Reacciones contrarias fueron las que se generaron tras las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien planteó la necesidad de que Chile salga del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y revisar la Ley Lafkenche.
En entrevista con DF MAS, Barros aseveró en que "Chile es uninacional y el concepto de la plurinacionalidad, que fue rechazado mayoritariamente, no ha pasado como riesgo porque está presente en un factor de división entre los chilenos en el Convenio 169, que nace de la OIT (…) Una Organización Internacional del Trabajo con un sesgo político termina generando un tratado internacional que suscriben solo 24 países, o sea, absolutamente minoritario. Estamos nosotros metidos y generó una cuña entre los chilenos. Hoy día los chilenos no somos todos iguales, no somos una nación".
En esa línea, indicó que "hay chilenos que se dividen y tienen un trato distinto por su origen étnico y eso es un caldo de cultivo de conflicto. Y para mí, el Convenio 169, la Ley Lafkenche y una serie de otras disposiciones legales que salen de esa visión de conflicto entre las personas son un riesgo para el país".
Tras sus palabras, fue el ministro de biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien las abordó, descartando "innovar en la materia" y señalando que es un convenio "que Chile suscribió, que ratificó en el parlamento y que respeta íntegramente".
Quienes también reaccionaron a las declaraciones del titular de Defensa fueron diputadosdel amplio espectro, armando un debate político: Hay quienes las suscriben y quienes las tildan de "irresponsables".
Desde el Partido Republicano, el diputado Alejandro Riquelme señaló compartir "plenamente" las palabras del ministro. "Como diputado republicano por Magallanes y padre de tres hijos de ascendencia mapuche-huilliche, creo firmemente que reconocer y respetar nuestros orígenes jamás puede significar establecer diferencias o privilegios entre chilenos, en razón de su etnia. Chile es una sola nación y todos quienes la integramos debemos tener la misma dignidad, mismos derechos y las mismas obligaciones", afirmó.
"La diversidad cultural es una riqueza que debemos valorar y proteger, pero siempre bajo un principio esencial de nuestra República: la igualdad ante la ley. Ningún chileno debería recibir privilegios ni sufrir discriminaciones por su apellido, ascendencia u origen étnico. Lamentablemente, el Convenio 169 de la OIT y la Ley Lafkenche se han apartado de ese principio, estableciendo diferencias que se deben revisar", añadió.
Por su parte, desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón estipuló que si bien "el Convenio 169 ciertamente tiene externalidades negativas", es "una decisión de esa magnitud debe ser debatida a nivel de Estado, sin perjuicio del rol predominante que tiene el Presidente de la República en nuestro diseño institucional respecto de las relaciones internacionales".
Desde el Partido Nacional Libertario, la diputada por la Región de la Araucanía, Gloría Naveillán, planteó que "acá lo importante es reconocer la soberanía que tiene el pueblo de Chile para revisar en determinado momento los pactos firmados, de acuerdo a lo que Chile considera que está en condiciones de cumplir o que ya no está en condiciones de cumplir. Le pido al Presidente que revise los tratados como corresponde".
Javier Olivares, diputado del Partido de la Gente, coincide "en que este es un debate que Chile no puede seguir evitando. Tanto el Convenio 169 como la Ley Lafkenche deben ser revisados con seriedad y sin complejos, especialmente cuando su aplicación termina generando privilegios, trabas para el desarrollo o diferencias entre chilenos por razones de origen étnico (...) Si una normativa está perjudicando el desarrollo, la inversión o el interés general del país, tenemos la obligación de corregirla.
"Creo que el ministro Barros pone sobre la mesa una preocupación legítima que no corresponde descalificar ni esconder. Cuando una normativa puede generar divisiones, entregar tratamientos diferenciados o dificultar proyectos estratégicos para Chile, evidentemente tenemos que analizar también sus efectos sobre la seguridad y el interés nacional", añadió.
Y cerró: "Chile es una sola nación. Podemos reconocer, respetar y proteger nuestras distintas culturas y nuestros pueblos originarios, pero eso no puede significar construir categorías diferentes de ciudadanos ni permitir que intereses particulares estén por sobre el interés general de Chile (...) Más que defender tratados porque sí o mantenerlos por inercia, corresponde preguntarnos si después de años de aplicación están cumpliendo adecuadamente su propósito y si sus consecuencias son beneficiosas para el país".
"Una irresponsabilidad"
Desde la oposición, las declaraciones del ministro de Defensa no encontraron buen puerto, suscitando reacciones negativas a la propuesta.
El diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, calificó las palabras de la autoridad como "una estupidez". "Decir que Chile debe salir del Convenio 169 de la OIT y eliminar la Ley Lafkenche porque 'dividen' a los chilenos es desconocer la historia y la realidad del país. El Convenio 169 no divide, por el contrario, reconoce que en Chile existen pueblos indígenas con derechos, algo que el Estado chileno se comprometió a respetar hace casi 20 años", criticó.
Y añadió: "Que un ministro de Defensa hable de esto como una 'amenaza a la seguridad nacional' es gravísimo e irresponsable. Salir de un tratado internacional tiene consecuencias serias para Chile. Exijo que el Gobierno aclare si esto es una opinión personal del ministro o la posición oficial del Ejecutivo".
Por su parte, el diputado Marcos Barraza Gómez, desde el Partido Comunista, cuestionó "lo dicho por el ministro Barros es lamentable y grave, pero es coherente con el rumbo que ha tomado este Gobierno desde que asumió, debilitando derechos y convirtiendo conflictos sociales en asuntos de seguridad".
"Ahora se pretende presentar el Convenio 169 de la OIT y la Ley Lafkenche como riesgos para Chile. Eso es cruzar una línea muy peligrosa. Los pueblos originarios no son una amenaza para Chile. Sus derechos tampoco. La verdadera amenaza para nuestra democracia es un Gobierno que pretende gobernar identificando derechos y diversidad como enemigos internos", añadió.
Y cerró: "Chile necesita más democracia, reconocimiento y diálogo, no una doctrina de seguridad aplicada contra derechos que el propio Estado se ha comprometido a respetar".
