Fue con la pugna oficialista que se desató la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que La Moneda y el oficialismo zanjaron la necesidad de robustecer las instancias de coordinación para evitar las diferencias internas.
La idea que surgió entonces, en medio de recriminaciones cruzadas entre republicanos y Chile Vamos, fue que los presidentes de partido fijaran una reunión de coordinación semanal al margen del comité político ampliado, que se realiza todos los lunes —salvo en semana distrital— en La Moneda, con los ministros políticos de Palacio, los líderes de las colectividades y los jefes de bancada del Congreso Nacional.
De ahí que el sector ha explorado nuevas instancias de diálogo político, como la reunión de los jefes de bancada de la Cámara, Flor Weisse (UDI), Diego Schalper (RN) y Benjamín Moreno (Rep), y las vocerías conjuntas en el hall El Pensador, del Congreso en Valparaíso.
Así también se han realizado encuentros entre los presidentes de los partidos con el Presidente José Antonio Kast, y los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y José García Ruminot (RN). De hecho, el pasado viernes 3 de julio, el Mandatario decidió encabezar la reunión que había citado la Segpres en La Moneda, para descomprimir las tensiones por el rechazo de la acusación contra Grau.
Tras la cita, el Presidente entregó una declaración de prensa con la que bregó por "una muy buena coordinación" de las fuerzas que lo respaldan. "Tenemos que tener grados de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales", aseveró, sosteniendo que el gobierno debe generar "las instancias para que podamos afiatar las confianzas".
Como sea, el "petit comité" de Palacio, compuesto por Alvarado, García Ruminot y los líderes del Partido Republicano, Arturo Squella; UDI, Guillermo Ramírez; RN, Andrea Balladares y Evópoli, Luciano Cruz Coke, entró en vigor, dicen en el gobierno, la última semana de agosto, en medio del desorden oficialista que generó la reforma constitucional de seguridad.
La propuesta, que incluía la idea de un nuevo estado de excepción de seguridad pública que podía ser decretado por el Presidente de la República por un total de 120 días, con la posibilidad de prórroga de hasta otros 120 días, sin la consulta del Congreso, tensionó al máximo a los partidos que respaldan al gobierno, hasta arriesgar el rechazo de la idea de legislar la reforma en el Senado.
De ahí que el ministro Segpres citó el viernes 24 de agosto en La Moneda a los presidentes de partido, sumando al ministro de seguridad, Martín Arrau. Allí, los secretarios de Estado explicaron los alcances de las pretensiones de la reforma y declararon su apertura a acoger modificaciones al proyecto. Los timoneles, a su vez, repasaron la crítica sobre el nulo trabajo prelegislativo con el que se diseñó la reforma.
Una segunda oportunidad tuvieron los ministros y los líderes de las colectividades para abordar la reforma, este domingo 30 de agosto, en el departamento de García Ruminot, en Las Condes.
Junto con Alvarado y Arrau, reordenaron los plazos de las iniciativas que contempla la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), dando prioridad a proyectos de ley que ya se tramitan en el Parlamento, y quitando el pie del acelerador de la reforma, con la presentación de una urgencia simple que da 30 días para una discusión que, preliminarmente, se encauzará en la comisión de Constitución del Senado.
Ambas reuniones lograron desactivar la tensión del sector sobre la reforma. El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz Coke, que había sido una de las voces más críticas con la propuesta, al punto de advertir que "rayaba en lo iliberal", dijo sentirse "tranquilo" con la reconsideración del Ejecutivo.
El el nuevo estado de excepción, dijo ayer, "hay que mejorarlo, hay que arreglarlo. Por eso yo valoro que se le haya quitado la urgencia a la reforma, que se haya de alguna forma asilado el debate en la comisión de Constitución y que vaya a haber tiempo para discutirlo mientras entran otros proyectos que son relevantes en la agenda de seguridad".
En el oficialismo indican que la idea de este "petit comité" es que se reúna un día a la semana, al margen del comité político ampliado, que para algunos, al sumar a jefes de bancada, radica en un diálogo "más disperso" con La Moneda.
Este espacio, dicen, lo encabezarán los ministros de Segpres e Interior y Segegob, sumando al ministro del ramo que esté sobre la coyuntura. Sí reparan que la reunión del domingo en casa de García Ruminot fue excepcional, ya que no pretenderían fijar estas citas durante los fin de semanas, en circunstancias que no hay un día establecido para esta instancia.
Sí hay un buen balance del efecto de estas reuniones en el conflicto de la reforma de seguridad. "Hoy día tenemos múltiples desafíos y la coordinación política se hace muy necesaria. Distintas instancias, como el comité político, reunión con presidentes de partido, reunión con los ministros, cada cierto tiempo también estamos teniendo reunión con el Presidente de la República, y creo que son instancias muy necesarias", dijo este lunes el timonel de RN, Andrea Balladares.
Relevó que en el oficialismo "somos partidos que tenemos orígenes distintos, que no nos había tocado trabajar juntos, salvo el rechazo del año 2022, y hoy día tenemos este desafío de apoyar al gobierno, y eso implica mucho trabajo, mucha coordinación, y eso es lo que hoy día estamos viendo y que espero que tengamos resultados".
