De las casi 30 mil peticiones que se registraron entre 2022 y agosto del 2026, solo el 1,9% de quienes solicitan refugio en Chile han sido aceptados en el país, según información del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).
El Servicio, en conjunto con la Subsecretaría del Interior, está trabajando en el mejoramiento de las modificaciones que en 2024 se hicieron a la Ley 20.430, en cuanto a la evaluación de las miles de solicitudes que migrantes presentan como refugiados y que suman 28.726 peticiones.
A la fecha a 548 personas, principalmente ciudadanos de países que enfrentan conflictos bélicos, se les ha reconocido la condición de refugiados, lo que representa el 1,9% del total de peticiones solicitadas.
El año 2024, se produjo el registro más alto con 12.844 solicitudes. Bajando en 2025, a 5.565 y a solo 1.569 durante los ocho primeros meses de 2026.
Esto, producto de los cambios que tuvo en su momento la Ley 20.430 y que entregaron herramientas para una evaluación más adecuada de las solicitudes.
Aún así, el Sermig y la Subsecretaría del Interior, trabajan en ajustar los cambios que se introdujeron en 2024 con la finalidad de poder contar con criterios claros, actualizados y uniformes que permitan determinar de forma rigurosa cuándo corresponde otorgar la protección internacional.
El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló que se busca "terminar con situaciones como la de migrantes que al ver rechazadas sus solicitudes de permisos temporales, recurren a pedir la condición de refugiado, sin que exista -por ejemplo- una condición necesaria como que su vida corra peligro en su país de origen. O bien que haya estado previamente en otros países".
En ese sentido, agregó que el compromiso es "continuar ordenando el sistema y utilizar plenamente las herramientas que contempla nuestra legislación, evitando así el mal uso de esta figura que permite a las personas que la piden contar con una visa temporal de ocho meses -que incluso les permite acceder a trabajos remunerados- y que se renueva hasta que exista una resolución definitiva".
"Por eso cada solicitud debe ser analizada de manera individual, objetiva y conforme también a los estándares de protección internacional", finalizó.
