Ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Aton
Luego de días de controversia a raíz del borrador por la reforma constitucional en seguridad que impulsa el Gobierno, y que ingersará mañana al Senado, el
ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió a desglosar los tres ejes que se presentarán para su tramitación.
Al término del comité político, donde los presidentes de partido pudieron conocer aspectos relevantes del proyecto de reforma y que hizo que el
timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, diera un giro y anunciara ahora su respaldo, el ministro Arrau intentó despejar las dudas sobre los rumores del contenido de la reforma.
Arrau recordó que la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo incluye, entre otras acciones, "una serie de proyectos de ley, incluso de reformas constitucionales, como la de los 180 días de retención migratoria que va avanzando, y una segunda que va a ingresar en estos días".
En ese sentido, especificó que la reforma que ingresará al Congreso busca tres elementos clave: "primero, incorporar la seguridad pública como un mandato constitucional, un deber del Estado", partió diciendo.
"Lo segundo, crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo, con un régimen penitenciario especial, evitando tener que demostrar la existencia del mismo cada vez, y ahí es donde queremos que en una ley especial se discuta la posibilidad de restringir el acceso a algunos beneficios sociales en una ley especial, y para eso se requiere algún grado de habilitación (constitucional). Y en último término, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública", agregó.
"Eso es lo que hemos discutido, y agradezco este diálogo prelegislativo que hemos tenido intensamente en estos días, donde el proyecto, por supuesto, que se ha ido puliendo, mejorando, y va a ser ingresado en los términos que se ha ido señalando y que serán públicos el día de mañana", enfatizó.
Consultado si en definitiva la pérdida de derechos de salud va a estar en una ley especial y no en la reforma, el ministro Arrau dijo que "lo que establecemos es que, tal como existe hoy día en la Constitución para inhabilidades para personas condenadas por terrorismo, nuestro texto actual incorpora una restricción de 15 años para ocupar cargos públicos, para ser director de escuela, va a incorporar la posibilidad que, a través de una ley especial, las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, tengan algunas inhabilidades particulares, no generales (...) de algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos, que creemos que no tienen asidero y, por tanto, van a quedar entregadas a una discusión de una ley particular con la necesaria habilitación constitucional que es necesaria para hacerlo".
