Parlamentarios reaccionaron a los hallazgos de la Contraloría en el Ministerio de Salud, que detectó pérdidas por $3.640 millones asociadas a 762.326 vacunas contra la influenza adquiridas para la campaña de 2024 y que vencieron sin ser distribuidas, además de problemas de trazabilidad e inoculaciones registradas a personas fallecidas.
La fiscalización también estableció que el destino de 2.906.653 vacunas no pudo ser determinado, mientras que se identificaron 208 registros de inoculación posteriores a la fecha de fallecimiento de las personas asociadas a esos datos.
El informe apunta a situaciones ocurridas durante la administración anterior, cuando la cartera estaba encabezada por Ximena Aguilera y Andrea Albagli era subsecretaria de Salud Pública.
Los antecedentes generaron cuestionamientos entre parlamentarios, quienes pusieron el foco en la gestión de los recursos públicos y en la necesidad de aclarar las eventuales responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas por el organismo fiscalizador.
Uno de los principales puntos observados por Contraloría corresponde a las vacunas adquiridas a Sinovac Biotech y Sanofi Pasteur, cuyo costo total alcanzó los $3.640 millones y que terminaron venciendo en dependencias del operador logístico del Ministerio.
El organismo formuló un reparo por ese monto, luego de señalar que la Subsecretaría de Salud Pública no acreditó haber agotado todas las alternativas disponibles para gestionar o redistribuir oportunamente las dosis.
Los hallazgos también incluyen el incumplimiento de la meta de cobertura fijada por el propio Ministerio para la campaña de influenza de 2024, que establecía alcanzar un 85% de la población objetivo tanto a nivel nacional como en cada uno de los grupos prioritarios.
Ante este escenario, los parlamentarios pidieron explicaciones respecto de la gestión de las vacunas, su trazabilidad y las medidas adoptadas para evitar pérdidas de recursos públicos.
Reacciones desde la comisión de Salud
Desde el oficialismo, la diputada Macarena Santelices (Republicanos) indicó que "esto ya pasó de ser un error administrativo a un escándalo de proporciones que tiene un sello claro: la negligencia de la administración de Gabriel Boric. Perder más de 3.640 millones de pesos en vacunas vencidas en 2024 que nunca llegaron a los consultorios es un insulto a los chilenos. En salud donde hay tantas necesidades presupuestarias, hoy vemos cómo botaban los recursos a la basura. Exigimos responsabilidades políticas y administrativas caiga quien caiga".
En esa línea, su compañera de bancada, la diputada Catalina del Real (Republicanos), señaló que "es inaceptable ver cómo la burocracia y la mala gestión del gobierno de Gabriel Boric le costaron miles de millones de pesos al bolsillo de todos los chilenos en 2024. Más de 760 mil vacunas que debieron proteger a los sectores más vulnerables se echaron a perder en bodegas de un operador logístico. No se puede tolerar que la salud pública se haya manejado con este nivel de irresponsabilidad en ese periodo".
En tanto, los diputados UDI Daniel Lilayu y Alejandra Valdebenito, anunciaron que presentarán ante la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora destinada a esclarecer las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la gestión de las vacunas contra la influenza adquiridas durante 2024.
"Estamos hablando de miles de millones de pesos de recursos públicos y de vacunas que debían llegar a los chilenos y que terminaron venciendo sin ser utilizadas. Esto no puede quedar simplemente como una cifra en un informe: necesitamos saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si existieron responsabilidades administrativas", afirmó Lilayu.
Por su parte, la diputada Alejandra Valdebenito sostuvo que "aquí no solamente estamos hablando de dinero. Estamos hablando de vacunas que tenían un propósito sanitario y que no fueron utilizadas oportunamente. También existen graves dudas sobre la trazabilidad de millones de dosis y registros que deben ser aclarados. Por eso creemos indispensable que la Cámara investigue y que se determinen todas las responsabilidades que correspondan"
Desde el Partido de la Gente, el diputado Roberto Arroyo (PDG), manifestó que "no solo estamos hablando de miles de dosis que vencieron en bodegas producto de un evidente problema de gestión y logística durante 2024. Ahora además aparecen registros de inoculaciones asociadas a personas que ya habían fallecido. Esto es gravísimo y demuestra, al menos, serias deficiencias de control y rigurosidad en la gestión del Ministerio de Salud de ese período".
"Aquí hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Si de los antecedentes aparecen hechos que pudieran revestir carácter de delito, corresponde que sean puestos a disposición del Ministerio Público, porque será la Fiscalía y posteriormente los tribunales quienes deberán determinar si existen responsabilidades penales", agregó.
Desde la oposición, el diputado Fernando Zamorano (PPD) sostuvo que "el informe de Contraloría sobre la campaña de influenza del 2024 es alarmante. No es para nada positivo que 762 mil vacunas venzan en bodega mientras hay chilenos que no alcanzan a vacunarse, ni que se pierda la trazabilidad de casi 3 millones de dosis. Se trata de recursos públicos y de confianza sanitaria. La acción de Contraloría es fundamental, y esperamos que se determinen todas las responsabilidades, tanto de las autoridades sanitarias de este gobierno como las del pasado. Deben darnos una explicación respecto de esta situación y aclarar, en el caso de los 208 registros, si las personas fallecieron antes o después".
"La salud pública no resiste mermas de esta magnitud ni menos entenderlas como normales. Por eso es relevante redoblar los esfuerzos en las campañas de inmunización, acercarlas a la comunidad con operativos domiciliarios y cumplir las metas de vacunación de este año, tarea que estamos apoyando y que será más difícil aún con las reducciones de presupuesto", agregó.
Asimismo, la diputada Marcela Hernando (PR) en conversación con Emol aseveró que "cuando hemos tenido muchísimos años en los cuales hemos tenido millones de dosis, siempre va a haber algunas dificultades. Ahora, eso no justifica que haya 760 mil dosis que se hayan perdido. Hay que mirarlas dentro del contexto de cuántas dosis totales fueron, porque cada vez que uno hace una campaña de vacunación existen miles de puntos vulnerables".
La parlamentaria explicó que "cada equipo que está administrando vacunas está entrando a través de sus propios computadores para ingresar la información. Entonces, cada uno de esos digitadores puede cometer en algún momento errores".
"Eso podría explicar algunas de las cosas que encuentra Contraloría, pero eso no significa que no tenga que haber una investigación muchísimo más profunda y rastrear, sobre todo rastrear y recuperar la trazabilidad de las vacunas, porque eso es súper importante. Respecto de las vacunas, uno tiene que saber a qué lote pertenecía cada una de ellas, a quién fue aplicada, dónde fue aplicada, etcétera", continuó.
En esa línea, cerró señalando que "la pérdida de trazabilidad de la que habla el informe yo la encuentro grave. Así es que espero que los estudios que vienen ahora, que son complementarios a lo que ya se hizo, sean lo suficientemente profundos como para aclarar algunas cosas, si es que se puede, y enmendarlas, obviamente, corregirlas para futuro. Y obviamente que si existen algunas responsabilidades administrativas, estas tengan que ser vistas".
Por su parte, el diputado Matías Fernández (FA) sostuvo que "reafirmar que el reportaje que se hace en base al informe final de Contraloría es una filtración ya que nosotros no tenemos acceso a este informe propiamente tal y, por ende, difícilmente podríamos hablar de información fidedigna si no están los datos sobre la mesa para poder ser contrastados. Dicho eso, refiriéndonos a la situación de las vacunas, es necesario precisar que se genera un sobrestock al momento de compra de vacunas y que no es exclusivo del año 2024, sino que pasan distintos años debido a la modalidad de compras que permite poder abarcar no solo la población objetivo, sino que la población que se necesita vacunar".
"Y eso genera mermas, mermas que en el 2024 fueron del 12%, pero por ejemplo en el año 2021 fueron de un 20%, lo cual habla precisamente de que se necesita tener un sobrestock para poder atender a la población objetivo. Además, este reportaje menciona que habrían personas fallecidas que fueron inoculadas o registradas como inoculadas cuando claramente eso es un problema registral, pero que no podemos diluciar mientras no tengamos el informe sobre la mesa para poder referirnos a ello, por ende, hay un poco de irresponsabilidad al hablar con ese titular que claramente genera una conmoción pública", cerró.
