Un grupo transversal de diputados ingresó este lunes un proyecto de ley denominado "No más ruidos", iniciativa que busca entregar nuevas facultades a los municipios para solicitar la clausura temporal de inmuebles que sean foco de incivilidades, ruidos molestos, comercio ilegal o hechos que afecten gravemente la convivencia vecinal.
La propuesta es encabezada por el diputado César Valenzuela (PS) y cuenta con el patrocinio de Álvaro Ortiz (DC), Andrea Parra (PPD), Mario Olavarría (UDI) y Carolina Tello (FA).
Según explicó Valenzuela, la iniciativa surge a partir de casos como el ocurrido en la comuna de Independencia, donde un inmueble que concentraba reiteradas denuncias por problemas de convivencia fue clausurado por el municipio en 2024, medida que posteriormente fue revertida por la Corte de Apelaciones de Santiago al considerar que el recinto contaba con patente municipal vigente.
"Este es justamente el problema del que nos queremos hacer cargo con este proyecto de ley", sostuvo el parlamentario, agregando que existen inmuebles que "sirven de base para situaciones que afectan gravemente la convivencia vecinal".
El diputado apuntó especialmente a departamentos utilizados como fiestas clandestinas o verdaderas discotecas. "Quizás el caso más emblemático son estos departamentos donde se instalan verdaderas discotecas que no permiten a los vecinos y vecinas descansar en los horarios que corresponde", señaló.
Asimismo, afirmó que actualmente las municipalidades cuentan con herramientas insuficientes para enfrentar este tipo de situaciones. "La única alternativa que tienen los municipios es la fiscalización que se traduce en partes, que en la mayoría de las oportunidades no son pagados, no se logran notificar a las personas y finalmente se transforman en sanciones que son simbólicas", indicó.
Clausuras de hasta 180 días
La iniciativa modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para permitir que los municipios soliciten ante los Juzgados de Policía Local la clausura temporal, total o parcial, de inmuebles destinados a habitación o fines comerciales cuando registren infracciones reiteradas a ordenanzas relacionadas con convivencia vecinal, seguridad pública, salubridad, alcoholes o uso de bienes nacionales de uso público.
Para ello deberán existir tres o más infracciones en un período de tres meses y acreditarse que los hechos han afectado gravemente la tranquilidad, seguridad o salubridad del entorno. Además, la clausura quedará sujeta a una resolución judicial, evitando que la medida dependa únicamente de una decisión administrativa.
El proyecto establece que los jueces podrán decretar clausuras de entre 15 y 90 días. Sin embargo, el plazo podrá extenderse hasta 180 días cuando en los inmuebles se detecten armas, municiones o elementos incendiarios, se utilicen para delitos vinculados a la Ley de Drogas, exista riesgo grave para terceros o se registre reincidencia.
"Se trata de una herramienta efectiva para los municipios y para los juzgados de policía local para hacerse cargo de este problema y, en definitiva, que podamos garantizar de verdad y no con sanciones simbólicas el derecho que tienen las personas a vivir tranquilas", concluyó Valenzuela.
