Escudo de las Américas, Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental y Compromiso de Santiago. Esas son las tres alianzas, integradas por varios países, se han implementado en América Latina este año para hacer frente a la crisis de crimen organizado en la región.
La que más ha resonado esta semana es el Escudo de las Américas, al cual Chile se adhirió el pasado martes, y que fue creada e impulsada en marzo por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Actualmente, los países miembros son: Estados Unidos, Chile, Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. En tanto, Bahamas participa como observador.
Se trata de principalmente de gobiernos de la ola conservadora o de derecha en el hemisferio occidental, simpatizantes de la administración de Trump.
La instancia tiene como objetivo principal combatir los grupos calificados como "narcoterroristas" que operan en la región, donde ya se han identificado un total de 24 bandas.
En su primer anuncio conjunto, dado a conocer ayer, se aplicarán sanciones como congelar sus activos, restringir trámites de migración y visado para integrantes o vinculados a las organizaciones, además de responsabilidad penal para quienes proporcionen apoyo de cualquier forma a los grupos.
Las organizaciones corresponden a Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Carteles Unidos, Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Noreste, Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Sinaloa, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos, Los Choneros, Barrio 18, Cartel de Los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Chone Killers, Los Viagras, Cártel de Juárez, Grupos disidentes de las FARC (incluyendo FARC-Estado Mayor Central, FARC-Segunda Marquetalia, o sus alias, afiliados y grupos sucesores), ELN, Sendero Luminoso y Los Tiguerones.
Entre sus primeras definiciones, el texto establece que los países buscarán fortalecer la resiliencia del hemisferio a través de tres pilares: seguridad, coordinación multilateral y económico.
Para impulsar esos tres pilares, los gobiernos proponen "fortalecer la cooperación mediante un mayor intercambio de inteligencia; facilitar el acceso, cuando proceda, a tecnologías y capacidades de seguridad; promover la formación y el desarrollo profesional de los recursos humanos; y ampliar el intercambio de mejores prácticas".
Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental
A inicios de agosto, el Ejército de EE.UU. lanzó la "Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental", que integra a un total de 18 estados, incluido Chile, que formarían parte de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C).
Mientras el Escudo de las Américas funciona como un foro político para jefes de Estado, mientras que la A3C opera como su brazo militar y de seguridad para desmantelar infraestructura criminal.
A la alianza se suscribieron Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Guatemala, Jamaica, Perú y Colombia. Chile se sumó cuando el Presidente José Antonio Kast llegó a La Moneda en marzo.
El 4 de agosto el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), con sede en Miami, anunció la activación "una fuerza de tarea conjunta creada específicamente para coordinar las operaciones militares estadounidenses con sus aliados y socios, con el objetivo de contrarrestar amenazas, fortalecer la seguridad regional y responder rápidamente a las crisis en todo el hemisferio occidental".
"El comandante de Southcom, general Francis L. Donovan, ordenó la activación de la JTF-WHEM (por las siglas en inglés de Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental) que proporciona mando y control unificados en los niveles táctico y operacional, integrando capacidades militares con las de los 18 países socios de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C) para aumentar la efectividad operacional frente a amenazas que socavan la seguridad regional y afectan a Estados Unidos y a los países socios", agregó.
La agrupación se celebró en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles convocada por EE.UU. y realizada en Panamá.
En la instancia, el el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dio un discurso de cierre que causó controversia al llamar a los 18 países participantes a salir de la Corte Penal Internacional de Justicia y aumentar los recursos de las naciones en materia de Defensa.
La situación abrió un debate en torno a la intención de EE.UU. de alinear a los países latinoamericanos para la lucha contra el narcotráfico, pero por otro lado, a un eventual intento de control en el hemisferio.
A la reunión realizada en Panamá asistió el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien días después señaló en 24 Horas respecto de la nueva Doctrina Monroe que "desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país. Somos un país muy orgulloso de nuestra realidad".
Compromiso de Santiago
Otra de las iniciativas es el Compromiso de Santiago, un acuerdo político y de cooperación internacional impulsado por Chile en mayo de 2026 para coordinar una respuesta unida en Sudamérica contra la delincuencia organizada transnacional.
El acuerdo oficialmente llamado Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es una iniciativa del gobierno que apunta a conformar un grupo de trabajo integrado por cada país con el mandato de elaborar un Plan de Acción Conjunto para enfrentar este flagelo.
Fue suscrito en mayo de 2026 por los cancilleres y ministros de Seguridad de Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador. En junio de unió Paraguay y el último país en integrarse el 17 de julio fue Uruguay.
Precisamente, fue la inclusión de Uruguay, firmada por el izquierdista y militante del Frente Amplio, Yamandú Orsi, la que marcó la diferencia del Compromiso de Santiago.
Hasta la llegada de Orsi, solo estaba suscrito por mandatarios de la región de tendencia de derecha o centro derecha, transformándose así en una instancia regional "más transversal".
En concreto, los países firmantes se comprometieron a "conformar un Grupo de Trabajo integrado por las entidades competentes de cada país, con el mandato de elaborar un Plan de Acción Conjunto para enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones concretas con resultados medibles y verificables, con arreglo a la legislación nacional e internacional aplicable, y de conformidad con las competencias, recursos y marcos institucionales de cada Estado participante".
El plan contempla propuestas en materia de seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio y control fronterizo, pero no se descarta incluir otras siempre y cuando las partes técnicas identifiquen y consensuen como de interés común.
"Dicho Plan de Acción Conjunto será sometido a la aprobación de los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros encargados de la Seguridad de los Estados participantes", consignó el acuerdo.
El Grupo de Trabajo funcionará como una instancia de coordinación técnico-operativa, con liderazgo rotatorio entre los Estados participantes, de manera anual y por orden alfabético.
Ayer se reunieron los jefes de Estado de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, junto a los cancilleres de Argentina y Ecuador, en la sede de Naciones Unidas, en el marco de la 81° Asamblea General.
Ahí se informó que Argentina propuso que Buenos Aires sea sede de la próxima reunión de alto nivel del Compromiso, en el mes de noviembre, a fin de asumir la Presidencia Pro Tempore de la Secretaría Técnica. Los países ratificaron este traspaso al no existir objeciones.
