El caso de Mariana Sepúlveda volvió al centro de la atención pública después de que un hombre de 42 años se presentara ante Carabineros y afirmara presuntamente haber participado en la desaparición de la joven hace 18 años.
Sepúlveda tenía 19 años cuando desapareció, el 28 de agosto de 2008, luego de salir desde su domicilio en Conchalí rumbo al colegio. Nunca llegó al establecimiento ni al punto donde debía encontrarse con una amiga. Desde entonces, su familia ha buscado establecer qué ocurrió con ella.
El nuevo antecedente abrió una serie de diligencias encabezadas por la Fiscalía Centro Norte y el OS-9 de Carabineros, donde se busca determinar si el relato entregado por el hombre es verídico y si coincide con evidencia que permita establecer qué ocurrió con la joven.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que permanece pendiente: las herramientas con que cuenta actualmente el Estado para reaccionar ante una denuncia por desaparición. Con ello, surgieron cuestionamientos a la implementación efectiva de la Ley 21.500, conocida como la "Ley de Extraviados".
La normativa fue promulgada en octubre de 2022 con el objetivo de establecer un proceso unificado para la búsqueda de personas desaparecidas y crear un sistema informático interconectado entre instituciones que permita centralizar, organizar e interoperar información para orientar las diligencias de búsqueda.
El diseño contempla la participación de instituciones como Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, además de organismos colaboradores como el Servicio Médico Legal (SML) y el Registro Civil.
El reglamento que regula el funcionamiento del sistema fue publicado en diciembre de 2023. En él se establece que el sistema informático interconectado será administrado por Carabineros.
Sin embargo, la existencia de la ley y su reglamento no se ha traducido todavía en la plena operación de la plataforma, ya que un artículo transitorio que detalla que el Sistema Informático Interconectado de Búsqueda de Personas Desaparecidas debe ser "diseñado y ejecutado por Carabineros de Chile, con especial consideración a los datos contenidos en la plataforma denominada Sistema de Personas Extraviadas SISPEX".
De hecho, a fines de 2024 la ex administración de Gabriel Boric, a través de la subsecretaria de Prevención del Delito de ese entonces, Carolina Leitao, había comprometido que el sistema interconectado comenzaría a operar durante 2025, antes de dejar el gobierno.
Entre las dificultades que habían sido reportadas para su implementación se encontraban aspectos tecnológicos y operativos, pero al mes de septiembre de 2026, todavía no se tiene un plazo concreto para que se implemente el sistema.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad, la fecha comprometida para la finalización del sistema es la primera semana del próximo mes de octubre.
"Falta de deberes del Estado"
En conversación con Emol, la diputada Marisela Santibáñez (Ind.), una de las parlamentarias que es autora de la normativa, cuestionó el retraso en su puesta en marcha.
La parlamentaria aseguró que la situación "es bien frustrante" dado que "es una ley que debería estar a disposición de la ciudadanía completa porque ya es ley y cuenta con reglamento, siendo publicada en el Diario Oficial. Hay muchas leyes que duermen porque no tienen reglamento. Esta sí tiene reglamento, lo que faltaba era un protocolo. Ese protocolo lo vengo pidiendo desde, bueno, desde que la ley se publica con un gobierno que era mi Gobierno".
"Si usted piensa en Tomás Bravo, en Julia Chuñil, en María Ercira, el mismo caso que estamos nombrando (Mariana Seúlveda), son casos que deberían estar resueltos con el protocolo que nosotros hicimos en esta ley. Entonces, cuando cuando pasa este tipo de situaciones, uno ya no tiene cómo contestar", sostuvo la parlamentaria.
En ese sentido, emplazó al ex Presidente Gabriel Boric y señaló: "Cuando se crea el Ministerio de Seguridad con la ex subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Leitao, hay un compromiso que en el último semestre del gobierno esto entraba en vigencia, pero no se cumplió (...) Yo le pregunto al ex Presidente Boric, si fuera su mamá, si fuera su abuela. Y lamentablemente no hubo compromiso".
La diputada aseguró que "la explicación que tengo yo del retraso es que había un desorden tal, porque este proyecto es una es una red que va conectada entre las policías: PDI, Carabineros; el Servicio Médico Legal y el Registro Civil. Entonces, en todo Chile hace match si tú encuentras un cuerpo en Arica y hay un desaparecido en Valdivia. Eso hoy día no tienes cómo hacerlo, por eso hay familias que han encontrado cuerpos después de siete años".
"Por ejemplo, en el caso de María Ercira, donde tenemos a la nieta que es Carla, o las hijas de la concejala desaparecida, no tienen el conocimiento de que esto es una falta a los deberes y que sus sus parientes desaparecidos están amparados por una ley que no está plenamente en vigencia, pero que es una ley", subrayó Santibáñez.
La diputada afirmó que "esto es una cuestión sensible, con un apoyo absolutamente transversal y con una votación unánime (...) Hay una falta de, ni siquiera de empatía, sino que aquí hay una falta de los deberes".
"Al gobierno que le toque asumir, esto es una falta de los deberes del Estado, y gobierno que pase tiene que hacerse cargo", cerró la parlamentaria independiente.
También la diputada Joanna Pérez (Demócratas) mencionó que "esta es una ley muy sensible, que trabajamos como moción junto a diputados y diputadas. Lamentablemente, no todos los servicios han estado a la altura de su implementación, porque se requiere la elaboración de reglamentos y una interoperabilidad que necesita la concurrencia de distintas instituciones".
"Creo que ha faltado trabajo y coordinación en esta materia. Por eso, junto a la diputada Marisela Santibáñez, vamos a iniciar una serie de diligencias para que esta ley pueda implementarse y cumplirse adecuadamente", sostuvo.
La parlamentaria añadió que "son muchas las personas que se extravían, tanto en tierra como en el mar, y necesitamos la concurrencia y coordinación del Ejecutivo y de todos los organismos involucrados para que esta ley funcione como corresponde".
Por su parte, el también promotor de la norma, el exdiputado Pablo Kast, indicó que "es una ley correcta en términos de su enfoque y redacción, recoge bien las diversas situaciones y contextos que ocurren en los múltiples casos", pero advirtió que "ha fallado parcialmente en la operación humana y técnica de su aplicación, depende de sistemas y procesos que no siempre dan el ancho".
Para el exparlamentario, hay problemas en su operación como que "falla en la implementación del sistema informático interconectado, que no ha tenido un delegado responsable en su implementación y no se ha logrado. Los casos con mayor tasa de resolución son aquellos que asignan a un responsable directo (persona o unidad) a cargo del protocolo interinstitucional, que hace las primeras diligencias críticas, lo que tampoco siempre se cumple".
"También creo que quedamos cortos en la ley, con el mandato de prioridad a los fiscales que asumen la investigación en los casos de desaparición", apuntó Kast.
