un desacuerdo de mérito, que es legítimo, por cierto, pero los desacuerdos de mérito en la legislación se resuelven en el sistema democrático y no ante vuestras señorías", acotó.
"La congruencia en la discusión constitucional no es una simple formalidad como su señoría conoce, es lo que permite que la política se corrija a sí misma antes de llegar a vuestras señorías a resolver", subrayó el abogado.
Por Greenpeace Pacífico Sur expuso Roxana Núñez, quien se centró en el artículo 5 de la ley de Reconstrucción, relativas a la creación de las denominadas "micro-relocalizaciones y su exclusión del sistema de impacto ambiental". En el caso de la ley en cuestión, "se permite excluir de manera arbitraria la evaluación ambiental en desplazamientos (de concesiones) de hasta 350 metros. Este umbral careció de una fundamentación técnico-ambiental suficientes", expresó.
"Se busca acceder a sectopres prístinos de la Patagonia, pero al mismo tiempo, tener menos control del Estado", cuestionó. Asimismo, sostuvo que el 50% de las relocalizaciones en trámite podrían ser consideradas como micro-relocalización, "y de ellas, el 66%, es decir, 2 de cada 3, tendría como destino un área protegida", planteó.
Por la Condeferación de Trabajadores del Cobre expuso Ana Lamas, quien enfatizó que "en las faenas mineras trabajamos codo a codo con el peligro, el polvo, el ruido, y las alturas. Cada día que salimos de la casa sabemos que a lo mejor no podemos volver, pero lo hacemos porque necesitamos llevar el pan a la mesa y darle un futuro a nuestros hijos. Y ahora nos dicen que van congelar los impuestos de las grandes empresas mineras por 20 años (...) eso no es democracia, eso es un secuestro del futuro".
Expositores
La nómina de expositores de este miércoles incluyó organizaciones como ONG FIMA, Fundación Terram, Fundación Greenpeace Pacífico Sur, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y agrupaciones ambientales territoriales de comunas como Chonchi, Casablanca y San Gregorio.
También participaron actores directamente vinculados a actividades productivas. La Asociación de la Industria del Salmón de Chile, el Consejo del Salmón, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación Chilena de Hidrógeno y la Asociación Chilena de Desalación y Reúso forman parte del listado oficial.
Entre las organizaciones laborales estuvo presente la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Autónoma de Trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación de Trabajadores del Cobre y distintas federaciones de trabajadores de la minería, salud y otros sectores también fueron admitidas para exponer.
Entre los centros de estudio y organizaciones vinculadas al debate público figuran Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos (CEP), la Universidad del Desarrollo, Fundación Nodo XXI, Fundación Constituyente XXI, el Programa de Reformas a la Justicia UC e Instituto Igualdad.
El listado también incorporó organizaciones vinculadas a pueblos originarios y comunidades territoriales, como la Asociación Indígena Consejo de Pueblo Atacameños, el Foro Indígena sobre Cambio Climático y la Coordinadora de Comunidades Mapuche Huilliche Huilli Lafken Hueichan. Asimismo, estuvieron presentes el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile y el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile.
