A cuatro años del triunfo del Rechazo, el debate sobre las causas y consecuencias del proceso constituyente volvió a enfrentar a los académicos Daniel Mansuy y Fernando Atria, luego de que este último publicara el viernes una columna en El Mercurio en la que realizó una reflexión sobre el devenir político del país tras el plebiscito de 2022.
En su texto, Atria sostuvo que el proceso constituyente buscaba enfrentar la "fractura" existente entre la sociedad y la política institucional, que a su juicio se había profundizado desde el estallido social. Según planteó, dicha fractura era "causa y consecuencia de una larga crisis de legitimación de las instituciones políticas" y no correspondía únicamente a una disputa entre la izquierda y la derecha.
Para el exconvencional, el proceso constituyente constituía precisamente una vía para comenzar a reparar esa distancia. Sin embargo, afirmó que al "cerrarse sin éxito" dejó al país nuevamente frente al mismo problema, pero ahora “sumergido” y sin caminos claros de solución.
Atria también cuestionó las interpretaciones que, a su juicio, se han instalado después del 4 de septiembre respecto de la propuesta rechazada. En particular, criticó que actualmente se le atribuyan distintas características al texto, como ser "liberal" o concentrar el poder, y sostuvo que el debate político ha sido incapaz de abordar la persistente distancia entre la ciudadanía y las instituciones.
La columna generó una respuesta de Mansuy, quien este sábado, también a través de una carta a El Mercurio, cuestionó la manera en que Atria relata el desenlace del proceso. "La historia es ligeramente distinta", afirmó el académico, apuntando directamente al rol que tuvo el exconstituyente durante la Convención.
Mansuy reparó especialmente en la expresión utilizada por Atria para describir el desenlace: que el proceso "se cerró sin éxito". A su juicio, esa formulación presenta lo ocurrido "como si fuera un fenómeno climático, sin relación alguna con la agencia de sus protagonistas".
En esa línea, sostuvo que Atria dedicó "sus mejores años" a convencer de que los problemas del país se reducían a la disputa constitucional y posteriormente fue "un actor relevante en el fallido proceso". Además, recordó que el exconvencional defendió explícitamente la violencia del estallido social como "un hecho necesario".
Respecto de la propuesta constitucional, Mansuy afirmó que el problema de fondo no estuvo solamente en su eventual carácter liberal o antiliberal, sino en que se trataba, a su juicio, de "un pésimo proyecto". Como ejemplo, cuestionó la convivencia de distintos sistemas jurídicos y sostuvo que la iniciativa habría llevado al país a "décadas de gravísima inestabilidad política y luchas intestinas por capturar al Estado".
El académico también sostuvo que esa evaluación no correspondía únicamente a sectores de derecha, sino que había sido advertida por "numerosos referentes de la Concertación". De esta manera, rechazó la interpretación de Atria de que el rechazo de 2022 haya dejado simplemente sin resolver la misma crisis que existía antes del proceso.
Finalmente, Mansuy apuntó al tono de la columna de Atria y cerró su carta señalando que, "al insistir en su tono irónico y condescendiente", el exconvencional demuestra que "sigue tanto o más extraviado que el 4 de septiembre de 2022", frase con la que reabrió el debate sobre las responsabilidades y aprendizajes que dejó el fallido proceso constitucional.
Revisa aquí el contenido completo de las cartas:
La historia es distinta
En columna publicada ayer, Fernando Atria afirma que el proceso constituyente fue un esfuerzo por reparar la fractura entre sociedad y política, y que, “al cerrar sin éxito, nos dejó la misma crisis”.
Debe notarse el modo impersonal en que se explica la situación: el proceso se “cerró sin éxito”, como si fuera un fenómeno climático, sin relación alguna con la agencia de sus protagonistas. Sin embargo, la historia es ligeramente distinta. El mismo Atria dedicó sus mejores años a convencernos de que todos nuestros problemas se reducían a la disputa constitucional y, luego, fue un actor relevante en el fallido proceso, hasta el punto de defender explícitamente la violencia del estallido como un “hecho necesario”.
En rigor, la Convención fracasó porque perdió todo vínculo con la sociedad, y Fernando Atria no es ajeno a esa dinámica. Por lo mismo, la discusión sobre el carácter liberal del proyecto no toca el punto central. Es obvio que el proyecto chocaba de frente con ciertas premisas liberales (¿cómo explicar la convivencia de doce sistemas jurídicos distintos, que nadie logró justificar?).
Sin embargo, lo fundamental es que se trataba de un pésimo proyecto que, tal como advirtieron numerosos referentes de la Concertación, nos habría conducido a décadas de gravísima inestabilidad política y luchas intestinas por capturar al Estado.
Al insistir en su tono irónico y condescendiente, Fernando Atria nos muestra que sigue tanto o más extraviado que el 4 de septiembre de 2022. Quizás sea una buena noticia para el país.
Daniel Mansuy
El plebiscito de septiembre y sus consecuencias, que el Gobierno entendió
La propuesta de reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción de la seguridad pública muestra que Kast entendió las consecuencias del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, que dejó a Chile en camino a una dictadura. Y creyó que ese camino ya se había completado.
En el cálculo del Gobierno, la desafección o indiferencia con las instituciones políticas y democráticas ya había llegado al punto en que podía esperar respaldo ciudadano para constitucionalizar la dictadura. La oposición a esa idea podía responderse con el discurso habitual de que los críticos defienden los derechos de los delincuentes o los intereses de los políticos.
Aprovechando esto, Kast anticipaba que podría quedar constitucionalmente autorizado, cuando él mismo así lo quisiera y sin control judicial, para interceptar comunicaciones y para arrestar o detener personas, no por 10 o 15 días como el artículo 24 transitorio autorizaba a Pinochet, sino por ocho meses.
Porque, a pesar de todo el esfuerzo invertido en convencernos de lo contrario, lo que se manifestó desde octubre de 2019 fue una fractura profunda en Chile. Ella es causa y consecuencia de una larga crisis de legitimación de las instituciones políticas, que a la sazón llevaba más de una década de desarrollo. La fractura no es entre derecha e izquierda, sino entre la sociedad y la política institucional. Esto ha llevado a que la sociedad chilena no espere nada de la política, que aparece crecientemente ante ella como el negocio de una clase.
El proceso constituyente era una manera de enfrentar esa fractura y, entonces, comenzar a repararla. Al cerrarse sin éxito, nos dejó con la misma crisis, ahora sumergida, y sin vías de solución. Pero la negación es la más predecible de las respuestas humanas, como decía la IA que construyó The Matrix. Por eso, la política institucional ha sido incapaz de verla: una semana antes del estallido, el Presidente celebraba que Chile era un oasis de tranquilidad y estabilidad, y desde septiembre de 2022 nos dicen que todo eso no fue más que un paréntesis de irracionalidad, un “delirio” y “extravío” que afortunadamente fue cerrado, para poder volver al oasis, business as usual.
Como parte de lo anterior, hoy se le atribuye a la propuesta constitucional rechazada hace cuatro años cualquier tontera que resulte oportuno atribuirle. Ahora conviene decir que era “liberal” porque concentraba el poder en una sola cámara”, dijo el director de un centro de estudios que presume de saber sobre liberalismo, o porque permitía la reelección presidencial inmediata, dice el mismo exconvencional que firmó una iniciativa de norma constitucional que autorizaba la reelección presidencial por una sola vez. Y haber apoyado esa propuesta se invoca hoy como razón para excluir a alguien de la discusión pública, al menos hasta que, como lo hemos visto recientemente, haga contrición y se arrepienta para ser readmitido.
Y como la fractura entre sociedad e institucionalidad política sigue ahí, ahora sin caminos de solución, la discusión política la trata con la filosofía de Ramón Barros Luco: que los problemas de la vida no tienen solución o se solucionan solos.
Salvo el Gobierno, que parece entender las oportunidades que esta situación le abre.
Fernando Atria
