La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje del Ejecutivo, que buscaba ampliar el plazo de detención para hacer efectiva la ejecución de expulsiones administrativas.
La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a un voto del quórum requerido para su aprobación. Al tratarse de una reforma constitucional que modifica el artículo 19 N°7 de la Carta Fundamental, se necesitaban 89 respaldos, equivalentes a cuatro séptimos de los integrantes de la Cámara.
El resultado significó un traspié para el Ejecutivo, luego de que uno de los diputados que había comprometido su respaldo en Sala, José Montalva (PPD), finalmente no votara. A ello se sumó que seis diputados del PDG y Marcos Ilabaca (PS) optaron por no respaldar la iniciativa y abstenerse.
Por otro lado, fuentes al interior de la Cámara confirmaron que los permisos de los diputados Stephan Schubert (Republicanos) y Felipe Ross (Republicanos) para acompañar al Presidente a las Naciones Unidos ingresó tarde, afectando el quorum.
Tras la votación, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, abordó las dificultades para asegurar los respaldos necesarios y sostuvo que "ese trabajo se hace se hace rigurosamente, minuciosamente, pero cuando llega el momento de votar, hay personas que o no están en la sala o simplemente cambian su voto. Yo creo que frente a eso, imponderable, es muy, muy difícil poder tomar medidas adicionales que nos permitan asegurarle un costo".
"Siempre, siempre estamos revisando nuestro trabajo y siempre estamos viendo cómo lo podemos mejorar", agregó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó que el Ejecutivo continuará trabajando para reunir los votos necesarios y avanzar en su agenda contra la delincuencia. "Vamos a seguir trabajando para, en el futuro, poder lograr las votaciones necesarias para seguir avanzando en la agenda contra la delincuencia. Acá había un tema de orden práctico, que era aumentar el plazo que tenían las policías para poder retener a migrantes, ejecutar o verificar las expulsiones, y también una situación especial en materia de extradición, en que se amplía un plazo que ya está contemplado en el artículo 127 bis del Código Penal. Es un tema de orden práctico, más que de fondo, que busca evitar que se entorpezca la expulsión de migrantes ilegales y también la correcta extradición de personas".
En esa línea, el secretario de Estado agregó: "Vamos a seguir trabajando, yo no voy a personalizar nada y vamos a seguir trabajando".
¿Qué pasa ahora con el proyecto?
El rechazo en general de un proyecto en su Cámara de origen implica, como regla general, que no puede renovarse sino después de un año. Sin embargo, la Constitución establece una excepción para los proyectos de iniciativa presidencial: el Mandatario puede solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si esta lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, la iniciativa retorna a la Cámara de origen.
En ese escenario, esta última solo puede rechazarlo definitivamente si también reúne los dos tercios de sus miembros presentes.
Por tratarse de un proyecto iniciado por el Ejecutivo, esta vía de insistencia presidencial está contemplada. No obstante, el Gobierno actualmente no cuenta con los dos tercios requeridos en el Senado para que la iniciativa pueda avanzar por esa alternativa.
El contenido de la reforma
El proyecto buscaba modificar la Constitución para ampliar el plazo durante el cual una persona extranjera que tiene una orden de expulsión puede permanecer detenida, con el objetivo de facilitar y hacer efectiva la ejecución de dicha medida. Actualmente, el plazo máximo es de cinco días; la propuesta permitía que la ley estableciera un período de entre cinco y 60 días, con la posibilidad de renovarlo por otros 60 días hasta en dos oportunidades.
La iniciativa planteaba que las extensiones debían ser fundadas y contar con mecanismos de impugnación judicial. Además, establecía que el Ejecutivo debía presentar, dentro de los seis meses posteriores a la eventual publicación de la reforma constitucional, un proyecto para adecuar la Ley de Migración y Extranjería a las nuevas disposiciones.
El fundamento del Gobierno era que los cinco días actuales no serían suficientes para completar tareas como identificar y localizar a la persona, notificar la expulsión, obtener documentos de viaje, coordinar con las autoridades del país de destino, gestionar pasajes y realizar el traslado. El proyecto, por tanto, no fijaba directamente una detención de 180 días, sino que habilitaba constitucionalmente a la ley para establecer un plazo de hasta 60 días, renovable hasta dos veces.
