Con ocho votos a favor y cuatro en contra, la comisión especial investigadora encargada de revisar las medidas adoptadas por el Estado frente a los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2026 aprobó este martes su informe final, elaborado por el presidente de la instancia, el diputado Hans Marowski (PNL).
El documento fue respaldado por los diputados Enrique Bassaletti (Republicanos), Hans Marowski (PNL), Javier Olivares (PDG), Javiera Rodríguez (Republicanos), Sergio Bobadilla (UDI), Cristóbal Martínez (UDI), Francisco Orrego (RN) y Alejandro Riquelme (Republicanos). En contra votaron Jorge Díaz (DC), Lorena Pizarro (PC), Daniel Manouchehri (PS) y Consuelo Veloso (FA).
Durante la presentación del informe, Marowski sostuvo que la comisión tuvo como objetivo recopilar antecedentes sobre la actuación de organismos como los ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, además de evaluar la capacidad del Estado para prevenir, contener y controlar los hechos de violencia registrados desde el estallido social.
Asimismo, recalcó que las manifestaciones y demandas ciudadanas son legítimas, pero afirmó que "las situaciones de violencia vividas en nuestro país se alejan profundamente de situaciones legítimas y aceptadas socialmente".
Entre las principales conclusiones, el informe sostiene que existió una "falta de capacidad preventiva y de un sistema de inteligencia robusto y coordinado", lo que habría impedido al Estado anticiparse a los hechos de violencia y responder de manera eficaz frente a ataques simultáneos contra infraestructura estratégica y servicios esenciales.
La comisión también cuestionó el nivel de colaboración recibido durante la investigación. Según expuso Marowski, de las 32 personas invitadas a declarar solo asistieron 17, mientras que de los 65 oficios enviados apenas 10 obtuvieron respuesta. Entre las inasistencias mencionó a exautoridades que ejercían funciones durante 2019 y al actual ministro de Seguridad Pública, quien habría sido citado en dos oportunidades.
Entre los antecedentes recopilados figura información de Metro de Santiago, que da cuenta de daños en 77 de las 136 estaciones de la red durante 2019, incluyendo 20 estaciones incendiadas. Asimismo, se incorporaron antecedentes sobre ataques a infraestructura eléctrica ocurridos entre 2019 y 2023, algunos de ellos mediante explosivos y con impacto en el suministro eléctrico de miles de clientes.
El informe también aborda el fenómeno de la violencia estudiantil, recordando las evasiones masivas previas al 18 de octubre de 2019 y diversos episodios posteriores ocurridos en establecimientos emblemáticos, como el Instituto Nacional y el Internado Nacional Barros Arana (INBA), incluyendo ataques con artefactos incendiarios y agresiones a docentes y funcionarios.
Otro de los puntos desarrollados es el incremento de acciones calificadas como terroristas o anarquistas, citando atentados explosivos registrados en los últimos años y señalando que este tipo de hechos evidenciarían la existencia de amenazas persistentes contra la seguridad pública.
A partir de los antecedentes recabados, la comisión concluye que la respuesta estatal fue insuficiente para enfrentar la magnitud de los hechos ocurridos durante el período investigado y apunta a deficiencias en materias de inteligencia, coordinación institucional, protección de infraestructura crítica y reglas de uso de la fuerza.
Junto con ello, el informe formula una serie de recomendaciones, entre ellas fortalecer la implementación de la nueva Ley de Inteligencia, evaluar una reforma al rol del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), crear protocolos especiales para hechos de violencia grave en establecimientos educacionales, reforzar la coordinación entre organismos de inteligencia y el Ministerio Público, continuar fortaleciendo el respaldo jurídico a las policías y revisar facultades actualmente otorgadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
