La diputada Marisela Santibáñez (IND-PC), salió este martes a descartar cualquier relación con los imputados del denominado caso "Imperio Ámsterdam", luego de que su nombre apareciera mencionado en conversaciones interceptadas por la Fiscalía en el marco de la investigación por una presunta red de tráfico de drogas vinculada a la franquicia Dispensario Nacional.
La causa, que indaga ganancias ilícitas cercanas a los $8 mil millones mediante el supuesto tráfico de cannabis bajo la fachada de fines medicinales, reveló una conversación entre Andrés Astorga, dueño de Dispensario Nacional, y Rodrigo Buzeta, cofundador de MA Botanics, en la que ambos evaluaban posibles gestiones para revertir una resolución del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que ordenaba destruir cultivos de cannabis.
En uno de los intercambios, Astorga señaló que habían logrado llegar a Santibáñez "por Camilo Huerta", mientras que Buzeta cuestionó la influencia que podría tener la parlamentaria. Sin embargo, la diputada aseguró que nunca existió ningún contacto con los involucrados.
"Yo no conozco a las personas involucradas. Sí conozco al señor Huerta de muchos años, no soy amiga de él, no tengo contacto en los últimos por lo menos cinco años, no he sabido nada de él", afirmó.
Asimismo, sostuvo que la propia información difundida sobre la investigación demuestra que nunca fue contactada por los imputados. "En la noticia queda muy claro que no se comunicaron conmigo. La noticia lo dice. Es gente que no me conoce. Si se dan cuenta es gente que no tiene contacto conmigo", señaló.
En esa línea, agregó que "no conozco al señor Astorga ni al señor Buzeta. Para nada. No se han comunicado conmigo, no tengo ninguna relación con ellos ni tampoco con el Dispensario Nacional". Además, recalcó que "yo no tengo conversaciones con Camilo Huerta de ese tipo, ni en mi teléfono ni en la vida".
Santibáñez también sostuvo que "lo que sí lamento, y lo voy a decir categóricamente, es que el Dispensario Nacional esté en esta situación, porque era un avance en políticas de drogas. Entonces, que se hagan mal las cosas daña todo un trabajo que se ha hecho respecto de los dispensarios o el avance en temas de políticas de drogas a nivel nacional".
"Yo, por mi parte, estoy muy tranquila, tengo un test de droga negativo, y lo digo con todas sus luces", concluyó.
Proyecto para cerrar resquicios legales
En paralelo, las diputadas de la Comisión de Salud, Catalina del Real (Republicanos) y Macarena Santelices (Republicanos) anunciaron la presentación de un proyecto de ley destinado a impedir que organizaciones criminales utilicen autorizaciones de cultivo y recetas médicas como mecanismo para encubrir actividades de narcotráfico.
Entre otras medidas, el proyecto busca prohibir los dispensarios comunitarios y establecer que el volumen de cannabis cultivado mantenga una relación estricta con las dosis prescritas por un médico, de manera que cualquier exceso pueda ser perseguido penalmente como tráfico de drogas.
Según las legisladoras, el objetivo es eliminar los vacíos legales que habrían permitido utilizar cultivos supuestamente medicinales para abastecer el mercado ilegal, reforzando los mecanismos de control sobre la producción y distribución de cannabis con fines terapéuticos.
