Una auditoría al proceso de sustitución, reposición y eliminación de Placas Patentes Únicas (PPU) por parte de la Contraloría General de la República (CGR) reveló una serie de deficiencias en la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Según el informe N° 60 de 2026 del ente fiscalizador, se constató que durante 2024 el servicio remitió solo cuatro informes sobre primeras inscripciones rechazadas a Carabineros de Chile, pese a que la normativa exige el envío mensual de esta información.
Según la CGR, "esta omisión impidió que la policía uniformada contara oportunamente con antecedentes relevantes para sus funciones de fiscalización".
También, el informe detectó incumplimientos en los procesos de destrucción y eliminación de placas patentes.
En particular, se verificó que no se emitieron actas de destrucción ni resoluciones exentas que formalizaran la eliminación de placas provisorias de cartón durante 2024. Además, no se realizaron inventarios formales de las placas destruidas, limitándose la documentación a planillas Excel con listados referenciales.
Debido a estas irregularidades, la Contraloría ordenó el inicio de un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
Además, se identificaron limitaciones tecnológicas que obligan a realizar verificaciones manuales, lo que aumenta el riesgo de errores y retrasos en la tramitación de solicitudes.
Se suma que en materia financiera, la Contraloría advirtió "debilidades en los controles de recursos asociados a estos trámites", incluyendo ingresos que no fueron registrados oportunamente y recursos mantenidos sin los resguardos necesarios.
Por todo lo anterior, el organismo instruyó un sumario y ordenó "adoptar medidas para fortalecer los controles internos, corregir las deficiencias detectadas y determinar eventuales responsabilidades administrativas".
