El masivo operativo encabezado por la Fiscalía y Carabineros en distintas regiones del país para desarticular una presunta red de tráfico de cannabis que operaba bajo la fachada de dispensarios medicinales abrió un nuevo debate en el Congreso respecto de la regulación del uso terapéutico de la marihuana y los mecanismos de fiscalización existentes.
La investigación, que culminó con 72 detenidos, apunta a organizaciones que habrían utilizado dispensarios de cannabis para aparentar legalidad, pese a que, según la tesis del Ministerio Público, estarían operando con fines comerciales y obteniendo ganancias que superarían los $8 mil millones.
En ese contexto, parlamentarios oficialistas plantearon propuestas para endurecer los controles sobre este tipo de organizaciones.
Desde el Partido Republicano, la diputada Catalina del Real sostuvo que el caso demuestra cómo "el narcotráfico y el crimen organizado están usando cualquier resquicio legal, incluso la fachada de la salud y el uso medicinal, para montar un millonario negocio criminal de venta de drogas".
A juicio de la parlamentaria, cualquier discusión sobre cannabis medicinal debe mantenerse bajo un esquema estrictamente clínico. "Si se discute el consumo medicinal, el enfoque debe ser exclusivamente clínico y cerrado, mediante farmacias establecidas y con recetas retenidas. Cualquier apertura a dispensarios o clubes comunitarios es abrirle la puerta de par en par a las mafias", afirmó. Asimismo, llamó a endurecer las penas y fortalecer las herramientas de investigación de las policías.
En la misma línea, el diputado Roberto Arroyo (IND) anunció la presentación de una iniciativa legal destinada a regular la proporcionalidad entre los cultivos y las recetas médicas que los justifican. "Voy a presentar un proyecto que apunta directo al corazón de este problema: el volumen de cultivo tendrá que guardar estricta relación con la prescripción médica. Sin coherencia, no hay excusa legal que valga", señaló.
También desde Republicanos, la diputada Macarena Santelices sostuvo que los antecedentes conocidos refuerzan la necesidad de endurecer la legislación vigente.
"Es inaceptable que bandas criminales ganen miles de millones aprovechándose de la figura del consumo medicinal para lavar activos. Legislar para flexibilizar el consumo en plena crisis de seguridad sería una tremenda irresponsabilidad", afirmó, agregando que se requiere aplicar la Ley 20.000 "con el máximo rigor", fortalecer las sanciones por asociación ilícita y perseguir el patrimonio de las organizaciones criminales.
Llamado a no estigmatizar
Una visión distinta planteó desde la oposición la diputada Ana María Gazmuri (AH), quien llamó a no confundir eventuales irregularidades con el funcionamiento de los cultivos colectivos autorizados para fines terapéuticos.
La parlamentaria sostuvo en conversación con The Clinic que es necesario que la investigación determine si efectivamente existió una sobreproducción respecto del número de socios inscritos, pero advirtió que ello no debe derivar en cuestionamientos generales al modelo.
"Lo que defendemos es el modelo utilizado correctamente. Y esta investigación tendrá que demostrar si este era el caso o no", indicó. Además, subrayó que los cultivos colectivos cuentan con reglamentos internos y estándares de funcionamiento, por lo que, si alguna organización incurrió en prácticas ilícitas, "está fuera de los lineamientos que se han dado las propias organizaciones".
En esa línea, expresó su preocupación por que el caso pueda transformarse en "un retroceso para los pacientes" que utilizan cannabis con fines medicinales.
Por su parte, el diputado Matías Fernández (FA) indicó que "Chile debe avanzar en la regularización de la cannabis medicinal, además de su trazabilidad y fiscalización, sobre todo para usuarios que necesitan de terapias alternativas para enfermedades complejas".
"Lo que no puede suceder es que haya una criminalización de quienes necesitan precisamente este tipo de terapias o quienes legítimamente están ilegalmente produciendo precisamente la ayuda para estas personas. El combate al narcotráfico se juega primero en la apertura del secreto bancario, en seguir la ruta del dinero y en el combate al narcotráfico en las poblaciones y no criminalizando el uso de la cannabis medicinal", zanjó.
