Los tropiezos legislativos del Gobierno volvieron a quedar en evidencia esta semana en la Cámara de Diputados.
A la fallida votación de la reforma migratoria, que no logró alcanzar por un voto el quórum requerido, se sumó ahora una nueva derrota para el Ejecutivo durante la tramitación de la Ley Antibarricadas 2.0, situación que vuelve a poner el foco en el trabajo de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
Aunque el proyecto fue aprobado en general por 89 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones, el Gobierno no consiguió imponerse en una de las votaciones centrales de la iniciativa. La Sala respaldó, por 72 votos a favor, 61 en contra y una abstención, una indicación del diputado Raúl Leiva (PS) que excluye de la nueva sanción a quienes se encuentren ejerciendo legítimamente su derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica.
El resultado se produce pocos días después del revés sufrido por el Ejecutivo con la reforma migratoria, que requería 89 votos y terminó con 88 respaldos, 28 votos en contra y 19 abstenciones.
Ambos episodios han abierto cuestionamientos respecto de la coordinación política y legislativa del Gobierno, así como de la capacidad de la Segpres para anticipar los escenarios de votación y asegurar los apoyos necesarios para las iniciativas impulsadas por La Moneda.
En medio de ese escenario, la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, salió en defensa del ministro de la Segpres, José García Ruminot, y cuestionó las críticas dirigidas hacia su gestión.
En entrevista con Radio 13C, la senadora sostuvo que "creo que hay una mala intención en las críticas al ministro y creo que el ministro ha hecho un gran trabajo, que ha sido un aporte al gobierno del Presidente José Antonio Kast. Tiene una trayectoria política vasta, que ayuda al Gobierno, entrega herramientas, conoce el rol de la Segpres y tiene, además, un nivel de relacionamiento, por su experiencia en el Congreso, que es precisamente lo que se necesita para sacar adelante este tipo de cosas".
Sin embargo, la senadora también reconoció dificultades en la coordinación política durante los primeros meses de la administración, afirmando que "sí creo que durante estos meses de Gobierno hemos tenido problemas políticos y descoordinaciones políticas que, efectivamente, han afectado algunos proyectos. También creo que hay equipos que es necesario reforzar en distintos ministerios y que existe un trabajo sectorial de los ministerios, particularmente en materia legislativa, que debe coordinarse muchísimo mejor".
La votación que tensionó la Ley Antibarricadas 2.0
La iniciativa modifica la Ley 21.208, conocida como Ley Antibarricadas, vigente desde 2020, que incorporó al Código Penal sanciones para quienes interrumpan completamente la libre circulación en la vía pública mediante violencia, intimidación u obstáculos.
El nuevo proyecto buscaba ampliar ese ámbito para sancionar también la obstaculización total o parcial del tránsito de personas y vehículos, además de afectar el funcionamiento regular de servicios de transporte público o privado.
La indicación presentada por Leiva introdujo una excepción al nuevo tipo de sanción: "Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable si la persona se encuentra ejerciendo su legítimo derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica".
De esta manera, una manifestación pacífica que ocupe parcialmente una calle no quedaría automáticamente comprendida en la nueva norma, pues también debería determinarse si quienes participan se encuentran ejerciendo legítimamente alguno de esos derechos.
Leiva calificó la votación como una de las principales derrotas del Ejecutivo. "Yo creo que esta es una de las principales derrotas que ha tenido el gobierno, porque insistieron y siguen confundiendo el orden público con la seguridad pública", afirmó.
El diputado sostuvo que la prioridad debería estar puesta en el crimen organizado y no en "criminalizar o penalizar la protesta pacífica de peatones que obstaculizan parcialmente el tránsito de manera pacífica".
El socialista aseguró además que la indicación había sido acordada previamente con el subsecretario Guerrero en la Comisión de Seguridad y que posteriormente el gabinete del ministro Martín Arrau intentó revertirla. "El derecho a manifestarse es consustancial al ejercicio de la democracia y no se puede criminalizar", remarcó.
La propuesta también consiguió respaldos fuera de la oposición. De acuerdo con lo planteado por Leiva, durante las conversaciones previas abordó el tema con Gloria Naveillán (PNL) y con el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), quien finalmente votó a favor. También respaldó la indicación la diputada Joanna Pérez (Demócratas), además de parlamentarios del PDG y del PNL.
