La reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención para hacer efectiva la expulsión administrativa de extranjeros fue rechazada este martes por la Cámara de Diputadas y Diputados, en un resultado que significó un traspié para el Ejecutivo. La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a solo un voto de los 89 necesarios para alcanzar el quórum de cuatro séptimos.
El desenlace estuvo marcado por distintos factores. Entre ellos, diputados que habían manifestado su disposición a respaldar el proyecto y que finalmente no votaron o se abstuvieron, la oposición del Frente Amplio y el Partido Comunista, y la situación de parlamentarios oficialistas que se encontraban fuera del país y cuyos permisos no alcanzaron a producir una rebaja del quórum.
La jornada también abrió un flanco para la coordinación legislativa del Ejecutivo, particularmente respecto del trabajo de la Secretaría General de la Presidencia. El ministro José García Ruminot defendió las gestiones realizadas, mientras desde sectores oficialistas surgieron cuestionamientos a la forma en que se hizo seguimiento de los respaldos.
A partir de la votación y de la trastienda conocida posteriormente, son al menos cinco los elementos que quedan sobre la mesa para el Gobierno y su agenda legislativa.
1. En Sala los compromisos no siempre se respetan
Uno de los principales elementos que dejó la votación fue la dificultad de dar por asegurados apoyos opositores antes de que estos se materialicen efectivamente en la Sala.
El caso más evidente fue el del diputado José Montalva (PPD), quien durante el debate había anunciado que respaldaría la iniciativa. "Yo voy a votar a favor de este proyecto solamente para no dar la justificación de que he aquí el problema de que Chile no haga las expulsiones en el tiempo y forma como debe hacer y como los chilenos esperan que se haga", había señalado.
Pero Montalva no emitió su voto. Posteriormente explicó que seguía estando a favor de agilizar las expulsiones, pero que tenía reparos respecto del contenido de la reforma.
Una situación similar se produjo con el diputado Patricio Pinilla (DC), quien en el debate anunció que "el Estado tiene que contar con herramientas para poder manejar de mejor manera el control migratorio. Nuestro deber como diputados y parlamentarios es dársela. Por eso votaré a favor de este proyecto con estas consideraciones". Pero finalmente terminó absteniéndose.
Según Pinilla, durante la discusión surgieron dudas sobre la forma efectiva en que la propuesta podía aplicarse. "Además, no habíamos obtenido ningún tipo de compromiso", afirmó.
A estos casos se sumó el del diputado Marcos Ilabaca (PS), quien había manifestado durante la discusión una disposición favorable a la iniciativa, pero terminó absteniéndose luego de ser llamado al orden por su bancada.
"No es responsabilidad de la oposición el entregarle los votos suficientes para poder aprobar este tipo de proyectos. Allí el gobierno debe asumir su amateurismo, debe asumir su poca eficiencia y el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia", justificó.
También se abstuvieron seis diputados del Partido de la Gente luego de un acuerdo que el Ejecutivo ya daba por hecho.
En la imagen: José Montalva (PPD), Patricio Pinilla (DC) y Marcos Ilabaca (PS). Crédito: Aton.
2. La agenda de seguridad no garantiza adhesión
El segundo elemento es que el carácter de seguridad de una iniciativa no garantiza automáticamente que esta consiga respaldos transversales. La reforma formaba parte de la agenda del Ejecutivo en la materia y, pese a que muchos parlamentarios manifiestan preocupación por el tema, no respaldan las iniciativas en esa línea.
En particular, los 28 votos en contra incluyeron a diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista, además de parlamentarios socialistas y otros sectores. El resultado vuelve a poner el foco, por tanto, en la necesidad de que el Ejecutivo construya las mayorías proyecto a proyecto, especialmente cuando se trata de reformas constitucionales que requieren un quórum superior a una mayoría simple.
El académico de la Universidad Autónoma Tomás Duval comentó a Emol que "si bien la agenda de seguridad se ha transformado en una suerte de caballo de batalla del gobierno, que tendría muy poco espacio las diferentes fuerzas políticas para oponerse- es un error suponer la adhesión sin más de los partidos políticos porque tanto el FA como PC han votado en contra de muchas iniciativas incluso bajo el gobierno de Boric".
En esa línea, plantea que el Ejecutivo necesita un trabajo político y legislativo más intenso para conseguir los respaldos necesarios: "Los votos oficialistas no bastan por sí solos y ahí es donde ha tendido dificultades y problemas políticos para construir las mayorías necesarias".
Por su parte, Mauricio Morales, analista político de la U. de Talca señaló que "el Gobierno parece haber confundido la prioridad ciudadana en materia de seguridad con un respaldo automático a sus propuestas en el Congreso, como si los votos le fuesen a llegar de manera natural. En este caso, el error es imperdonable, pues se trataba de una ley muy importante que fracasó por un solo voto”.
Crédito: Ministerio de Seguridad.
3. FA y PC en contra
Ligado al punto anterior, la votación dejó en evidencia las dificultades del Ejecutivo para conseguir el respaldo del Frente Amplio y el Partido Comunista en iniciativas de esta naturaleza.
Ambas colectividades concentraron una parte importante de los votos en contra de la reforma. Si bien el resultado no implica necesariamente que todos sus parlamentarios mantengan la misma posición frente a futuros proyectos, sí muestra que, en esta iniciativa, el Ejecutivo no logró sumar esos apoyos para alcanzar el quórum requerido.
"En seguridad, la agenda propuesta por la oposición no logró conectar con la ciudadanía"
María Herrera
El escenario adquiere especial relevancia si se considera que la reforma quedó a solo un voto de ser aprobada. Con una parte importante de la oposición contraria a la iniciativa, el Ejecutivo deberá evaluar qué otros sectores podrían entregarle los respaldos necesarios para alcanzar los quórums exigidos en futuras votaciones.
Mario Herrera Muñoz, analista político de la Universidad de Talca, aseveró que "la oposición hoy tiene un conflicto con los dos temas de este proyecto: seguridad y migración. En seguridad, la agenda propuesta por la oposición no logró conectar con la ciudadanía. Uno de los riesgos hoy es que rechazar proyectos implique costos en términos políticos en la explicación hacia la ciudadanía. El gobierno, naturalmente, puede reducir a las posiciones en que el rechazo a la reforma significa estar a favor de la delincuencia, lo que complica aún más a la oposición en este tema".
"El segundo riesgo es con los migrantes. Acá la oposición tiene un problema. Tienen un discurso naturalmente promigrantes e integración, pero los migrantes no votan por ellos. Eso normalmente genera descoordinaciones e inconsistencias internas. El rechazo del proyecto se debe más a la debilidad percibida sobre el ejecutivo y a una contingencia favorable que a un esfuerzo real y duradero de coordinación interna a nivel político", agregó.
En la imagen: Diputados opositores durante la votación.Crédito: Aton.
4. Segpres otra vez bajo la lupa
El resultado también abrió un flanco para la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cartera encargada de la relación del Ejecutivo con el Congreso y de la coordinación legislativa.
El ministro José García Ruminot abordó las dificultades para asegurar los respaldos y sostuvo que "ese trabajo se hace rigurosamente, minuciosamente, pero cuando llega el momento de votar, hay personas que o no están en la Sala o simplemente cambian su voto".
"Siempre, siempre estamos revisando nuestro trabajo y siempre estamos viendo cómo lo podemos mejorar"
José García Ruminot
"Siempre, siempre estamos revisando nuestro trabajo y siempre estamos viendo cómo lo podemos mejorar", agregó.
Desde Republicanos, el diputado Cristián Araya cuestionó la coordinación y planteó la necesidad de revisar los procedimientos utilizados para la votación, particularmente respecto de la rebaja del quórum. Además, afirmó que esperaba "un trabajo mucho más activo, mucho más involucrado" de la Segpres. Desde el PNL también hubo malestar.
El analista Tomás Duval sostuvo que "ha faltado fineza y precisión en los tiempos y espacios políticos para construir esas mayorías que explican el fracaso con el asunto de migraciones".
Por su parte, el analista Mauricio Morales apuntó directamente a la coordinación legislativa. "La Segpres no hizo un buen trabajo en lo que se le pide, que es anticipar el escenario, coordinar los votos y asegurar la mayoría. García Ruminot explicó que algunos respaldos cambiaron de opinión al momento de votar, pero administrar ese riesgo forma parte del trabajo político de la Segpres", afirmó.
Este no ha sido el único traspié legislativo del Ejecutivo. Hace unas semanas, el proyecto de Sala Cuna Universal fue despachado desde el Senado a la Cámara sin la propuesta de financiamiento impulsada por el Gobierno, que contemplaba cargos graduales a los empleadores mediante descuentos a los aportes al seguro de cesantía. La ausencia del senador Sebastián Keitel (Evópoli) impidió alcanzar los 26 votos necesarios para aprobar ese artículo.
Ante los cuestionamientos, el diputado Diego Schalper (RN) rechazó que la responsabilidad por los permisos de los parlamentarios ausentes recayera directamente en García Ruminot. "El ministro García no es el inspector del curso, no es la mamá a cargo de alguna persona, cada diputado tiene que tramitar su permiso constitucional", afirmó.
En tanto, el analista Mario Herrera planteó que las dificultades responden también al diseño de la agenda legislativa del Ejecutivo.
"Usualmente, los gobiernos tienen dos formas de abordar el trabajo legislativo. La primera es avanzar en función de la contingencia. Boric, por ejemplo, envió proyectos en paralelo sobre distintas materias. La estrategia de Kast, en cambio, es más parecida a la del segundo gobierno de Bachelet. Es decir, trabajar grandes reformas de manera independiente. Eso tiene un beneficio y un costo. El beneficio potencial es que ordena la agenda y la centra en el Ejecutivo", explicó.
"El costo, en cambio, es que obliga a un trabajo prelegislativo importante con su sector. En palabras simples, hoy el Gobierno está pagando los costos de su propio diseño legislativo. Al priorizar temas por sobre la capacidad de alcanzar acuerdos, se queda sin un 'plan B' en caso de que las iniciativas fallen", añadió.
En la imagen: Ministro José García Ruminot. Crédito: Aton.
