Chile se está alejando del promedio de la OCDE en materia de confianza institucional.
Así lo consignó el último informe del Estudio Pivotes, centro de incidencia pública que advirtió que mientras la confianza en los gobiernos centrales del bloque se mantiene en torno al 40%, en Chile cayó desde 30,4% en 2023 a 25,7% en 2025 según el estudio, realizado a partir de la última Encuesta sobre Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas de la OCDE.
El análisis muestra que Chile presenta los niveles más bajos de confianza de toda la OCDE tanto en los funcionarios públicos del Gobierno Central como en el Congreso Nacional.
Solo 20% de las personas declara confiar en los funcionarios públicos, frente a un promedio de 45% en el bloque, mientras que la confianza en el Congreso alcanza apenas 16%. Los partidos políticos, en tanto, registran 11% de confianza.
La brecha también es significativa en la percepción sobre el sistema de justicia. Solo 24% de las personas afirma confiar en los tribunales y el sistema judicial, en comparación con el 54% promedio de la OCDE. Se trata de una diferencia de 30 puntos porcentuales, la mayor distancia que exhibe Chile respecto de los países miembros.
Aunque las Fuerzas Armadas y las policías se ubican entre las instituciones mejor evaluadas, con 55% y 49% de confianza, respectivamente, ambas cifras permanecen bajo los promedios registrados por la OCDE. El resultado refleja que el deterioro no se limita a las instituciones políticas, sino que alcanza de manera transversal la relación entre la ciudadanía y el Estado.
De acuerdo a lo analizado, la institución advirtió que mientras la confianza en los gobiernos centrales del bloque se mantiene en torno al 40%, en Chile cayó desde 30,4% en 2023 a 25,7% en 2025.
El estudio también advierte que esta desconfianza se expresa en la experiencia cotidiana de las personas con los servicios públicos. La satisfacción con los trámites administrativos disminuyó de 51% a 48%, lejos del 68% promedio de la OCDE. En educación, la satisfacción subió levemente desde 41% a 43%, pero sigue por debajo del 60% que registra el bloque. En salud, la evaluación pasó de 33% a 34%, mientras el promedio OCDE llega a 54%.
A ello se suma que solo 36% de las personas considera que sus solicitudes ante el Estado reciben un trato equitativo, frente a un 53% promedio en los países de la OCDE. El mismo porcentaje cree que los servicios públicos mejorarían si muchas personas presentaran reclamos, lo que evidencia una percepción limitada de capacidad de respuesta y corrección por parte de las instituciones.
El documento sostiene que la confianza no depende únicamente de los resultados de las políticas públicas, sino también de la forma en que se toman las decisiones. Las personas confían más cuando perciben que las autoridades actúan con información suficiente, escuchan a distintos sectores, rinden cuentas por sus decisiones y cuentan con mecanismos para evaluar resultados y corregir errores.
En el caso chileno, el diagnóstico de Pivotes apunta especialmente a debilidades en la capacidad de ejecución y respuesta del Estado, así como a problemas de transparencia en los procesos de decisión pública. El estudio plantea que estas falencias tienen un impacto directo en la percepción ciudadana sobre la legitimidad y eficacia de las instituciones.
