A un paso de convertirse en ley se encuentra la reforma al sistema político. Sin embargo, la iniciativa, que estaba prevista para ser votada este martes en la Sala del Senado y posteriormente revisada el miércoles por la Cámara de Diputadas y Diputados, finalmente no será sometida a consideración de los parlamentarios en esas fechas.
El proyecto, impulsado originalmente en 2025 por el entonces ministro del Interior Álvaro Elizalde, busca introducir modificaciones al funcionamiento de los partidos políticos, las candidaturas independientes y la organización del Congreso.
La iniciativa llegó a esta instancia tras el trabajo de la Comisión Mixta, que alcanzó un acuerdo unánime respecto del último punto pendiente: la incorporación de una declaración de principios que deberán cumplir las colectividades políticas. El texto establece que los partidos deberán condenar los sistemas totalitarios, rechazar el uso, promoción o incitación a la violencia como método de acción política y manifestar un compromiso con la probidad y la transparencia.
Sin embargo, fuentes al interior del Senado aseguran que la decisión de postergar la votación se tomó debido a las discrepancias surgidas en torno a la resolución de la Comisión Mixta, a lo que se suma la ausencia de senadores que actualmente se encuentran en Estados Unidos acompañando al Presidente de la República.
Mientras el proyecto no sea puesto en tabla de la Sala, basta con un acuerdo de los comités para reabrir la Comisión Mixta y revisar nuevamente el informe antes de someterlo a votación.
En ese contexto, la intención sería modificar la redacción de la disposición relativa a la condena de los sistemas totalitarios, de manera que quede formulada en los mismos términos en que se encuentra actualmente en la Constitución, con el objetivo de evitar eventuales errores de interpretación.
De esta forma, la idea de la mesa del Senado es que la Comisión Mixta pueda votar un nuevo informe este miércoles y que, una vez despachado, la iniciativa sea puesta en tabla de la Cámara durante la próxima semana.
El artículo pendiente requiere 26 votos favorables en el Senado y 78 en la Cámara. En caso de no conseguir los respaldos necesarios, esa disposición sería eliminada, mientras que el resto de la reforma continuaría su tramitación, debido a que las demás materias ya cuentan con la aprobación de ambas cámaras.
Una vez despachada por el Congreso, la iniciativa podría pasar al Tribunal Constitucional y posteriormente quedar a la espera de su promulgación por parte del Presidente José Antonio Kast.
El Ejecutivo ha dado prioridad a la reforma y el pasado 8 de septiembre renovó la suma urgencia del proyecto. No obstante, dentro de algunos sectores persisten reparos respecto de sus alcances, particularmente en relación con las nuevas exigencias para la conformación y permanencia de los partidos políticos.
Críticas a las nuevas exigencias y al efecto sobre el sistema de partidos
Desde el Partido Comunista han manifestado su distancia con algunos aspectos de la reforma. La senadora Claudia Pascual en conversación con TV Senado sostuvo que sus reparos no implican estar en contra de modificar el sistema, pero cuestionó que la propuesta pueda producir los cambios que se buscan. "Tengo todavía diferencias con esa reforma, no por no estar de acuerdo", planteó, apuntando además a los problemas de fragmentación y a la influencia del personalismo en la política.
Pascual también cuestionó la fórmula acordada en la Comisión Mixta para la declaración de principios, señalando que "lamentablemente, el informe de la comisión mixta no resuelve el problema de la divergencia, porque la actual Constitución plantea no procurar el establecimiento de un régimen totalitario, no la condena; por lo tanto, la condena es más bien una acción subjetiva".
En tanto, el histórico dirigente del partido Juan Andrés Lagos, cercano al presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, en una columna publicada en Radio Nuevo Mundo, calificó la incorporación de la condena a la violencia como método de acción política como un "mecanismo de chantaje ideológico" y sostuvo que, a su juicio, "el bloque en el poder criminaliza preventivamente la protesta social".
La diputada Nathalie Castillo, por su parte, planteó en conversación con El Mercurio que el PC está disponible para modificaciones que impliquen una mayor democracia, pero rechazó cualquier cambio que pueda significar, según su interpretación, un retroceso hacia un sistema similar al binominal.
"Como Partido Comunista sabemos muy bien lo que significa la exclusión política. Por eso hemos sido claros: estamos disponibles para todos los cambios que signifiquen más democracia, pero no para una reversa, abierta o encubierta, hacia un sistema binominal o parecido al binominal. Chile necesita más representación y pluralismo, no menos. Vamos a mirar este informe con ese criterio: que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y que cualquier cambio sea para ampliar la democracia, nunca para restringirla", afirmó.
A estos cuestionamientos se suman los del diputado Jaime Mulet (FRVS), quien sostuvo que la propuesta termina favoreciendo a los partidos tradicionales y eleva las barreras para la creación de nuevas colectividades. "Es un proyecto complejo. Diría que más bien favorece a los grandes partidos políticos que lo han propiciado, particularmente al Partido Socialista –a través del exministro Elizalde y el expresidente Boric– y con la complicidad y acuerdo de la UDI y RN", afirmó.
Mulet agregó que "en definitiva, buscan impedir o dificultar la existencia de nuevos partidos al establecer un mayor número de afiliaciones para comenzar y un mayor número de regiones". En esa línea, cuestionó que los partidos regionales deban reunir presencia en ocho regiones y sostuvo que "los partidos regionales desaparecen porque ahora no se puede iniciar con tres regiones, sino que se necesitan ocho. O sea, eliminan la posibilidad de partidos regionales, lo que obviamente no nos gusta. Además, eleva las barreras para constituir un partido".
El parlamentario también criticó que el proyecto no incorpore mecanismos para abordar el cambio de partido de los legisladores. "Creo que no es una buena ley para la democracia. Faltaron elementos muy importantes en esta ley, por ejemplo, para evitar la fragmentación no existe un método para sancionar a los parlamentarios que se cambian de partido. Entonces, una de las cosas más fundamentales no se aprobó, más bien favorece a los actuales partidos y a los grandes", afirmó.
Y añadió: "Hay que permitir que se constituyan nuevos partidos y que haya competencia. Esta ley carteliza la política. Es un mal proyecto, es incompleto, pero mi impresión es que se va a aprobar porque, obviamente, los grandes partidos están a disposición de ello. Pero a nosotros no nos gusta".
Los principales cambios que contempla la reforma
Entre las modificaciones que plantea el proyecto se encuentran nuevas condiciones para constituir y mantener partidos políticos.
Se elimina la posibilidad de conformarlos a partir de tres regiones contiguas y se establece como requisito contar con presencia en al menos ocho regiones, además de reunir afiliados equivalentes al 0,3% del padrón electoral definitivo en cada una de ellas. Las colectividades actualmente constituidas tendrán 18 meses para actualizar sus afiliaciones.
La iniciativa también establece que solo los partidos con representación parlamentaria podrán acceder a financiamiento público. En materia de candidaturas independientes, dispone que estas no podrán superar el 50% de las candidaturas que presente un partido para la Cámara de Diputados o el Senado, mientras que las firmas requeridas para postular deberán calcularse sobre la totalidad del padrón electoral y no sobre la votación de elecciones anteriores.
Otro de los cambios apunta al funcionamiento del Congreso, mediante el reconocimiento legal de los comités parlamentarios. Sus jefaturas podrán organizar los pareos, reemplazos y sanciones internas, aunque estas atribuciones no podrán impedir que un legislador vote, presente proyectos o ejerza sus demás facultades constitucionales.
En paralelo, existen diferencias entre las colectividades respecto de las nuevas exigencias para permanecer vigentes. La norma establece un mecanismo que considera un piso de afiliación equivalente al 0,15% de los electores que participaron en la última elección de diputados en cada región, con un plazo de 18 meses para cumplirlo.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la discusión, algunas colectividades quedarían bajo el umbral de riesgo, mientras otras deberían incorporar un número mayor de militantes para alcanzar los requisitos.
