La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó por asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico a 19 integrantes de la primera célula con presencia en Chile de la organización criminal brasileña PCC (Primeiro Comando da Capital).
De los formalizados tras la audiencia, que inició el pasado jueves y culminó este domingo, nueve quedaron en prisión preventiva, a los que se suman otros 10 que continúan igualmente privados de libertad, ya que estaban con dicha medida cautelar o condenas decretadas con anterioridad por diversos ilícitos en diferentes cárceles del país. Es decir, los 19 están hoy recluidos.
Cabe destacar que el PCC constituye una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas de la región, con fuerte operación desde recintos carcelarios, enfocada en múltiples mercados ilícitos denominados "sintonías", incluyendo contrabando y tráfico de drogas, además de la comisión de homicidios, robos violentos, secuestros y otros delitos de alta connotación.
De ese modo, operan con un modelo de estatuto, considerando bautismos, fichas de miembros, adoctrinamiento y catastro, lo que registran en el denominado "libro blanco", existiendo además un "libro negro" donde se incluyen ex miembros, a quienes incluso decretan su muerte.
Entre otros antecedentes, hubo información originada en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, que daba cuenta de la existencia de integrantes del PCC en nuestro país, lo que durante la audiencia de esta semana fue acreditado desde la Fiscalía Metropolitana Sur, con diversas evidencias reunidas en la causa.
En la audiencia comparecieron el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, junto al Fiscal Jefe de Alta Complejidad, Alex Cortez, y el Fiscal de la especialidad, Yans Escobar.
Barros detalló cómo operaba la organización criminal brasileña en Chile: "Estaban en una etapa de reclutamiento de personas que pertenecen al sistema carcelario de nuestro país principalmente (...) Los integrantes estaban funcionando en delitos vinculados principalmente a delitos contra la propiedad y también al delito de narcotráfico".
El Tribunal fijó finalmente un plazo de 120 días de investigación al culminar la audiencia, donde además hubo imputados formalizados por infracción a la ley de armas y tráfico de drogas.
