Las diligencias realizadas este jueves por la Fiscalía Metropolitana Oriente y la PDI en el Congreso, en el marco de la investigación por eventuales irregularidades en licitaciones de Junaeb, volvieron a poner el foco sobre la situación judicial de parlamentarios en ejercicio.
El procedimiento alcanzó directamente a los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (ind.), cuyas oficinas fueron registradas por los equipos investigadores.
La causa indaga eventuales delitos de cohecho, soborno, fraude al Fisco, tráfico de influencias y lavado de activos asociados a contratos de la empresa Soser S.A. con Junaeb. En cuanto a los parlamentarios, de acuerdo al Ministerio Público se les indaga por presunto cohecho.
A ellos se suman otros cinco senadores cuyos nombres aparecen, en distintas calidades y circunstancias, en investigaciones del Ministerio Público: Camila Flores (RN), Alejandro Kusanovic (ind.), Loreto Carvajal (PPD), Matías Walker (Demócratas) y Karol Cariola (PC).
Sin embargo, las situaciones son diferentes: algunas causas están en etapa de diligencias, mientras que en otras los parlamentarios han sido mencionados a partir de antecedentes incorporados a investigaciones más amplias.
Un eventual desafuero y cambios de quorum
Si bien ninguno de los siete senadores mencionados ha perdido actualmente su fuero parlamentario, el caso de Miguel Ángel Calisto es el que presenta el escenario más concreto de cara a un eventual desafuero.
El fuero es una protección de carácter procesal que impide someter a un diputado o senador a determinadas actuaciones del procedimiento penal sin que previamente la Corte de Apelaciones autorice la formación de causa en su contra. Tampoco puede ser detenido, salvo en caso de delito flagrante. Si la Corte concede el desafuero, el parlamentario queda suspendido de sus funciones y puede ser sometido a la justicia ordinaria.
El procedimiento de desafuero se inicia cuando el Ministerio Público solicita el desafuero ante la Corte de Apelaciones competente, la que debe determinar si existen antecedentes suficientes para autorizar el proceso. En caso de aprobarse, el legislador queda suspendido de sus funciones y no puede participar en la Sala ni en las comisiones. Sin embargo, continúa percibiendo su dieta parlamentaria durante ese período.
La situación de Calisto, quien ya fue desaforado cuando ejercía como diputado, se diferencia de la del resto de los parlamentarios mencionados. La Fiscalía presentó en junio una acusación y solicitó un nuevo desafuero, pero la audiencia destinada a revisar esa petición fue suspendida luego de que se reabriera la investigación, por lo que el Ministerio Público deberá requerir nuevamente el desafuero en la oportunidad procesal correspondiente.
Esto, por la investigación que apunta a presuntas asesorías parlamentarias ficticias que habrían permitido desviar recursos públicos mediante pagos a una exasesora cuando Calisto se desempeñaba como diputado.
Un eventual desafuero de Calisto complicaría de sobremanera al Ejecutivo. Y es que si bien el senador no se ha mostrado a favor de la reforma constitucional de seguridad, donde además el Gobierno necesita tres votos de oposición, el senador fue uno de los votos clave en el Plan de Reconstrucción.
Sin el apoyo del senador, el Gobierno estaría obligado a buscar constantemente votos en la oposición.
Sergio Gahona (UDI): Diligencias por el caso Junaeb y antecedentes de la trama Bielorrusa
El senador Sergio Gahona es uno de los dos parlamentarios en ejercicio cuyas oficinas fueron allanadas este jueves por la Fiscalía Metropolitana Oriente y la Brigada Anticorrupción de la PDI. La diligencia se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb, particularmente en contratos adjudicados a Soser S.A.
Entre los antecedentes investigados aparecen presuntas raciones de alimentación infladas, certificados falsificados, adulteración de registros y eventual entrega de información privilegiada para acceder a licitaciones.
La Fiscalía investiga, entre otros delitos, cohecho, soborno, fraude al Fisco, tráfico de influencias y lavado de activos.
Por otro lado, el nombre de Gahona también aparece en la denominada trama Bielorrusa. En esa causa, el senador aparece mencionado en antecedentes vinculados al conservador Sergio Yáber, quien le habría girado un cheque a su nombre por $4 millones. Gahona ha señalado que se trató de un préstamo destinado a enfrentar gastos familiares
Miguel Ángel Calisto (ind.): Junaeb y una investigación por asesorías
Calisto también fue alcanzado este jueves por las diligencias de la Fiscalía y la PDI en el Congreso. Su oficina fue registrada en el marco de la investigación por las licitaciones de Junaeb y los contratos de Soser S.A., causa que actualmente concentra parte importante de las indagatorias por eventuales hechos de corrupción.
La Fiscalía busca establecer si existieron mecanismos irregulares para favorecer a la empresa en procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar. Entre los antecedentes aparecen posibles vínculos entre empresarios y funcionarios o terceros para acceder a información reservada, además de eventuales pagos o beneficios asociados a las licitaciones.
Pero, además, Calisto enfrenta una causa en Aysén por fraude reiterado al Fisco. El pasado 26 de junio, la Fiscalía presentó acusación contra el senador y otras siete personas, solicitando para el parlamentario una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, considerando el monto del perjuicio fiscal atribuido y la reiteración de los delitos.
Según la acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan al período entre 2018 y 2022, cuando Calisto se desempeñaba como diputado. La tesis de la Fiscalía apunta a que el entonces parlamentario se habría concertado con Roland Cárcamo y Carla Graf para obtener recursos públicos del Congreso mediante la contratación de asesorías parlamentarias que, de acuerdo con la investigación, no se habrían realizado. El perjuicio fiscal atribuido en esta arista asciende a al menos $105.554.697.
Camila Flores (RN): la denominada "cuota Flores"
La senadora Camila Flores enfrenta una investigación relacionada con una presunta devolución de parte de las remuneraciones de trabajadores de su equipo parlamentario, causa que públicamente ha sido denominada "cuota Flores".
La indagatoria apunta a establecer si existió un mecanismo mediante el cual funcionarios de su oficina debían entregar parte de sus remuneraciones, utilizando recursos públicos destinados al funcionamiento parlamentario. La Fiscalía investiga la eventual existencia de un delito de fraude al Fisco.
Los antecedentes conocidos apuntan a una práctica que habría operado durante varios años y que podría involucrar una suma importante de dinero. La senadora ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que está disponible para colaborar con la investigación. La causa permanece en etapa investigativa.
Alejandro Kusanovic (ind.): investigación por eventual devolución de remuneraciones
El senador independiente Alejandro Kusanovic también es investigado por el Ministerio Público a raíz de una denuncia relacionada con una eventual devolución de parte del sueldo de un exintegrante de su equipo parlamentario.
La Fiscalía Regional de Magallanes abrió una investigación para determinar si existió un mecanismo mediante el cual parte de la remuneración de un funcionario era devuelta o entregada a terceros. La hipótesis ha sido comparada públicamente con el caso de la denominada "cuota Flores".
La investigación tuvo un nuevo episodio durante julio, cuando la PDI realizó diligencias que incluyeron la incautación de equipos electrónicos vinculados al parlamentario. Esto con el objetivo de revisar antecedentes que permitan establecer si existieron eventuales irregularidades en el manejo de remuneraciones o asignaciones parlamentarias.
Loreto Carvajal (PPD): una de las aristas de la trama Bielorrusa
La senadora Loreto Carvajal aparece vinculada a una de las aristas de la denominada trama Bielorrusa, investigación que se originó en los antecedentes relacionados con pagos y gestiones realizadas en torno a distintos nombramientos y causas judiciales.
En enero de este año, el abogado Eduardo Lagos declaró ante la Fiscalía que Carvajal habría recibido $300 millones a cambio de realizar gestiones para favorecer el nombramiento de Yamil Najle como conservador de Bienes Raíces de Chillán.
El antecedente fue publicado inicialmente por CIPER y posteriormente derivó en una investigación de la Fiscalía de Aysén. La senadora rechazó la acusación.
Matías Walker (Demócratas): transferencias de Yáber y gestiones bajo revisión
El senador Matías Walker también aparece mencionado en la investigación relacionada con la denominada trama Bielorrusa, específicamente a partir de sus vínculos con Sergio Yáber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto e imputado en esa causa.
Entre los antecedentes financieros revisados por el Ministerio Público figura una transferencia de $1,6 millones realizada por Yáber a Walker. El senador reconoció el movimiento y explicó que correspondía al reembolso de un pasaje relacionado con un viaje de su hijo, además de señalar que mantenía una relación de amistad de larga data con el conservador.
Walker también ha reconocido que Yáber lo había ayudado económicamente anteriormente, en particular en un contexto familiar. El senador ha sostenido que esos antecedentes no tienen relación con gestiones ilegales ni con los hechos que investiga el Ministerio Público.
La Fiscalía, de todas maneras, ha revisado los movimientos financieros y los vínculos de distintos actores políticos con Yáber. En el caso de Walker, también se han investigado antecedentes relacionados con personas de su entorno, incluido un asesor, en reuniones con jueces y notarios.
Karol Cariola (PC): caso Chinamart y presunto tráfico de influencias
La senadora Karol Cariola permanece vinculada al denominado caso Chinamart, investigación originada en las gestiones que realizó cuando era diputada en favor del empresario chino Emilio Yang, propietario de la cadena Chinamart.
El Ministerio Público indaga si esas gestiones pudieron exceder las actuaciones propias de una parlamentaria y eventualmente configurar delitos como tráfico de influencias.
En abril de este año se conoció un informe de la PDI que estableció que algunas de las gestiones realizadas por Cariola en favor de Yang se produjeron "al margen de los canales regulares".
Cariola declaró en calidad de imputada y ha rechazado las acusaciones. Su defensa ha sostenido que las actuaciones de la entonces diputada correspondieron a gestiones parlamentarias y que no existió delito. Durante julio, los querellantes de la causa desistieron de sus acciones, pero eso no significó el cierre de la investigación, cuya continuidad corresponde resolver a Fiscalía.
Los diputados investigados
En el caso de la Cámara de Diputados, el parlamentario Cristián Araya (Republicanos) también aparece vinculado a una investigación del Ministerio Público, luego de ser mencionado en escuchas telefónicas y otros antecedentes de la denominada "trama Bielorrusa", específicamente en la arista relacionada con eventuales gestiones y presuntos pagos vinculados al conservador de Bienes Raíces Sergio Yáber.
El diputado ha negado categóricamente las acusaciones y cualquier vínculo con pagos irregulares.
Por otro lado y tras las diligencias realizadas por la Fiscalía y la PDI en el caso Junaeb, que alcanzaron las oficinas de los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto en el Congreso, también quedó involucrado en los procedimientos el exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez (PC).
El exparlamentario abordó esta mañana su situación y aseguró que, hasta ahora, desconoce los hechos específicos por los que estaría siendo investigado, descartando de paso cualquier vínculo con eventuales irregularidades relacionadas con Junaeb.
"Yo no tengo mucha claridad en realidad sobre lo que está ocurriendo con respecto a esa investigación. Me enteré solo en el día de hoy, nada más, no tengo conocimiento ni conciencia de qué es lo que me están achacando. Por supuesto, en el curso del día tendré que averiguar qué es, pero particularmente no lo sé", señaló Gutiérrez en conversación con Chilevisión.
