Tras cerca de tres años de tramitación en el Congreso, la Comisión Mixta aprobó y despachó este miércoles la forma y modo de resolver las divergencias surgidas durante la discusión del proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, en las circunstancias que establece la iniciativa.
Con este avance, el informe de la Comisión Mixta deberá ser sometido ahora a consideración de las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, que deberán pronunciarse sobre el texto acordado por la instancia.
Tras el despacho, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró el trabajo realizado por los parlamentarios y destacó el tiempo que ha tomado la tramitación de la iniciativa. "Quiero partir agradeciendo el trabajo legislativo de la comisión mixta, agradecer al presidente de la comisión, al senador Karim Bianchi (IND), por este rápido despacho. Tres años de espera, ya lo decían, un año y medio esperando que esta mixta diera resultado, y hoy día empieza a primar el sentido común", señaló.
El secretario de Estado sostuvo que el proyecto permitirá establecer un marco para el actuar de las fuerzas policiales y militares. "Le damos un ordenamiento y una certeza al uso de la fuerza, a nuestras fuerzas de orden y seguridad, van a la calle a enfrentar a los delincuentes, justo además de una semana crítica de enfrentamiento en nuestras calles", afirmó.
Arrau agregó que la aprobación adquiere especial relevancia ante la necesidad de reforzar la seguridad y entregar respaldo jurídico al personal que cumple funciones en terreno. "Cuando el país requiere más seguridad, requiere más fuerza y decisión en las calles, era necesario tener un marco jurídico potente para que todos esos hombres y mujeres que arriesgan su vida, que nos defienden, hoy día tengan mayor respaldo jurídico", sostuvo. Asimismo, planteó que el respaldo a las policías requiere de un trabajo transversal y destacó el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta.
Uno de los puntos abordados durante la sesión fue una enmienda ingresada por el Ejecutivo relativa al uso de armas "potencialmente letales" por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad. La indicación establece que "el uso de la fuerza potencialmente letal constituye una medida que procede solo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas previas y justificada en caso de cumplimiento del deber, legítima defensa, cumplimiento de una orden judicial".
La norma agrega que este tipo de fuerza podrá utilizarse con el objeto de "detener a una persona que oponga resistencia a la autoridad, para impedir su fuga o para la protección de infraestructura crítica cuando exista peligro grave de verse afectada".
Respecto de las normas que fueron objeto de cuestionamientos durante la discusión, Arrau sostuvo que el texto delimita las circunstancias en que puede aplicarse la fuerza. "El artículo es sumamente claro. La aplicación de esas sentencias es cuando corresponda, en el uso legítimo de la fuerza", señaló, agregando que las disposiciones se aplicarán dentro del marco legal y respecto de los escenarios y grados de intervención establecidos en la propia iniciativa.
