Arturo Squella y Andrés Longton.
Ya tiene forma la propuesta de los senadores Arturo Squella (Rep) y Andrés Longton (RN) sobre la reforma constitucional de seguridad, para la comisión de Constitución del Senado.
Los parlamentarios oficialistas fueron encomendados por el gobierno a elaborar un diseño de proyecto que tenga viabilidad tanto en la comisión, que comparten con Pedro Araya (PPD) -presidente-, Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC), pero también, en el pleno del Senado, donde la propuesta requiere 29 votos favorables para su idea de legislar.
El itinerario de los legisladores apunta a retomar las conversaciones sobre la reforma al retorno de las Fiestas Patrias, con la idea de pedirle a Araya que habilite la discusión para la primera semana de octubre.
A esta altura, las modificaciones que plantean al proyecto del gobierno supone un cambio radical: Los senadores están por claudicar en la idea del Ejecutivo de crear un quinto estado de excepción constitucional.
Cabe recordar que el gobierno propuso al Congreso la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de "Seguridad Pública", que pudiese ser decretado por el Presidente sin pronunciamiento del Congreso, por 120 días, y con la posibilidad de prorrogarlo por otros 120 días más.
Esto bajo dos situaciones: Ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública y cuando la seguridad pública ya haya sido gravemente afectada.
En la propuesta, el gobierno contemplaba además la intercepción, apertura, registro de documentos y toda clase de comunicaciones dentro del territorio en el que estuviera vigente la herramienta.
En contraste, la fórmula de Longton y Squella busca modernizar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que ya existe, en orden de incluir una nueva hipótesis de amenazas de grave alteración a la seguridad. Vale decir, dejar las causales de seguridad pública como un acápite.
Además, los senadores dejan caer la interceptación telefónica, que el gobierno había defendido incluso tras abrirse a los cambios del Congreso. "Hoy día interceptar un teléfono, la verdad es que no es tema, la gente cambia el teléfono cada 10 minutos, si no cuesta nada, es algo digital que se va haciendo. Tengo que sacar una nueva orden", comentó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el pasado 21 de agosto, en "Impulsa" 2026 de CPC Biobío.
Sobre la propuesta, Squella comentó que "consiste en dar con una redacción que se haga cargo de las aprensiones que han presentado algunos parlamentarios, recogiendo íntegramente el propósito buscado por el ministerio de seguridad con la reforma constitucional".
"Creo que con el texto que propondremos se logra íntegramente el objetivo", aseveró.
Conocedores de los cambios que se proponen a la reforma, avizoran una buena recepción por la comisión de Constitución. Sí proyectan un rechazo de la senadora Pascual (PC), y es que pese a que en el oficialismo hay una buena opinión sobre el criterio de la parlamentaria para juzgar los proyectos, ven complejo que pueda allanarse a aprobar esta iniciativa del gobierno.
Como sea, tanto al Ejecutivo como al oficialismo les inquieta el posible desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, con quien cuentan para acortar la distancia a los 29 votos que necesitan para aprobar la reforma.
Este lunes, en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, se desarrolló la audiencia para discutir la nueva solicitud que realizó el Ministerio Público para desaforar al senador y exdiputado, por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco.
