Las candidatas a la presidencia del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez y Gael Yeomans, arremetieron esta tarde contra el exministro Luis Cordero tras asumir la representación de SalmonChile para defender la megarreforma en una audiencia ante el Tribunal Constitucional (TC), acusando una "puerta giratoria" entre cargos públicos y la defensa de los grupos económicos.
La audiencia pública se llevó a cabo hoy, donde 56 organizaciones y personas jurídicas expusieron sus argumentos sobre las materias de constitucionalidad que están siendo analizadas por el organismo.
Desde SalmonChile informaron que contrataron a Patricio Zapata junto a Luis Cordero, exministro de Justicia y Seguridad de la administración de Gabriel Boric, para defender la normativa ante el organismo, lo que no cayó bien en su sector.
En concreto, los abogados representaron al gremio respecto de los artículos N°5 y N°6 de la Ley de Reconstrucción Nacional impulsada por la administración de Kast. El primero aborda las denominadas microrrelocalizaciones de centros de cultivo, mientras que el segundo establece que privados puedan asumir el costo de las inspecciones de bancos naturales, las cuales a juicio de la organización se ajustarían a la Constitución.
A través de su cuenta de X, Martínez cuestionó el rol del exministro y señaló que "siempre hemos criticado la puerta giratoria entre los cargos públicos y la defensa de los grupos económicos, por eso no podemos hacer una excepción cuando se trata de alguien de nuestro sector. Luis Cordero no debería representar a la industria salmonera ante un requerimiento contra un proyecto que le hace daño a Chile".
"Haber sido ministro de Justicia y Seguridad implica una responsabilidad más grande que un mandato, sobre todo cuando hay un gobierno de ultraderecha al frente que nos hace retroceder al experimento económico de la dictadura y su fanatismo", afirmó la actual timonel del partido opositor.
En tanto, la diputada Yeomans escribió en la misma red social que "la puerta giratoria en Chile está regulada a medias. La inhabilidad vigente dura apenas seis meses, alcanza solo a organismos fiscalizadores y solo opera cuando hay contrato laboral de por medio".
Bajo ese contexto, mencionó que "por eso presenté un proyecto que extiende la inhabilidad a dos años, la aplica a ministros, subsecretarios y jefes de servicio, cubre las asesorías además del lobby, y sanciona también a las empresas que contratan. Mientras la ley siga siendo tan débil, estos casos van a seguir repitiéndose. Es necesario cerrar esta puerta de una vez por todas".
