Desde "puede ser un poco incompatible" hasta "ha estado opinando de una cosa que quizás no estaba tan al tanto", son algunas de las frases que han marcado la diferencia que tienen por estos días los ministros de Salud y Seguridad Pública, May Chomali y Martín Arrau.
La polémica radica en que el borrador de la reforma constitucional de seguridad del gobierno de José Antonio Kast incluye una serie de inhabilidades para que condenados por crimen organizado y terrorismo accedan a prestaciones financiadas por el Estado, en el marco de la agenda ACOT.
En concreto, el borrador incluye que los responsables de estos delitos graves durante el cumplimiento de su condena y por el plazo de 15 años luego de su cumplimiento, quedarán inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos del Estado respecto de los derechos establecidos en los números 9°, 10°, 16° y 18° del artículo 19 de la Constitución, según dio a conocer La Tercera.
Lo anterior, se traduce que los condenados pierdan acceso a prestaciones estatales de seguridad social, educación y salud.
En conversación con CNN Chile, la ministra Chomali fue consultada sobre el tema y señaló que "para mí es difícil hacerme cargo un borrador (...) pero si efectivamente eso es lo que dice, eso puede ser un poco incompatible".
En ese sentido, explicó que "podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos, por ejemplo, la Ley de Urgencia, que nos obliga y nos mandata a nosotros atender a todas las personas, independiente de su condición, etcétera, frente a situaciones que son de riesgo vital".
"Vuelvo a insistir, es un borrador, pero se podría ahí interponer con el tema de algunos mandatos que nosotros tenemos", mencionó la titular de Salud.
Consultado sobre el tema, el ministro Arrau mencionó esta mañana en Radio Infinita que "la ministra Chomali desconoce el proyecto constitucional, es un proyecto que todavía no ha sido público. Yo creo que ha estado opinando de una cosa que quizás no estaba tan al tanto".
"Pero lo que sí puedo adelantar es que la propuesta constitucional lo que trae es que hay limitaciones a los beneficios sociales pagados por todos los chilenos que nos están escuchando. Cada vez que compran un kilo de pan, pagan un 19% de IVA, y ese IVA va a financiar beneficios sociales", profundizó.
En esa línea, Arrau afirmó que "nosotros, la limitación que queremos establecer, es que las personas condenadas por crimen organizado y terrorismo, estamos hablando de no delincuentes, de crimen organizado y terrorismo, tal como hoy día existe en la Constitución una inhabilidad para los condenados por terrorismo para ejercer cargos públicos, ser director de escuela y muchas otras cosas, agregar en ese mismo período de inhabilidad que no puedan recibir una serie de beneficios sociales".
Esto, porque "creemos que no podemos quitarle a todos los chilenos sus impuestos y que lo dediquemos a financiarle beneficios sociales a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo. Estamos hablando de ese tipo de condenado", sostuvo el secretario de Estado.
