La investigación que esta semana llevó a la Fiscalía y a la PDI hasta oficinas del Congreso tiene en el centro a Soser S.A., una de las empresas proveedoras de alimentación escolar de Junaeb, y apunta a esclarecer una serie de presuntas irregularidades en contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La causa, que indaga eventuales delitos de fraude al Fisco, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y otros ilícitos, escaló durante el día de ayer jueves con diligencias en distintos puntos de las regiones Metropolitana y Valparaíso.
Entre ellas, se incluyó el registro de las oficinas de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (ind.) en el Congreso, quienes aparecen individualizados como imputados en la investigación. También se realizaron diligencias vinculadas al exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez (PC).
Uno de los principales antecedentes que puso a Soser en el foco del Ministerio Público surgió a partir de una auditoría interna realizada por la actual administración de Junaeb. Según los antecedentes entregados por el organismo, se detectaron pagos por más de $14 mil millones asociados a raciones de alimentación que no habrían sido entregadas a estudiantes de la Región de O’Higgins. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía, Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado.
El caso se relaciona con una licitación adjudicada a Soser para prestar servicios de alimentación en tres unidades territoriales de O’Higgins. El contrato contemplaba, entre otros servicios, desayunos, almuerzos, onces y cenas. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el director de Junaeb, Fernando Peña, entre 2022 y 2023 se habrían realizado modificaciones contractuales que aumentaron tanto la cantidad de raciones como sus valores unitarios.
Uno de los elementos que llamó la atención fue el valor de determinadas prestaciones. Según los antecedentes entregados por Peña, el precio de una once habría alcanzado cerca de $7.800 en 2022 y $8.680 en 2023, mientras que en una de las unidades territoriales las raciones proyectadas habrían aumentado desde unas 290 mil a más de 736 mil.
La investigación también apunta a las circunstancias en que se produjeron esas modificaciones. Junaeb denunció que los cambios contractuales no habrían contado con la toma de razón de Contraloría que correspondía y que algunos correos relacionados con las modificaciones habían sido eliminados y posteriormente recuperados.
Una investigación que ahora apunta a una eventual trama de corrupción
Pero la causa actualmente va bastante más allá de las denominadas "raciones fantasmas". De acuerdo con los antecedentes expuestos ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía investiga si alrededor de los contratos de Soser se habría configurado un esquema destinado a obtener información reservada de procesos de licitación, favorecer a la empresa y eventualmente conseguir beneficios económicos o laborales.
La hipótesis del Ministerio Público contempla la participación de distintos actores, entre ejecutivos de la compañía, personas que habrían realizado gestiones informales, funcionarios y exfuncionarios de Junaeb y figuras políticas. La fiscal de Alta Complejidad Oriente Constanza Encina ha señalado que, respecto de Gahona y Calisto, los antecedentes investigados podrían enmarcarse en eventuales delitos de cohecho.
En ese contexto, el tribunal autorizó una batería de diligencias intrusivas para intentar reconstruir las comunicaciones y movimientos financieros de los involucrados. Entre las medidas se encuentran la incautación y revisión de teléfonos, computadores y otros dispositivos, además del acceso a correos electrónicos, registros de llamadas, mensajes, fotografías, archivos, información almacenada en la nube y datos de geolocalización.
También se autorizó el levantamiento de información bancaria de personas y sociedades vinculadas a la investigación, incluyendo movimientos de cuentas, transferencias, depósitos, cheques y otros productos financieros. El período de análisis se extiende, en términos generales, desde 2018 hasta la fecha de la resolución judicial.
El historial de Soser con Junaeb
La empresa no es un actor nuevo en el negocio de la alimentación escolar. Soser ha participado durante años en licitaciones de Junaeb y, de acuerdo con antecedentes publicados por CIPER en 2022, desde 2014 había logrado adjudicarse cuatro licitaciones por un total de $491 mil millones, incluyendo un proceso de 2021 por $15 mil millones. En 2020, en tanto, se había adjudicado contratos por aproximadamente $140 mil millones.
Ese mismo reportaje consignó que Soser era, en ese momento, la segunda empresa con mayor cantidad de multas morosas ante Junaeb, acumulando $5.974 millones. El 92% de ese monto correspondía a incumplimientos asociados a licitaciones de 2011 y 2012. Junaeb había iniciado acciones judiciales para cobrar esas multas, mientras que la empresa argumentaba que parte de las deudas se encontraban prescritas o habían sido judicializadas.
En tanto, el representante de Soser, Jaime Patricio Rey Cortés, es hermano de Juan Manuel Rey Cortés, controlador de Distal -empresa distribuidora de alimentos- junto a su hijo Christian Rey Peñalosa. Ambos hermanos figuraban en 2007 como mandatarios de Soser, según antecedentes del Archivo Judicial. Distal, por su parte, acumulaba entonces $445 millones en multas morosas registradas por Junaeb.
En cuanto a su estructura interna, el organigrama actual de Soser ubica a Patricio Rey como director ejecutivo y a Matías Pizarro como gerente general. Bajo esta última gerencia se encuentran distintas áreas de la compañía, entre ellas Viviana Kaschel, gerente de Operaciones y Personas; Felipe Velasco, gerente de Planificación Estratégica y Financiera; Nicolás Vallarino, gerente Legal; y Marcela Lizana, subgerente Técnico. También figuran Carlos Restrepo, subgerente de Compras; Mackerenna González, subgerente de Gestión y Control de Calidad; y Gabriela Zumelzu, encargada de Delitos.
En paralelo, Massiel Muñoz aparece como asistente de directorio y Marcela Arredondo, como auxiliar de Aseo.
La relación entre las empresas también ha aparecido en controversias más recientes. En una presentación ante el Tribunal de Contratación Pública, Soser declaró como beneficiario final a Jaime Patricio Rey Cortés, mientras que Distal hizo lo propio con Juan Manuel Rey Cortés; ambos figuraban como presidentes de los respectivos directorios.
Soser defiende su actuación y asegura que colaborará
Frente a la investigación, la empresa ha rechazado los cuestionamientos y ha asegurado que no ha tenido acceso a la solicitud presentada por el Ministerio Público ante el tribunal, por lo que sostiene desconocer sus fundamentos.
"Manifestamos una vez más nuestra completa disposición a colaborar con la investigación y a entregar toda la información requerida para esclarecer los hechos", señaló la compañía, agregando que cuando tenga acceso a los antecedentes podrá "aclarar estos hechos".
Soser también ha defendido su trayectoria como proveedor del Estado y sostuvo que durante más de 30 años ha participado en el Programa de Alimentación Escolar.
La empresa incluso presentó en junio una querella contra el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, acusándolo de denuncia calumniosa y prevaricación administrativa, a raíz de los antecedentes que el organismo entregó al Ministerio Público por los pagos cuestionados. Soser sostiene que los hechos ya habían sido investigados anteriormente y que esa indagatoria habría terminado en un sobreseimiento.
