La decisión del Gobierno de adherir al "Escudo de las Américas", iniciativa impulsada por Estados Unidos para coordinar esfuerzos contra el crimen organizado transnacional, generó este martes reacciones contrapuestas entre parlamentarios.
Mientras desde el oficialismo destacaron que se trata de una instancia de cooperación entre países para enfrentar al narcotráfico y otros delitos transnacionales, desde la oposición surgieron reparos por el alcance de la iniciativa y sus eventuales implicancias para la soberanía y la política exterior chilena.
La Cancillería informó que la incorporación busca complementar el trabajo que Chile ya desarrolla a través del Compromiso de Santiago contra la delincuencia transnacional. Según el Gobierno, la participación permitirá acceder a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis de datos, capacitación para Carabineros y la PDI y una mayor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia, Perú y otros países de la región. La declaración enfatiza que cada Estado actuará "de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales".
El anuncio se produjo luego de que el Presidente José Antonio Kast participara en la reunión del "Escudo de las Américas" en Nueva York, tras su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La instancia fue encabezada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y posteriormente contó con la participación del Presidente Donald Trump. La adhesión se concreta después de que, hasta la semana pasada, Kast había señalado que Chile se mantenía como observador de la iniciativa.
Oposición pide explicaciones y cuestiona alcance
El senador Pedro Araya (PPD) sostuvo que el Presidente deberá explicar ante el Congreso qué implica concretamente la incorporación de Chile. "El Presidente de la República tendrá que darle una explicación al Congreso Nacional y señalar con mucha claridad en qué se traduce que Chile sea parte del Escudo de las Américas. Hemos obtenido que nuestro país puede colaborar con otros Estados en materia de persecución criminal, compartir información, pero de ahí a ejercer jurisdicción en territorios que no nos corresponden, creo que no es pertinente", afirmó.
En esa línea, Araya dijo que "hubiera preferido que permaneciera como observador y que mantuviera lo que tiene hoy día en materia de tratados internacionales, de colaboración en combate al narcotráfico, con organismos internacionales, más que ingresar a una coalición que no tenemos muy claro cuáles son sus objetivos y de qué forma va a operar, y qué es lo que se le va a pedir a Chile en esta materia".
El senador Iván Flores (DC), en tanto, cuestionó la decisión y planteó dudas respecto de sus eventuales consecuencias. "La soberanía de los países es una línea que debería ser muy nítida, y con esto yo creo que la verdad es que pasamos a ser parte de un club", afirmó. A su juicio, la incorporación plantea interrogantes sobre el alcance de la coordinación y las decisiones que Chile podría adoptar dentro de la iniciativa.
"Bueno, estar dentro del Escudo de las Américas, que tiene como propósito un trabajo conjunto en contra del crimen organizado, pero también con líneas de soberanía y de decisión bien delicadas. La verdad es que ya estamos dentro, o sea, si el país firmó, yo no veo cómo van a diferenciar de no ser parte del otro grupo operativo en contra del crimen organizado, si es lo mismo", sostuvo. "No confundamos a la ciudadanía, por favor. Digámosle la verdad de lo que acaba de hacer el Gobierno", agregó.
Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Bassa planteó reparos al alineamiento de Chile con Estados Unidos. "Me preocupa, efectivamente, nuestro alineamiento con Estados Unidos, que complique nuestras relaciones diplomáticas y comerciales con Europa y con China, que son nuestros principales socios económicos, y que todo esto se haga finalmente por una decisión ideológica que no atiende a los intereses permanentes de nuestra República", afirmó.
Bassa también sostuvo que la iniciativa podría generar un acercamiento excesivo a Washington. "La Escuela de las Américas termine siendo una suerte de subyugación ideológica por parte del Presidente de la República a los intereses de naciones extranjeras, como Estados Unidos, como actualmente Argentina", señaló. En ese contexto, planteó que la política exterior chilena debería mantener una posición que, a su juicio, resguarde sus relaciones con distintos actores internacionales.
Oficialismo defiende coordinación contra el crimen organizado
Desde Renovación Nacional, el diputado Juan Carlos Beltrán defendió la decisión del Ejecutivo y descartó que implique una cesión de atribuciones. "Chile no está reemplazando su institucionalidad ni entregando sus atribuciones a otro país; todo lo contrario, está sumando unidad y cooperación internacional al trabajo que ya impulsa mediante el Compromiso de Santiago, porque enfrentar redes criminales transnacionales exige compartir información y capacidades entre Estados", sostuvo.
El diputado Luis Sánchez (Republicanos) calificó la adhesión como "una buena noticia" y destacó la posibilidad de coordinar estrategias con otros países de la región. "La lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo, el narcotráfico debe ser conjunta entre los distintos países de América. Sabemos que los problemas en nuestra frontera, en los distintos países, no es algo exclusivo de Chile. Y el narcotráfico se pasa por nuestras fronteras, y la mejor forma de combatir esto es por estrategias conjuntas", afirmó.
Sánchez sostuvo que la coordinación debería permitir fortalecer el control fronterizo y las capacidades policiales. "Espero que la adhesión a este plan y el trabajo en conjunto con otros países pueda servirnos para, como nación soberana que somos, como país que somos Chile, podamos fortalecer el control de nuestras fronteras, fortalecer el apoyo de nuestras policías, dotarlas de todas las herramientas y medios que necesitan para esta lucha", planteó.
Asimismo, rechazó que la participación implique una pérdida de soberanía. "Esto no afecta la soberanía, ni de nuestro país ni de ningún otro, porque ese trabajo conjunto, ese trabajo coordinado, parte de la base de que cada una de las naciones soberanamente adhiere a esa coordinación, a ese trabajo coordinado".
El senador Rodolfo Carter (independiente-Republicanos) también defendió la incorporación y sostuvo que no implica una subordinación a la administración de Donald Trump. "En ningún caso significa una subordinación respecto de un Presidente que, además, nos podrá costar más o menos. Podremos estar más o menos de acuerdo con el tono que utiliza el Presidente Trump de vez en cuando. Pero la gran ventaja que tiene la democracia americana es que cada cuatro años, el primer martes de noviembre, renueva su democracia", señaló.
Carter planteó que el foco debería estar en la cooperación permanente entre Estados y en el combate al crimen organizado. "Lo importante es la relación permanente con Estados Unidos, y no con un Presidente temporal como el Presidente Trump", sostuvo. En esa línea, llamó a la oposición a "no politizar esta discusión" y cuestionó las críticas que, a su juicio, reducen la iniciativa a la relación personal con el Mandatario estadounidense.
