El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella/El ministro de Seguridad, Martín Arrau.
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"El martes a más tardar". Esa fecha adelantó el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, para la presentación de la reforma constitucional de seguridad que propondrá junto a los también senadores Andrés Longton (RN) y Pedro Araya (PPD), luego de la fallida propuesta del Gobierno.
Es que, luego de que la reforma no avanzara legislativamente, los parlamentarios comenzaron la redacción de una nueva fórmula, la cual concentraría la discusión en incorporar el crimen organizado a nivel constitucional, establecer un régimen de segregación penitenciaria según la peligrosidad de las personas privadas de libertad y precisar el alcance del actual Estado de Emergencia para enfrentar situaciones vinculadas con la seguridad pública.
Respecto al proyecto original, el timonel republicano adelantó este domingo que ya se tiene claro "cuáles son las cosas que vamos a recoger y cuáles no", y detalló que en la propuesta parlamentaria ya no estará presente el estado de excepción de 120 días, medida que fue ampliamente rechazada en la propuesta del Ejecutivo.
"Evidentemente, las aprehensiones que tenían muchos, bien concentradas la mayoría en el estado de excepción que se planteaba, van a quedar totalmente en el pasado. Si es que hay alguien que no quiere avanzar en materia de la reforma constitucional, va a tener que buscar otro argumento, porque esa ya no va a estar", argumentó en Estado Nacional.
En esa línea, Squella detalló a El Mercurio que no es necesario crear un nuevo estado de excepción, "si es que en el fondo se cumple con las restricciones o suspensiones de derechos transitorios, de la misma manera que se tenía pensado", y dijo que hay un consenso "en que basta con incluir nuevas hipótesis en el contexto de los estados de excepción que ya existen".
"Pensamos no innovar mayormente en los tiempos de vigencia para las nuevas hipótesis de estado de excepción. Creemos que los contrapesos quedarán bien cautelados siguiendo los tiempos actualmente vigentes, por lo que todos quienes fijaron sus aprensiones en la extensión del tiempo no tendrán dificultades para apoyar la reforma. Lo mismo para las eventuales restricciones en las comunicaciones, no lo consideramos necesario incluir", explicó.
¿Se retira la reforma constitucional de seguridad?
El gran signo de interrogación es qué hará el Gobierno con su propio proyecto. Aunque a fines de septiembre tomó fuerza la opción de retirarlo, La Moneda aún no lo confirma, y el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (PPD), ha planteado que el Ejecutivo bajaría su reforma solo una vez que ingrese el texto alternativo de los senadores.
Esa puerta fue una que el propio Presidente José Antonio Kast ya abrió. El jueves, al cerrar su gira por la Región de Antofagasta, el Mandatario aseguró que "si hay que retirarla, no tengo ningún problema en retirarla. Pero busquemos un consenso". Además, restó importancia a quién termine firmando la nueva iniciativa: "Lo que nos importa es avanzar, no quedarnos en las discusiones políticas", sostuvo, junto con llamar a más parlamentarios a sumarse, entre ellos la senadora Paulina Vodanovic (PS).
Consultado directamente si se retiraría o no, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo a La Tercera que se está "dando todo el espacio posible para que los senadores que están en esa comisión (de Constitución) y otros que se han ido uniendo a esa discusión puedan llegar a algún consenso. No estamos enamorados de una redacción u otra. Lo que nos interesa es avanzar".
Por otra parte, sí fue más conciso respecto a las prioridades del Gobierno en cuanto a lo que es necesario mantener en una nueva fórmula. "Lo primero es tener un listado de organizaciones de crimen organizado. Hoy día Chile no cuenta con esa herramienta. Cada vez que se persigue, y si es que se llega a condenar a personas por el delito de pertenecer a organizaciones criminales, hay que demostrar no sólo la pertenencia de la persona a esa organización, sino que también su existencia. Eso no solamente es más trabajo, es incertidumbre, y por eso, muchos países desarrollados tienen listados".
En segundo lugar, señaló que "Gendarmería de Chile tenga un rol importante en cuanto a la segregación penitenciaria", y por último, apuntó a que "hay que darles una mirada a los estados de excepción constitucional", justamente el punto que más resistencia ha generado en la tramitación.
