Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta correspondiente al último artículo pendiente de la reforma al sistema político, con lo que la iniciativa quedó despachada a ley.
La disposición establece que los partidos políticos deberán condenar los sistemas totalitarios, rechazar el uso, promoción o incitación a la violencia como método de acción política y manifestar un compromiso con la probidad y la transparencia.
La votación contó con 125 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones. Estas últimas correspondieron a los diputados René Alinco (IND) y Emilia Nuyado (PS).
En tanto, los votos en contra fueron de Marcos Barraza (PC), Nathalie Castillo (PC), Cristián Contreras (PDG), Luis Cuello (PC), Gustavo Gatica (IND-PC), Ana María Gazmuri (AH), Sofía González (PC), Irací Hassler (PC), Lorena Pizarro (PC), Bernardo Salinas (IND-PC), Marisela Santibáñez (IND-PC) y Daniela Serrano (PC).
Tras la votación, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, valoró el avance de la iniciativa y señaló que "queremos agradecer a la Cámara de Diputados la aprobación. Sespués de una larga tramitación, tanto en la Cámara del Senado como ahora en la Cámara de Diputados, finalmente completa su tramitación legislativa, habiéndose votado este informe de la Comisión Mixta y por lo tanto queda en condiciones de poder transformarse en ley de la República".
Los principales cambios que contempla la reforma
Entre las modificaciones que plantea el proyecto se encuentran nuevas condiciones para constituir y mantener partidos políticos. Se elimina la posibilidad de conformarlos a partir de tres regiones contiguas y se establece como requisito contar con presencia en al menos ocho regiones, además de reunir afiliados equivalentes al 0,3% del padrón electoral definitivo en cada una de ellas.
Las colectividades actualmente constituidas tendrán un plazo de 18 meses para actualizar sus afiliaciones. La iniciativa también establece que solo los partidos con representación parlamentaria podrán acceder a financiamiento público.
En materia de candidaturas independientes, dispone que estas no podrán superar el 50% de las candidaturas que presente un partido para la Cámara de Diputados o el Senado. Además, las firmas requeridas para postular deberán calcularse sobre la totalidad del padrón electoral y no sobre la votación de elecciones anteriores.
Otro de los cambios apunta al funcionamiento del Congreso, mediante el reconocimiento legal de los comités parlamentarios. Sus jefaturas podrán organizar los pareos, reemplazos y sanciones internas, aunque estas atribuciones no podrán impedir que un legislador vote, presente proyectos o ejerza sus demás facultades constitucionales.
En paralelo, existen diferencias entre las colectividades respecto de las nuevas exigencias para permanecer vigentes. La norma establece un mecanismo que considera un piso de afiliación equivalente al 0,15% de los electores que participaron en la última elección de diputados en cada región, con un plazo de 18 meses para cumplirlo.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la discusión, algunas colectividades quedarían bajo el umbral de riesgo, mientras que otras deberían incorporar un mayor número de militantes para alcanzar los requisitos establecidos por la reforma.
