Está próxima a entrar en vigencia la Ley de Reconstrucción, la cual contiene las polémicas normativas que visó el Tribunal Constitucional (TC) que obligan a reponer servicios básicos a personas con cuentas impagas en caso de catástrofe, en un plazo máximo de 48 horas.
Esta normativa ha dado paso a una amplia discusión pública, esta vez profundizada en una carta al director publicada en El Mercurio, enviada por el presidente del directorio de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios ECONSSA, Fernando Rojas, quien critica la medida bajo la consigna "Premiar al que no paga".
Fernández comienza: "La nueva norma que obliga a las empresas de servicios básicos en zonas de catástrofe a restituir el servicio a clientes morosos con suministro cortado en 24 a 48 horas es una muy mala política pública. Entendemos que ante catástrofes naturales se busque aliviar problemas sociales, pero eso debe hacerse en coherencia con políticas de largo plazo que preparen al sistema a enfrentar mejor futuras catástrofes".
Para el redactor de la carta, se trata de una "mala decisión" por al menos cuatro motivos.
En primer lugar, "es imposible de cumplir. Los sobrecostos de hacerlo pueden llegar a ser absurdos, y no puede ser a costa de la integridad de los trabajadores que deben materializarlo. Pongámonos en el escenario de los territorios que sufrieron inundaciones o aluviones y recordemos las imágenes del enorme daño a la ciudad; midamos el trabajo que se está exigiendo en dicho contexto".
Por otra parte, "premia el incumplimiento. Cerca de todo el país con acceso a servicio de agua potable, alcantarillado, electricidad es un avance enorme del que muchos países no gozan y que es posible gracias a un marco regulatorio que ha funcionado exitosamente. Es ilusorio creer que ello ocurra sin que nadie lo financie. No podemos pretender que se mantenga sin que las personas paguen su cuenta mes a mes".
En tercer lugar, "aumenta los costos de dichos servicios básicos, lo que incrementará los precios para todo el sistema, o bajará la calidad del servicio, perjudicando al mismo tiempo a una gran mayoría, castigando a los clientes que responsablemente pagan la cuenta. Esta norma se parece a subirles los impuestos a todos los chilenos para premiar a unos pocos que no quieren pagar.
Y, por último, Fernández argumenta que "el cambio climático ha mostrado que nuestra infraestructura debe reforzarse para soportar episodios más graves o largos de lluvias, inundaciones, sequías, etcétera. Para prepararnos mejor las empresas de servicios básicos deberán invertir cifras enormes. Ello no será posible si tenemos cientos de miles de morosos, o si es que hay que destinar esos recursos a reponerles el servicio en plazos temerarios a quienes no pagan".
