El borrador de la reforma constitucional en seguridad que prepara el Ejecutivo aún no ingresa formalmente al Congreso, pero ya abrió un intenso debate en el espectro político.
La propuesta, -que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)-, se trata de un documento que fue dado a conocer en los últimos días por La Tercera, el cual plantea una serie de modificaciones que van más allá de los ajustes al régimen penitenciario, facultando al legislador para establecer penas y medidas especiales mediante leyes orgánicas constitucionales a condenados por narcotráfico o terrorismo.
Un punto del texto que ha generado controversia es el que establece que quienes sean condenados por estos delitos quedarán inhabilitados, durante el cumplimiento de su pena y por los 15 años posteriores, para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales vinculadas a derechos clave de la Carta Magna, como la salud, la educación, la libertad de trabajo y la seguridad social.
Un ejemplo es el escenario dentro de la UDI, partido que desde marzo se ha cuadrado en votar favorablemente al Gobierno en sus iniciativas presentadas en el Congreso. Sin embargo, este domingo fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien condicionó el respaldo de la tienda a la iniciativa, en el caso de que se mantenga el borrador se mantenga como fue conocido.
En diálogo con el mismo medio, el líder de la UDI sostuvo que, si bien "no conocemos el texto", "lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar. La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución (...) En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad".
"El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional", enfatizó Ramírez, ejemplificando que "en el nuevo artículo 9 bis que se propone, o en el inciso adicional en el 19 número 2, se establece que no se entenderá como arbitrario los distintos regímenes carcelarios que puedan decretarse para los miembros del crimen organizado. Si tú pones eso en la constitución, lo que estás haciendo es establecer un criterio que es legal en la Constitución y que transforma a la Constitución en un elemento extremadamente vulnerable".
"La UDI apoyará la agenda de seguridad, eso no está en discusión"
Las declaraciones del presidente del partido generaron que distintos parlamentarios de la UDI salieran a matizar las palabras de su timonel, aclarando que al tratarse solo de un borrador en revisión, la disposición de la colectividad a colaborar en materia de seguridad sigue en pie, manifestando también la expectativa de que el Ejecutivo acoja las respectivas sugerencias para reorientar la iniciativa antes de su ingreso formal al Parlamento.
Uno de ellos fue el senador Iván Moreira, quien mantuvo que "un borrador es solo un borrador", por lo que "no generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma y de las leyes que se implementarán en Chile con respecto a la seguridad".
"Pero un Gobierno que recibe un país en donde el crimen organizado y la delincuencia sobrepasan al estado, algo hay que hacer. Conozcamos este famoso borrador cuando se envíe exactamente el proyecto definitivo. Con diálogo, con conversaciones, con acuerdos, las cosas se pueden revisar, mejorar, implementar, modificar", agregó.
Por su parte, el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, enfatizó en que su partido es el "que más ha colaborado con sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno".
"Lo que ha planteado el presidente del partido es que hay legítimas dudas respecto del borrador de reforma constitucional que se ha conocido, sobre todo en temas de discriminación arbitraria. Esas dudas no surgen de un capricho surgen del compromiso que ha tenido la UDI con la constitución vigente y con la institucionalidad. A mí no cabe ninguna duda que el ministro Arrau va recoger esas inquietudes y vamos construir una buena reforma", afirmó.
En la misma línea, la diputada Constanza Hube reafirmó que "la UDI apoya y apoyará con fuerza la Agenda de Seguridad del Gobierno. Eso no está en discusión, y ya lo hemos demostrado votando y empujando los proyectos de ley que están avanzando en el Congreso".
"Entiendo que (el borrador) genera ruido y especulación sobre un proyecto que probablemente termine diciendo algo distinto al borrador inicial, pero prefiero no detenerme en ese punto. Lo importante es la reforma constitucional en sí. No se trata de estar en contra per se", detalló.
Desde RN, en tanto, tomaron distancia. Así, el diputado Mauro González (RN), señaló que las observaciones a la agenda de seguridad del Gobierno "se hacen de manera interna".
"Por ningún motivo abrir un flanco que dañe una agenda que es tan importante para el país. Estamos en un diálogo prelegislativo permanente que permita mejorar las iniciativas, y que estas ingresen al Congreso Nacional y tengan un buen trámite", criticó.
Críticas de oposición
El borrador de la reforma constitucional en seguridad dio paso a múltiples cuestionamientos desde la oposición y sectores independientes, donde diversos parlamentarios y figuras políticas reprocharon el fondo de la propuesta.
El senador Juan Luis Castro (PS) cuestionó que la agenda de seguridad "partió con tropiezos" y afirmó que "abrir la Constitución solo para esto es una mala idea. Claramente, el Gobierno tiene que corregir y rectificar el rumbo". Desde la DC, otro senador que fue crítico es Iván Flores, quien planteó que "si el Gobierno es prudente, con todas las voces en contra, debe desistir de este tercer proceso constitucional", agregando que las medidas anunciadas son "completamente pasadas de la raya".
Flore enfatizó en "las señales de alerta y alarma que dimos desde la oposición desde que se conoció el borrador de las reformas constitucionales" y que "hoy día sigue perdiendo adhesión, se le ha sumado a ese rechazo el propio oficialismo, como el presidente de la UDI".
A las críticas se sumó el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien cuestionó el carácter "efectista" de la modificación constitucional y criticó la ausencia del alzado del secreto bancario, señalando en diálogo con Estado Nacional que "por un lado, se establece un estado de excepción que pudiera eventualmente interceptar las comunicaciones en un barrio (...) sin embargo, no se puede alzar el secreto bancario y creo que ahí hay un sesgo clasista".
El secretario general del Partido de la Gente, Franco Parisi, sumó a los cuestionamientos la viabilidad del proyecto afirmando que "no se necesita" y acusó que el Presidente Kast está "abriendo una puerta que no se va a poder cerrar" en materia constitucional, lo que a su juicio genera mayor incertidumbre para los inversionistas.
Desde el PPD, la diputada Andrea Parra se refirió a los criterios éticos detrás de la iniciativa en salud y sostuvo que "decir que le preguntemos a la gente si prefiere operar a una persona de bien o a alguien del crimen organizado es tener bien trastocado los valores humanos. Si el ministro Arrau quiere avanzar en seguridad, ahí estaremos, pero lo que no vamos a hacer es retroceder a la Inquisición".
Por su parte, el médico y miembro de la Comisión de Salud, Fernando Zamorano, afirmó que "esta propuesta es francamente preocupante. Además de afectar los derechos humanos, e ir en contra de garantías básicas obligatorias como la Ley de Urgencia, una medida de este tipo podría tener efectos sanitarios graves. Lo que está en juego es la salud pública, al impedir tratamientos de enfermedades transmisibles como tuberculosis o VIH. Hago un llamado al Gobierno a evitar la pirotecnia y legislar con responsabilidad y humanismo".
En tanto, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, manifestó que "el exministro Mañalich se suma en contra de esta pésima idea del gobierno de castigar con la pérdida del acceso a la salud pública a aquellas personas que hayan cometido delitos. Llamaría al gobierno a no legislar contra la evidencia, de manera cegada o sobre ideologizada. Espero que se escuchen las distintas voces que, de manera prudente, sensata, con respaldo científico, y además con estudios internacionales, dan cuenta que esta es una muy mala propuesta".
Finalmente, el diputado PPD y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Carlos Cuadrado, manifestó que "la ministra Chomali está confrontando su formación ética con la degradación moral del Ministro Arrau. El contraste es brutal. Una ministra defendiendo la dignidad humana y un ministro dispuesto a convertir el acceso a la salud en un castigo. La ministra de Salud defiende un principio ético mientras que el Ministro de Seguridad avasalla un límite moral que ninguna sociedad ha osado transgredir".
