"Hoy es el día del legislador democrático". Con esa frase inició sus alegatos ante el Tribunal Constitucional el
abogado Arturo Fermandois, quien representa al Presidente José Antonio Kast en la trama por los requerimientos de la oposición que impugnan diversas normas de la megarreforma.
Se trata de dos requeremientos de los senadores de oposición y uno de diputados, los que solicitan que se declaren inconstitucionales materias como la invariabilidad tributaria y se busca la impugnación a artículos que instauran un régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), por "contravenir a la Carta Fundamental".
Durante la primera parte de la audencia ante los magistrados del TC, expusieron los abogados Jorge Correa Sutil y Melissa Mallega por los senadores de oposición y el abogado Diego Pardo por los diputados.
Fermandois enfatizó que: "un legislador democrático que viene revestido hoy con tres características: la primera, deliberación parlamentaria. Este fue un proyecto que fue sometido a una intensa deliberación parlamentaria, negociación, acuerdos, votaciones".
"En segundo lugar, este primer proyecto importante del Presidente Kast fue elegido por la mayoría ciudadana. Prometió en su programa reactivar la economía, este es el proyecto que intenta cumplir con esa promesa que hizo el Jefe de Estado", agregó.
En tercer lugar, apuntó a "un legislador democrático que viene revestido con un concepto muy sabio desarrollado por esta magistratura, que no siempre nos agradó cuando salimos cabizbajos tanta veces de esta sala, pero que debe reconocerse que es un concepto sabio, es sano, que es el concepto de la deferencia razonada; y no solo eso, sino que la presunción de constitucionalidad de la ley. Si la ley no tuviera presunción de constiticionalidad, entonces ¿en qué sistema de derecho estamos?".
Para profundizar en el punto, el abogado citó a la ex Presidenta Michelle Bachelet: "haciendo sus observaciones, dijo 'esta magistratura no debería considerar apreciaciones y alegación de hecho sobre todo cuando recae en eventos futuros e inciertos'... que es lo que hemos escuchando toda esta mañana".
"Toda esta mañana hemos escuchado amenzas, hipótesis, vaticinios y conjeturas futuras que ocurrirían con esta ley (...) está plagado de vaticinios terribles que ocurrirían en el futuro en materia económica, en materia impositiva, y se pretende pasar por sobre la constitucionalidad de la ley como presunción a través de esto", criticó.
Invariabilidad tributaria
Al entrar las impugnaciones en específico, el abogado dijo en torno a la invariabilidad tributaria que "la finalidad del legislador es legítima. Se podrá estar de acuerdo o desacuerdo con esta finalidad, pero el Presidente la sostuvo en su programa, tuvo las mayorías en las cámaras, y ese objetivo que persigue es reactivar la economía".
"El Presidente y el ministro de Hacienda hacen un diagnóstico de esto, que es legítimo, que necesitamos incentivar que estos capitales vuelvan, y tenemos un instrumento que se viene usando hace casi 100 años. Hace casi 100 años que se usa el contrato de inversión extranjera con invariabilidad", subrayó.
Asimismo, dijo que desde el año 2000 a la fecha "hay 20 proyectos de reforma tributaria, cada gobierno que llega trae un proyecto... entonces el inversionista extranjero quiere tener más certeza. Por algo cayeron en esta situación, esto no es un ejercicio hipotético".
"Entonces, ¿cuál es el grave vicio de inconstitucionalidad que tendría este sistema que haría destruir la presunción de constitucionalidad? ¿el principio de alternancia democrática? ¿Cuál es el vicio? No lo vemos, porque el planteamiento que subyace del Senado y de la Cámara especialmente en materia de invariabilidad es uno muy curioso: que una democracia para ser tal, en virtud del principio de alternancia, una democracia no podría nunca adquirir obligaciones a largo plazo a través de leyes", enfatizó.
"Es una teoría muy curiosa y bastante traumatizante de lo que es una democracia; una democracia consiste muchas veces en adquirir obligaciones de largo plazo", complementó Fermandois.
Con todo, el abogado sostuvo que "todos los tribunales van a decir, ¿sabe qué más? si el legislador quiere modificar esos contratos lo puede hacer. Esta ley lo que hace hoy día es decir 'necesitamos recursos hoy día, voy a dar una seguridad especial'. Si el legislador futuro contradice esto, puede modificar esta ley".
Respecto a los artículos indemnizatorios, el abogado hizo hincapié en que los requerimientos apuntan a deterinadas frases del articulado 12 y 13, pero enfatizó que "el tribunal (TC) no está para declarar inconstitucionalidades al voleo, a la bandada. Va a los preceptos precisos que causan el agravio, de lo contrario, sería, en realidad, un verdadero colegislador".
Evaluación ambiental
Fermandois defendió que el régimen indemizatorio busca que "como no se quiere dañar por ningún motivo, reducir la protección ambiental ni el sistema de evaluación ambiental, pero tenemos que una declaración de impacto ambiental dura en promedio 399 días, y un estudio de impacto ambiental 1.124 días según documentos oficiales del Ministerio del Medio Ambiente; las impugnaciones judiciales están durando 220 días promedio. Suma todo esto en torno a los 5 o 6 años".
A la luz de lo anterior, el abogado subrayó que "las autoridades y el legislador se han propuesto crear un incentivo para que un acto administrativo emanado de este procedimiento intenso, controlado por el Estado, que es el Servicio de Evalución Ambiental, ese acto administrativo tenga un poco más de credibilidad".
"¿Qué puede hacer el legislador aquí?", cuestionó el abogado. "Arriésguese, porque el Estado le va a devolver al menos un mínimo. No es un negocio para el privado, esto de asegurador del éxito para privados es para una caricatura. El titular de la RCA quiere ejecutar su proyecto, no va a hacer una inversión esta indemnización", subrayó.
