Una auditoría interna realizada por el Gobierno detectó una serie de irregularidades en la construcción y habilitación de las nuevas oficinas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ubicadas en Agustinas 1269.
De acuerdo al proceso realizado en el marco del Plan Inspección Total, el proyecto, que comenzó a gestarse en 2023, terminó en 2026 con un costo muy superior al inicialmente presupuestado.
"La iniciativa contemplaba originalmente una inversión de $1.100 millones y un plazo estimado de ejecución de un año y medio. Así, el traslado buscaba generar un ahorro para el Estado, dejando de pagar el arriendo de las antiguas dependencias y trasladando al Ministerio a un inmueble fiscal que anteriormente albergó al diario La Nación", detallaron desde el Ejecutivo.
Agregan que, sin embargo, "el proyecto terminó costando más de $2.800 millones, un 146% más que lo presupuestado inicialmente, y su plazo estimado de ejecución se extendió a cerca de tres años y medio. A esto se suman los $120 millones que el Estado debió desembolsar por el término anticipado del arriendo de las antiguas instalaciones y los $494 millones adicionales que se proyectan para habilitar y reparar el nuevo edificio".
La auditoría también identificó una serie de irregularidades, que abarcan los procesos de licitación, la ejecución de las obras y las condiciones de seguridad y habitabilidad de las nuevas dependencias.
"Este caso demuestra porqué era necesario revisar de manera profunda el funcionamiento del Estado y el mandato que tuvo el Presidente con Inspección Total. La auditoría permitió detectar antecedentes serios que requieren ser investigados y nosotros no vamos a mirar para el lado. Nosotros como Gobierno nos estamos haciendo cargo de transparentar los antecedentes y ponerlos a disposición de los organismos pertinentes", señaló la subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael.
Licitaciones bajo revisión
La revisión puso especial atención en quiénes competían en estos procesos y en cómo terminaron adjudicándose las obras.
Así, de acuerdo al documento, el contratista Alberto Felipe Olave Hernández concentró el 88% del gasto asociado al proyecto.
Sin embargo, la auditoría detectó un patrón que se repitió en las licitaciones: ALSA SpA, empresa de propiedad de su esposa, participó en cuatro de las cinco licitaciones y en todas fue declarada inadmisible, ya que no presentaba todos los antecedentes requeridos.
Otro de los participantes recurrentes fue ELECSAN SpA, que presentó ofertas económicas superiores a las de Olave en las distintas etapas en que compitió, aunque por diferencias acotadas.
De acuerdo con la auditoría, la participación de ambas empresas habría permitido mantener el número mínimo de oferentes requerido para que los procesos no fueran declarados desiertos, pero sin constituir una competencia real por la adjudicación. Este patrón, además, se habría repetido en procesos de otros organismos públicos.
La situación cambió en la Etapa 3, cuando participó "Massardo y Principios Patrimonio Chile Limitada", una empresa que no había competido en las etapas anteriores y que presentó una oferta económica menor a la de Olave y que además tenía experiencia comprobable en la construcción de obras patrimoniales en Chile. Pese a ello, recibió un puntaje inferior en la evaluación y terminó perdiendo la licitación.
A ello se suma el rol del arquitecto Mario Neira Quiroga, quien fue contratado como funcionario de la cartera, en calidad de "contrata" y a quien se le sindica como el responsable de adjudicar la licitación.
Estos antecedentes, —la participación reiterada de ALSA y ELECSAN, la concentración de las adjudicaciones en Olave y la posterior evaluación negativa al oferente que contaba con experiencia acreditada—, forman parte de los antecedentes que la Subsecretaría ya puso a disposición del Ministerio Público.
Traslado con problemas de seguridad y habitabilidad
La auditoría también detectó deficiencias relacionadas con las condiciones del inmueble. El traslado de las funcionarias y funcionarios se realizó entre el 13 y el 20 de febrero de 2026, pese a que no se encontraban plenamente acreditadas las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad.
Durante el período se registraron accidentes en el edificio y fue necesario decretar teletrabajo de excepción en seis oportunidades entre diciembre de 2025 y julio de 2026.
Una de estas medidas se adoptó debido a la aplicación de productos químicos para realizar trabajos de desratización.
A esto se suman reparaciones adicionales que actualmente se proyectan por cerca de $494 millones, monto que no estaba incluido en el costo inicialmente informado del proyecto.
Costó 146% más de lo presupuestado
El conjunto de estas situaciones significó que el proyecto pasara de un presupuesto inicial de $1.100 millones a un gasto de $2.831.336.713, equivalente a un aumento de 146%.
También se duplicó el plazo previsto: de los 18 meses inicialmente estimados, la ejecución se extendió por aproximadamente tres años y medio.
El ahorro fiscal que justificaba el traslado tampoco se materializó como estaba previsto.
A los costos de construcción y habilitación se sumaron $120 millones asociados a la multa por el término anticipado del contrato de arriendo de las antiguas dependencias en Catedral 1401. Además, se contemplan los recursos necesarios para las nuevas reparaciones y obras requeridas en el edificio.
Gobierno remite antecedentes a la justicia
Tras conocer los resultados de la auditoría, la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género remitió estos antecedentes al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, como también a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado.
Además, instruyó un sumario administrativo que actualmente se encuentra en curso.
"Cuando una auditoría detecta antecedentes que pueden revestir gravedad, nuestro deber es entregarlos a quienes corresponde investigar. Tenemos una responsabilidad con las mujeres que atendemos, con nuestros funcionarios y funcionarias, pero también con cada peso de los recursos públicos. Por eso vamos a investigar, transparentar y corregir lo que haya que corregir", sostuvo la subsecretaria.
En paralelo, el Ministerio está trabajando en la regularización de las condiciones del edificio. Para ello se encargó una revisión técnica de sus condiciones de habitabilidad, seguridad eléctrica y sanitaria, además de una evaluación estructural.
La auditoría identificó en total ocho ámbitos de observación: la subestimación inicial de costos y plazos; la división recurrente del proyecto en etapas y sus modificaciones; situaciones vinculadas a órdenes de compra, facturas y modificaciones contractuales; ocupación de las dependencias sin acreditación plena de habitabilidad y seguridad; deficiencias estructurales y técnicas; falencias en la ejecución, control y supervisión; y discrepancias en los criterios utilizados para seleccionar a uno de los proveedores.
