En prisión preventiva quedarán tres de los siete imputados acusados de conformar una organización dedicada al secuestro extorsivo en la Región Metropolitana, haciendo pasar por falsos funcionarios de la Policía de Investigaciones.
En concreto, la Fiscalía Supraterritorial, entidad a cargo de la investigación, solicitó al tribunal la medida cautelar más gravosa que es la privación de libertad. De los siete imputados, tres optaron por no discutir dicha medida: el exfiscal Vinko Fodich, el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi, primo de Franco Parisi.
"La audiencia por un tema de programación del tribunal llegó hasta una vez que solicitamos la medida cautelar de prisión preventiva y fundado la misma. Luego de aquello, tres de las defensas anticiparon que no harían alegaciones de fondo en relación a la medida cautelar solicitada. De alguna manera, se allanaron por el momento, según sus propias palabras, a la medida cautelar de prisión preventiva", dijo el fiscal Miguel Ángel Orellana, quien agregó que
"creemos con bastante fuerza, los antecedentes que permiten establecer la existencia del delito respecto de todos ellos y la participación que a cada uno en los hechos"
La Fiscalía Supraterritorial presentó cargos por asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión. "Pero además hay una serie de delitos vinculados que tienen que ver con tenencia ilegal de arma de fuego, de municiones, tenencia ilegal de fuegos artificiales, entre otros; además de la usurpación de uno de los imputados en calidad de funcionario público particularmente como funcionario de la PDI", subrayó Orellana.
El persecutor planteó que la prisión preventiva se hace necesaria dada la "plena conciencia de que el plan criminal de esta organización suponía la participación de funcionarios de la PDI. Y lo que se resaltó como justificación es que una organización como la PDI sea utilizada para cometer estos delitos resultaba riesgoso".
Ahondó en la importancia de "levantar la alerta sobre este punto. Porque hoy día los fenómenos como la extorsión o el secuestro son un problema muy relevante en Chile. Y en países que quieren cuidar su institucionalidad y su democracia es muy importante perseguir de manera implacable cuando personas se desvían de las consignas de sus propias instituciones encargadas de perseguir la extorsión, de perseguir el secuestro. Por lo mismo, lo utilizamos como un argumento importante para entender que en la naturaleza los delitos cometidos eran muy relevantes a la hora de tomar una determinación para decretar una prisión preventiva".
Sobre el rol de exfiscal Fodich en esta causa, Orellana comentó: "Creo que la discusión acerca del ser fiscal... somos todos abogados. Los integrantes del Poder Judicial, de la Defensoría, del Ministerio Público. Esa es nuestra profesión. Ser fiscal es un oficio que tiene una ética distinta. Tenemos nuestros propios códigos de ética, nuestras propias reglamentaciones. Nosotros hoy día no estamos formalizando a un exfiscal. No hay nadie del Ministerio Público formalizado ni investigado por este hecho. Vinko Fodich es un imputado que hace muchísimos años no forma parte del Ministerio Público y que los delitos que cometió en nada tienen que ver con el hecho de que alguna vez haya formado parte del Ministerio Público".
Solicitud de la PDI
En la formalización, un abogado que representó a la PDI, pero no a los imputados, hizo llegar la solicitud del director general, Eduardo Cerna, quien pidió que los ahora tres exfuncionarios no cumplan prisión preventiva en un recinto policial.
"Por las razones expresadas, vengo en comunicar a usted, la opinión negativa del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile respecto al cumplimiento de una eventual medida cautelar de prisión preventiva en dependencias de la Policia de Investigaciones de Chile, por tratarse de hechos que no son propios del servicio y de la función policial, se trata de delitos de suma gravedad, y que pugnan absolutamente con la doctrina institucional", sostuvo el jurista.
Sin embargo, el magistrado se opuso a tal petición. Desde la PDI señalaron que "la solicitud del director general se fundamenta en el artículo 23 del D.L. N.º 2.460, que permite que funcionarios privados de libertad por hechos ajenos al servicio permanezcan en cuarteles institucionales solo a petición del Director General. En este caso, se comunica expresamente que dicha autoridad no ha solicitado ni solicitará que los exfuncionarios cumplan una eventual prisión preventiva en dependencias de la PDI, debido a que los hechos imputados no son propios del servicio, constituyen delitos graves y son incompatibles con la doctrina institucional".
