Desde el Partido de la Gente (PDG) al Partido Cristiano de Chile (PCC) criticaron a la exministra Antonia Orellana, luego de la controversia generada por la auditoría del Gobierno que detectó una serie de irregularidades en la construcción y habilitación de las nuevas oficinas del Ministerio de la Mujer.
Las parlamentarias Flor Contreras (PDG), Tamara Ramírez (PDG), Lilian Betancourt (PDG), Catalina Del Real (P. Republicano), Macarena Santelices (P. Republicano) y Francesca Muñoz (PCC) señalaron que el debate no puede quedar reducido a declaraciones políticas y que corresponde revisar los documentos financieros, auditorías y antecedentes técnicos para determinar si existió un perjuicio fiscal.
La diputada Contreras afirmó que "ante acusaciones de esta gravedad no podemos quedarnos en un debate de declaraciones cruzadas", y sostuvo que la controversia debe aclararse "con datos duros y respaldos técnicos sobre la mesa, no con minutas políticas". Además, advirtió que "en el contexto de déficit fiscal que atraviesa el país, cada recurso público cuenta".
Ramírez, en tanto, llamó a ambas partes a transparentar los antecedentes y pidió auditorías para contrastar las cifras. "La ciudadanía exige claridad y transparencia absoluta cuando se habla de recursos del Estado. Hacemos un llamado a ambas partes a presentar los respaldos y auditorías correspondientes para contrastar las cifras con total objetividad", señaló y agregó que "este eventual sobrecosto se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias".
Betancourt planteó por su parte que la bancada del PDG mantendrá una postura basada en antecedentes técnicos. "Exigimos que esta disputa de porcentajes se resuelva mostrando los documentos y respaldos financieros reales. Chile enfrenta un déficit fiscal severo y no se puede jugar con los recursos de la nación; las platas de todos los chilenos se defienden", afirmó.
Desde el Partido Republicano, las diputadas Catalina Del Real y Macarena Santelices apuntaron a la necesidad de resguardar los recursos públicos y establecer responsabilidades si se confirman irregularidades. Del Real sostuvo que "es inaceptable que se intente normalizar un sobrecosto, cuando miles de familias chilenas lo están pasando mal". "Cada peso de los chilenos debe cuidarse con pinzas y no malgastarse", añadió.
Santelices, en tanto, afirmó que la Cámara debe utilizar sus herramientas fiscalizadoras para esclarecer el caso. "La plata de los contribuyentes es sagrada y más aún en la crisis financiera que vive el Estado. No nos interesa si para la exministra un 5% es poco, lo concreto es que ni un solo peso de todos los chilenos puede ser malgastado en burocracia ni en obras cuestionadas", señaló. También dijo que si una auditoría detecta negligencias o faltas a la probidad, "los responsables tendrán que pagar como corresponde".
Finalmente Muñoz señaló que los hechos corresponden a obras ejecutadas durante la administración anterior y valoró que los antecedentes hayan sido derivados a los organismos competentes. "Los recursos públicos deben utilizarse de forma eficiente, sobre todo cuando tantas mujeres necesitan apoyo del Estado", sostuvo.
Muñoz destacó que el Ministerio de la Mujer haya remitido los antecedentes a Contraloría, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, precisando que serán esas instituciones las encargadas de determinar eventuales responsabilidades. "Las ex autoridades pueden dar su opinión, pero serán los organismos competentes los que deberán determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan", concluyó.
