Mientras el Gobierno exhibe cifras favorables en distintos indicadores vinculados a seguridad, en el plano político y legislativo la administración de José Antonio Kast ha debido enfrentar una serie de tropiezos que han vuelto a poner el foco sobre la coordinación del Ejecutivo y su capacidad para sacar adelante sus principales iniciativas.
Uno de los principales datos conocidos durante septiembre corresponde a los homicidios. De acuerdo con el informe consolidado del Ministerio de Seguridad, durante el primer semestre de 2026 se registraron 472 asesinatos consumados, 41 menos que en igual período de 2025, equivalente a una caída de 11,5%. La tasa llegó a 2,3 víctimas por cada 100 mil habitantes y se registró, según la cartera, una reducción por cuarto año consecutivo durante los primeros seis meses del año.
A ello se suma la evolución de los ingresos irregulares por la frontera norte. Según antecedentes de la PDI entregados a través del Servicio Nacional de Migraciones, entre enero y agosto se detectaron 286 extranjeros cruzando ilegalmente, frente a los 4.393 casos del mismo período de 2025, lo que representa una disminución de 93%. En Colchane, uno de los principales puntos de ingreso, la baja llegó al 97,9%, pasando de 4.087 casos a 85.
También se conocieron esta semana cifras relativas a la victimización del comercio. La encuesta de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) mostró que durante el primer semestre de 2026 el 56,6% de los establecimientos consultados declaró haber sido víctima de algún delito, cinco puntos menos que en la medición anterior. El descenso fue particularmente significativo en Iquique, Temuco y Santiago, aunque Valparaíso-Viña del Mar registró un aumento y alcanzó un 66,6%.
Desorden oficialista
Los datos, sin embargo, conviven con un escenario legislativo más complejo para La Moneda. Esta semana, la Cámara rechazó por un voto la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención de migrantes en situación irregular que fueran sorprendidos vulnerando la frontera. La iniciativa requería 89 votos y obtuvo 88 respaldos, además de 28 votos en contra y 19 abstenciones.
Al traspié de la reforma migratoria se sumó una nueva dificultad en la tramitación de la Ley Antibarricadas 2.0. Aunque el proyecto fue aprobado en general por 89 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones, la Sala respaldó posteriormente, por 72 votos contra 61 y una abstención, una indicación del diputado Raúl Leiva (PS) que establece una excepción para quienes estén ejerciendo legítimamente su derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica.
Los resultados volvieron a instalar el debate sobre el funcionamiento de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), particularmente respecto de la coordinación política y legislativa.
La presidenta de RN, Andrea Balladares, ha defendido al ministro José García Ruminot y ha señalado que "ha hecho un gran trabajo", aunque al mismo tiempo reconoció que durante los primeros meses del Gobierno ha habido "problemas políticos y descoordinaciones políticas" que han afectado algunos proyectos.
A ese cuadro se agregaron cuestionamientos públicos desde el propio oficialismo. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sostuvo que la conducción del Gobierno requiere "una cirugía mayor" y afirmó que existe un "déficit político" en el gabinete. Sus declaraciones generaron críticas desde Republicanos, donde se cuestionó que sus reparos fueran planteados públicamente y no mediante las instancias internas de coordinación.
En paralelo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, debió aclarar esta semana sus dichos sobre el Congreso, luego de señalar en un seminario que, por él, no iría al Parlamento y que consideraba más importante la gestión.
Posteriormente sostuvo que sus palabras habían sido sacadas de contexto y reafirmó su "valoración y respeto" por la labor del Congreso, asegurando que el Ejecutivo seguirá concurriendo "todas las veces que sea necesario".
