En una reingeniería se encuentra la reforma constitucional de seguridad del gobierno, tras su complejo arranque en el Senado, con críticas del propio oficialismo y de parlamentarios aliados.
Este jueves, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abrió la negociación con los parlamentarios de gobierno, para acoger cambios a la redacción del texto. Entre ellos, estuvieron los senadores Andrés Longton (RN) y Luciano Cruz Coke (Evo), que han sido de las voces más díscolas del sector sobre el proyecto.
El diálogo con los legisladores continuará la próxima semana distrital. El lunes, Segpres albergará una cita con los timoneles del oficialismo para alinear posturas, mientras que Arrau estaría considerando sostener una reunión con parlamentarios de oposición.
En el oficialismo hay quienes ven en este sector posibles respaldos para la reforma, una vez que Arrau modere la propuesta. En particular, se observa al senador y presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD) y a la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también integrante de la comisión, como posibles respaldos.
"Algunas normas son absolutamente corregibles, y es lo mismo que me planteó el ministro Arrau el día de ayer, en la reunión con diputados y senadores de RN, respecto a la apertura para poder hacer cambios incluso más allá de los que anunciamos con Arturo (Squella), y eso me parece que va en la línea, obviamente, de poder concentrar fuerza en el oficialismo y poder ir a buscar apoyo al centro izquierda", dijo Longton a Radio Universo.
De hecho, en La Moneda tienen expectativas en el respaldo de Araya. Como una señal de su apertura, interpretan el hecho de que el senador accediera a viajar con el Presidente a la Región de Antofagasta, este miércoles, para abordar la emergencia de los aluviones.
Así las cosas, los cálculos que hace hoy el gobierno, arrojan que restarían tres votos para alcanzar el umbral de 29 —cuatro séptimos— que necesita para aprobar la idea de legislar la reforma en el Senado. Para ello, aún debe convencer a los parlamentarios independientes que sí votaron a favor del gobierno para el proyecto de Reconstrucción, como Miguel Ángel Calisto y Matías Walker.
Con todo, el segundo dio un categórico portazo a la idea de aprobar la reforma. Este viernes, en Radio Duna, Walker llamó al gobierno a "retirar el proyecto y hacer las cosas bien, con un amplio consenso".
Cambios
Tras el diálogo que Arrau sostuvo con parlamentarios este jueves, trascendieron algunos de los cambios a los que accedió para reformular la reforma.
El senador Longton dio cuenta de la "apertura" del ministro a las observaciones que hay sobre la modificación al artículo 1 de la Constitución, con el que el Ejecutivo busca consagrar de forma explícita el deber del Estado de resguardar la seguridad pública.
Además, indicó que Arrau accedió a eliminar la inhabilidad a acceder a derechos sociales para personas que ya hayan cumplido condena. La reforma dispone que esta restricción se aplique para el tiempo en que una persona cumpla condena y durante los 15 años posteriores.
"En eso está absolutamente de acuerdo en sacarlo, completo, pero con un matiz que también me pareció correcto: Incorporar inhabilidades para ejercer determinados cargos, como está en el artículo 9", dijo el senador.
También, indicó que Arrau estuvo abierto a cambiar el mecanismo para la elaboración del listado de organizaciones criminales, sacando al Congreso de ese proceso.
En lo que compete al estado de excepción de seguridad pública, el secretario de Estado, dijo Longton, se allanó a acotar los días de vigencia —hoy dispuestos en 120 con capacidad de prórroga por el mismo plazo— y a que la herramienta se decrete con acuerdo del Presidente con el Congreso.
Sí reparó que "para el ministro, la verdad es que es relevante el tema de la intervención telefónica (...) Hubo acuerdo en poder o eliminar o avanzar en una fórmula más atenuada respecto a esto con, obviamente, los resguardos necesarios".
De hecho, este punto fue objeto de mención del ministro en su exposición durante el encuentro "Impulsa 2026", de CPC Biobío. "Hoy día interceptar un teléfono, la verdad es que no es tema, la gente cambia el teléfono cada 10 minutos, si no cuesta nada, es algo digital que se va haciendo. Tengo que sacar una nueva orden", comentó.
Sobre el estado de excepción, apeló a que "podamos tener una intervención dura, con rendición de cuentas, lo queramos, pero intervención dura para poder enfrentar estos nuevos fenómenos".
En este mismo evento, el Presidente Kast aprovechó de dar un espaldarazo a Arrau en medio de los cuestionamientos y de abordar las críticas por falta de trabajo prelegislativo. "Yo vería el vaso medio lleno", exhortó, destacando los resultados de la gestión en seguridad.
"Ahora hay un debate legítimo, y será el Congreso el que tendrá que determinar lo que quiere legislar. Nosotros hicimos una propuesta que puede ser mejorada, puede ser rechazada, pero los parlamentarios tendrán que decidir y enfrentar a sus electores", arguyó.
