Luego de que la justicia condenara a 17 personas por integrar una red dedicada a la emisión y venta de licencias médicas falsas, que provocó millonarias pérdidas tanto a Fonasa como a las isapres, desde estas últimas llamaron a avanzar en cambios legales y regulatorios y reforzar la fiscalización para combatir este tipo de fraudes.
El fallo fue dictado por el 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y estableció penas de cárcel efectiva para los nueve médicos extranjeros involucrados, con condenas que en algunos casos superan los 21 años de presidio. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la organización provocó un perjuicio de $31.571 millones a Fonasa y de más de $6 mil millones a las isapres.
Ante el fallo, la presidenta de la Asociación de Isapres, Melissa Hohmann, sostuvo que "las licencias médicas son un derecho de los trabajadores y cumplen el rol fundamental de protegernos cuando una enfermedad nos impide desarrollar nuestra labor. Por eso tenemos que ser muy firmes frente al fraude y las conductas abusivas".
"Quienes defraudan al sistema no solo cometen un delito, también ponen en riesgo recursos que están destinados a quienes requieren verdadera protección de salud", agregó Hohmann, quien planteó que todavía existen tareas pendientes para enfrentar el uso fraudulento de este instrumento.
"Erradicar el fraude en licencias médicas sigue siendo una tarea pendiente. Necesitamos cambios legales, regulatorios y que se siga perseverando en la fiscalización estricta para proteger la sostenibilidad del sistema y asegurar que los recursos cumplan su verdadero propósito de financiamiento de la salud y entregar protección cuando las personas realmente lo necesitan", afirmó.
La investigación estableció que los acusados crearon centros médicos de fachada destinados a la emisión y comercialización masiva de licencias fraudulentas. Los imputados fueron condenados por delitos como emisión de licencias falsas, asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos. Además de los profesionales de la salud, el proceso incluyó a captadores y compradores de estos documentos.
