Las comisiones especiales investigadoras son una de las principales herramientas de fiscalización con que cuenta la Cámara de Diputadas y Diputados respecto del Ejecutivo.
Su objetivo es reunir información y antecedentes sobre determinados actos del Gobierno vinculados a un asunto específico de interés público, con el propósito de esclarecer hechos y evaluar eventuales responsabilidades o deficiencias en la actuación de la administración. Sin embargo, no siempre logran alcanzar su objetivo y pueden quedar entrampadas por distintas razones.
De acuerdo con la información entregada por la Cámara, cada comisión está integrada por 13 diputadas y diputados y su creación requiere el acuerdo de al menos 2/5 de los parlamentarios en ejercicio. Una vez constituidas, tienen un plazo de funcionamiento de 60 días, que puede ser prorrogado.
Su utilidad radica principalmente en la posibilidad de concentrar la fiscalización parlamentaria en un caso determinado, solicitar antecedentes, recibir a autoridades y otras personas vinculadas a los hechos y reunir información que permita elaborar un diagnóstico sobre la materia investigada.
Su trabajo está acotado al objetivo específico para el cual fueron creadas: no pueden extender su investigación a materias ajenas al mandato aprobado, incluso si existe unanimidad entre sus integrantes.
Actualmente, la Cámara registra siete comisiones especiales investigadoras en curso, que abordan materias que van desde el uso de bots, redes sociales e inteligencia artificial en procesos políticos y electorales hasta el control migratorio de niños, niñas y adolescentes extranjeros.
Entre ellas se encuentra la relativa a determinados actos del Gobierno relacionados con el conocimiento, prevención, detección y fiscalización del uso de bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica de plataformas digitales y redes sociales, además de herramientas de inteligencia artificial, desde 2020. La comisión ya fue aprobada, pero aún debe constituirse.
También está la CEI que busca reunir antecedentes sobre los actos del Gobierno relacionados con el funcionamiento, regulación, supervisión y fiscalización del mercado de vales y tarjetas de alimentación y vestuario, en el contexto del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica por presuntas conductas colusorias en ese mercado.
Otra CEI recaba antecedentes sobre los mecanismos de supervisión, control, licitación, adjudicación, ejecución y pago del Programa de Alimentación Escolar administrado por Junaeb, a nivel nacional, durante el período 2019-2024.
A estas se suman la comisión relativa a determinados actos del Gobierno en materia de seguridad pública y prevención del delito durante la gestión de la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert, y la instancia que aborda la concesión de autopistas y la determinación de peajes y TAG.
También está la CEI enfocada en reunir antecedentes sobre el control migratorio de niños, niñas y adolescentes extranjeros en el marco de procedimientos de reunificación familiar. Por su parte, otra instancia investiga las discrepancias en las cifras de producción de Codelco durante 2025.
Cuando la fiscalización queda limitada
Pese a que las comisiones investigadoras cuentan con herramientas para reunir información y esclarecer los hechos que son objeto de indagación, su efectividad también depende de la posibilidad de acceder a los antecedentes y de contar con la participación de las personas convocadas.
Quienes son citados pueden excusarse cuando exista una razón válida, lo que puede dificultar que las instancias obtengan testimonios o información considerados relevantes. A esto se suma que las comisiones cuentan con un plazo determinado para funcionar y deben elaborar y votar un informe con los antecedentes que hayan logrado reunir hasta la fecha límite.
Por ello, cuando personas clave no concurren o los oficios enviados no son respondidos, la capacidad de la comisión para cumplir con el objetivo para el cual fue creada puede verse restringida.
Un ejemplo de estas limitaciones fue la comisión investigadora constituida para abordar determinados actos del Gobierno destinados a la contención, prevención y control de actos y hechos de violencia ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2026, que ya concluyó su trabajo.
La instancia realizó 11 sesiones e invitó a 32 personas, de las cuales 17 asistieron. Además, envió 65 oficios y recibió solo 10 respuestas utilizables, mientras que otras dos tuvieron carácter reservado.
La comisión cerró su trabajo sin lograr identificar quiénes instigaron los hechos de violencia, pese a que ese era uno de los objetivos que se había planteado. Aun así, aprobó el informe propuesto por el Partido Nacional Libertario (PNL), que puso el foco en "excesivos incumplimientos" del gobierno de Sebastián Piñera y planteó quitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la facultad de presentar querellas.
En ese momento, la diputada Lorena Pizarro (PC) cuestionó el resultado y apuntó precisamente a la necesidad de que estas instancias cumplan de manera rigurosa su función fiscalizadora.
"La Cámara de Diputadas y Diputados tiene que ser rigurosa en relación al rol que cumple con estas comisiones especiales investigadoras. No puede ser que tengamos una cantidad de invitados que nunca entregaron pruebas respecto de lo que significó el estallido social del 2019. Me parece gravísimo porque, finalmente se desconoce la demanda social que con tanta fuerza levantó la gente", aseveró.
El debate sobre su utilidad vuelve a aparecer
La discusión sobre las posibilidades y limitaciones de estas comisiones volvió a instalarse esta semana luego de que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, primero asegurara que la inteligencia estadounidense contaba con información que vinculaba a organizaciones de izquierda con los disturbios registrados durante el estallido social y posteriormente precisara que esa conclusión se había construido únicamente a partir de "fuentes abiertas de información".
"No tenemos nada específico sobre personas individuales específicas; no tenemos nada específico sobre grupos. Reitero, este fue un análisis que se realizó en base a la información proveniente de su Congreso, sus académicos y su policía. De ahí provino la información", subrayó.
Frente a ello, el presidente de la comisión investigadora sobre el estallido social, el diputado Hans Marowski (PNL), planteó que la instancia no pudo avanzar en algunas de las interrogantes que permanecieron abiertas debido, entre otras razones, a la ausencia de autoridades que habían sido convocadas.
"Yo esperaría que en esta reunión con la Cancillería salieran resultados que nos permitieran tratar de avanzar un poco en lo que no pudimos en la comisión investigadora, producto de que quienes fueron autoridades de gobierno durante el gobierno de Sebastián Piñera no quisieron venir a dar su declaración, perdiendo una oportunidad única que tuvimos como Congreso para obtener una respuesta que está esperando el país durante bastante tiempo", sostuvo.
La dificultad para obtener respuestas de las autoridades también ha sido planteada en otras discusiones recientes de la Cámara.
En medio del debate sobre la interpelación al canciller por el manejo diplomático frente a las declaraciones de autoridades argentinas sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes, el diputado Gonzalo Winter (FA) cuestionó el funcionamiento de las herramientas de fiscalización.
"Si es que el gobierno no le responde a la Cámara de Diputados nunca ningún oficio, si es que los ministros no vienen a las comisiones, si es que los ministros en las sesiones especiales vienen pero no hablan y no nos cuentan qué está ocurriendo. ¿Cómo puede la Cámara de Diputados llevar su rol fiscalizador?", planteó.
